A poco más de un año del plazo establecido por la Ley 17 de 2019, la transición hacia un sistema energético limpio en Puerto Rico se encuentra gravemente atrasada y es improbable que se cumpla con los objetivos
SAN JUAN, Puerto Rico – El Centro para una Nueva Economía (CNE) advirtió hoy en su informe Armando el rompecabezas energético de Puerto Rico que la isla está muy lejos de alcanzar el objetivo de 40% de generación con fuentes renovables para 2025, establecido en la Ley de Política Pública Energética de 2019.
El informe reveló que, a mediados de 2023, solo el 4% de la electricidad en Puerto Rico provenía de fuentes limpias, un porcentaje considerablemente bajo que resalta la falta de progreso en la transición hacia un sistema más sostenible.
Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE, destacó que el panorama actual es preocupante y carece de un plan claro de ejecución.
“Durante los últimos siete años, el gobierno de Puerto Rico ha emprendido un esfuerzo masivo para reconstruir y modernizar el sistema eléctrico; privatizar la operación y administración tanto de la red de transmisión y distribución como de los activos de generación legados de la AEE; comenzar la transición de veinticinco años para generar el 100% de la electricidad con fuentes renovables; y reestructurar las obligaciones financieras de la AEE”, explicó Marxuach.
A pesar de estas iniciativas, la realidad es que los avances han sido escasos, y la situación se agrava con la falta de coordinación entre las múltiples entidades encargadas de implementar los proyectos.
Marxuach advirtió que “durante el verano de 2024, la mayoría de estos esfuerzos para transformar el sistema eléctrico parecen haberse descarrilado, ya que la isla se vio afectada por apagones frecuentes en medio de uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos”.
Agregó que “los avances ocurren a un ritmo tan lento que están casi estancados en algunas áreas, y lo que es quizá más preocupante, el gobierno parece incapaz de discernir una forma de salir del atolladero actual”.
Para cumplir con el objetivo de 40% en generación renovable, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) indicó en el Informe Final PR100 que se necesitaría un incremento de aproximadamente 3 gigavatios (GW) de capacidad adicional de energía, lo cual requeriría la instalación de más de 100 megavatios (MW) por mes hasta 2025, partiendo del nivel mínimo de desarrollo de los últimos años. El informe subrayó que este ritmo es mucho más acelerado de lo que se ha logrado en el pasado, lo que hace que las metas de 2025 parezcan inalcanzables.
La Ley 17 de 2019 estableció metas intermedias ambiciosas que incluían:
- 40% de generación renovable para 2025.
- 60% de generación renovable para 2040.
- Eliminación gradual de la generación a base de carbón para 2028.
- Un aumento del 30% en la eficiencia energética para 2040.
El informe del CNE resalta que, en términos de expansión del sistema de transmisión para integrar la generación renovable, aún hay muchas deficiencias en la red, particularmente en la capacidad de transmisión y en el control del voltaje en ciertas zonas geográficas. Esto impide que los nuevos proyectos de energía limpia se conecten eficientemente a la red y complica aún más la posibilidad de cumplir con los objetivos establecidos.
“El despliegue de energía renovable a un ritmo que permita alcanzar el objetivo de 40% del RPS requeriría un ritmo rápido de adquisición de más de 100 MW por mes hasta 2025, a partir del nivel mínimo de desarrollo a gran escala en los últimos años”, se lee en el informe, refiriéndose a la urgencia de acelerar la ejecución de proyectos solares y de almacenamiento de energía.
Otro dato relevante del informe es la falta de financiamiento adecuado para cubrir las inversiones necesarias. Se estima que el costo total para completar la transición renovable asciende a $21,000 millones, de los cuales solo se han identificado $15,400 millones hasta marzo de 2024. La diferencia de aproximadamente $6,000 millones aún no tiene una fuente de financiamiento clara, lo que agrega más incertidumbre a la posibilidad de alcanzar las metas a tiempo.
