San Juan (EFE) – La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, arrestada este jueves y acusada de un esquema de soborno relacionado con la financiación de su campaña electoral de 2020, ha tenido una larga carrera política salpicada de controversias.
Vázquez, que fue secretaria de Justicia entre 2017 y 2019 y gobernadora entre 2019 y 2021, fue detenida en su residencia en San Juan por agentes del FBI y, en la vista inicial del proceso judicial, se le impuso una fianza de $50,000.
Según la acusación, presuntamente participó en un plan de soborno para financiar su campaña para gobernador de 2020 con varias personas, entre ellas el propietario de un banco internacional que operaba en Puerto Rico, Julio Martín Herrera Velutini.
Herrera Velutini supuestamente pagó más de $300,000 a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez a cambio de que la entonces gobernadora despidiera al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba su banco.
Nacida en 1960 en San Juan, Vázquez ingresó en la Universidad de Puerto Rico y estudió Derecho, carrera que completó en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de la capital puertorriqueña.
Comenzó su trayectoria en el servicio público en la década de los 80 en el Departamento de Vivienda, donde estaba asignada a la división legal, y después trabajó como fiscal de distrito en Bayamón, en el norte de la isla.
Durante su trayectoria de más de 20 años como fiscal, se especializó en casos de violencia machista y litigó algunos de relevancia mediática como el de la Masacre de Pájaros y el de una mujer embarazada asesinada por su pareja, un policía.
Por ello, en 2010, fue designada como procuradora de las Mujeres, cargo que ocupó hasta el 2016, cuando fue nominada secretaria de Justicia por el entonces gobernador, Ricardo Rosselló.
A comienzos de noviembre de 2018 fue investigada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por presuntas violaciones éticas al intervenir en el caso del robo en el domicilio de una de sus hijas el año anterior.
A finales de ese mes cedió temporalmente sus responsabilidades a la jefa de fiscales, Olga Castellón, pero en diciembre fue restituida en el cargo tras prestar declaración y no ser acusada por la justicia.
Tras la crisis política que vivió la isla en el verano de 2019, que forzó la renuncia de Roselló por su participación en un polémico chat en el que se burlaba de rostros conocidos de Puerto Rico, Vázquez asumió como gobernadora.
Su llegada al cargo se dio por una curiosa carambola política. Debía haberlo ocupado el secretario de Estado de la isla, pero en ese momento el puesto estaba vacante al haber jurado como gobernador días antes Pedro Pierluisi.
El Tribunal Supremo declaró ilegal esta juramentación, ya que solo había sido aprobada por la Cámara de Representantes y no por la Cámara Alta, lo que llevó a Vázquez al poder.
Sin embargo, perdió ante Pierluisi, actual gobernador, las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) de 2020, por lo que no pudo presentarse a la generales de noviembre de ese año.
Posteriormente, en abril de 2021, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) refirió a Vázquez para ser investigada ante la posible violación a la Ley de Ética en la entrega de suministros en el sur de la isla tras los terremotos de enero de 2020.
También el Departamento de Justicia recomendó investigar a la exgobernadora para conocer si violó el Código Anticorrupción al destituir a la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar durante esa emergencia por los terremotos.