El DOE también señaló que, a pesar del aumento en la generación solar fotovoltaica distribuida, las inversiones en sistemas solares a gran escala han sido insuficientes y enfrentan importantes retrasos. “El despliegue de proyectos solares a gran escala lleva actualmente un retraso de unos dos (casi tres) años”, indicó el informe, enfatizando que este atraso afecta el desmantelamiento de la generación basada en combustibles fósiles, ya que las grandes unidades no pueden ser desconectadas hasta que su reemplazo con energía renovable esté listo.
En cuanto a las mejoras del sistema de distribución, el informe advierte que el DOE estima que habrá un exceso de capacidad y energía que no podrá integrarse en el sistema de distribución a partir de 2037 si no se realizan las actualizaciones necesarias para gestionar los nuevos recursos energéticos distribuidos (DER) y la incorporación de vehículos eléctricos (VE).
A pesar de estos desafíos, el CNE reafirma su apoyo a la Ley 17 de 2019 y sus metas, destacando la importancia de mantener el enfoque en una transición hacia energías renovables que sea sostenible y justa para todos los residentes de Puerto Rico.
El CNE también presentó una nueva sección de preguntas frecuentes en su página web, donde aborda temas claves que inquietan a los consumidores y a la población en general. Entre las preguntas contestadas se encuentran:
- ¿Cuánto aumentarán los costos de electricidad si no se reestructura la deuda de la AEE?Según el análisis del CNE, los costos podrían aumentar en 3 a 4 centavos por kilovatio-hora (kWh), lo cual, sumado a las tarifas actuales, significaría un incremento significativo para los consumidores, impactando tanto a residencias como a empresas.
- ¿Hasta qué punto están garantizadas las reclamaciones de los bonistas?El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston dictaminó que los bonistas de la AEE solo tienen derecho a los ingresos netos generados por la AEE y a ciertos fondos específicamente designados en el acuerdo de bonos, lo que limita el alcance de sus reclamaciones.
- ¿Cuáles fueron los ahorros y mejoras previstos por LUMA y se han materializado?Aunque LUMA prometió ahorros de $293 millones para el año fiscal 2027, Marxuach señaló que, a tres años de la implementación del contrato, no se ha visto evidencia de que estos beneficios se estén materializando y que, por el contrario, los apagones son más frecuentes y prolongados.
- ¿Cómo puede el gobierno cancelar el acuerdo con LUMA?El contrato con LUMA puede cancelarse bajo ciertas circunstancias, como incumplimiento de obligaciones materiales o quiebra. Sin embargo, cualquier intento de rescisión podría llevar a prolongadas disputas legales y a posibles compensaciones que la AEE estaría obligada a pagar.
- ¿Qué ahorros espera conseguir el Gobierno de Puerto Rico con el contrato de Genera?Se proyectan ahorros anuales de entre $100 y $200 millones, pero dependen de factores que aún no se han concretado, lo que genera dudas sobre si se alcanzarán las metas esperadas.
- ¿Cuáles son los conflictos de interés que existen en el contrato de Genera?Genera PR, una filial de New Fortress Energy, tiene incentivos para priorizar el uso de gas natural, lo cual podría entrar en conflicto con los objetivos de energía renovable establecidos por la Ley 17 de 2019.
- ¿Cuánto dinero falta para terminar la reconstrucción de la red y la transición a la generación 100% renovable?El informe estima que el costo total de la reconstrucción asciende a $21,000 millones, de los cuales solo se han asegurado $15,400 millones hasta la fecha. Esto deja una brecha de financiamiento de $6,000 millones, lo que podría retrasar aún más los proyectos.
Marxuach concluyó que “las probabilidades de alcanzar la meta del 40% de generación renovable para 2025 son cada vez más bajas”, subrayando la necesidad urgente de replantear el enfoque para evitar otro ciclo de atrasos y sobrecostos que continúen afectando a los consumidores y empresas de Puerto Rico.
