Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (5 de noviembre de 2021) – El juez Anthony Cuevas, quien preside la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se apresta a citar a la empresa Indulac y a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) para una vista pública, luego de que el Primer Circuito de Boston devolvió un caso relacionado con un alza de tres centavos en el precio de la leche UHT decretado en el 2017.
El juez Cuevas le indicó a EyBoricua.com que ordenó celebrar una vista pública a través de internet, el próximo miércoles 10 de noviembre a las 9:30 a.m., con el objetivo de recapitular sobre los elementos fundamentales de la controversia y que las partes coloquen al tribunal en posición de poder finalmente tomar una determinación en el caso.
El verano pasado el Primer Circuito de Boston devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, luego de concluir que la impugnación efectuada por Indulac contra el alza de tres centavos en el precio de la leche UHT decretada por la ORIL, es una controversia en la que los tribunales federales no tienen jurisdicción y que solo compete a los tribunales locales.
En 2017 Indulac impugnó el aumento en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, a través de una solicitud de interdicto permanente contra la ORIL porque, alegadamente, el organismo no cumplió con el debido proceso de ley y con su propia reglamentación para revisar el precio de la leche UHT.
Según una fuente, los recaudos del alza de tres centavos por litro de leche UHT en Indulac ascienden a cerca de $3 millones, los cuales se encuentran depositados en una institución bancaria y en espera de la determinación del Tribunal.
Tras la impugnación, la ORIL solicitó que el caso fuera trasladado al Tribunal Federal de San Juan, donde el juez Daniel Domínguez tomó el control del pleito y falló a favor del organismo regulador de la industria lechera.
De hecho, la determinación del Primer Circuito de Boston representa un varapalo contra el juez Domínguez, porque determinó que el tribunal federal no tenía jurisdicción en la controversia entre Indulac y la ORIL.
El juez Domínguez había presidido el caso relacionado con una demanda radicada por las plantas procesadoras Suiza Dairy y Tres Monjitas, quienes reclamaron que sufrieron pérdidas multimillonarias por los altos costos de producción y por la renuencia de la ORIL a aumentar la porción del precio de la leche que pertenece a estas empresas, con el fin de compensar las pérdidas.
Como resultado del caso, en 2013 la ORIL y las plantas procesadoras alcanzaron un acuerdo ante el juez Domínguez, que dispuso que el gobierno compensará a estas empresas con $95 millones.
El 31 de mayo de 2017 la ORIL emitió una orden administrativa que fundamentalmente restableció un cargo de tres centavos, conocido como el “devengado regulatorio”, que pretende recaudar la compensación económica acordada en el Tribunal Federal para las plantas procesadoras.
Según la orden, en el acuerdo suscrito en 2013, el “devengado regulatorio” tendría una vigencia de cuatro años, y finalizará el 1 de enero de 2017.
La orden de la ORIL extendió la vigencia del “devengado regulatorio” y dispuso que el cargo también se le impusiera a la leche UHT. Hasta entonces el “devengado regulatorio” cobijaba exclusivamente a la leche fresca.
“EI cargo de tres centavos por concepto de devengado regulatorio será reestablecido conforme al mencionado acuerdo sobre toda leche fluida indistintamente de su origen vendida en Puerto Rico”, indica la orden, que fue firmada por María del Carmen Martínez, quien era la administradora Interina de la ORIL, y por Carlos Flores Ortega, quien para entonces era el secretario de Agricultura.
Además, la orden de la ORIL exigió a las plantas procesadoras, incluyendo a Indulac, que pagaran el cargo de manera retroactiva a partir del 1 de enero del 2017.
De acuerdo con una fuente, la vigencia de cuatro años del “devengado regulatorio” obedeció a que la administración de Alejandro García Padilla sostuvo en el Tribunal Federal que el gobierno podría completar la compensación a las plantas con fondos públicos, lo cual nunca ocurrió debido a la precariedad fiscal y a la quiebra del gobierno en 2016.
Indulac impugnó la orden porque, alegadamente, la ORIL no cumplió con el debido proceso de ley, específicamente con la Ley 38 de 2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno (LPAU), y con la propia reglamentación de la agencia para revisar el precio de la leche, que, entre otros requisitos, exigen celebrar vistas públicas, publicar edictos en la prensa y escuchar a las partes afectadas.
Otro planteamiento es que no procede exigir el pago retroactivo del “devengado regulatorio” y que el acuerdo establecido en el Tribunal Federal excluye la leche UHT del proceso de amortización de la compensación a las plantas procesadoras.
No obstante, el ex secretario de Agricultura Flores Ortega sostuvo que el acuerdo establecido en el Tribunal Federal establece que el “devengado regulatorio” incluiría a la “leche fluida”, que es una clasificación que pretende identificar la producción de leche efectuada por los ganaderos y no distingue entre la leche que se destina para el mercado de leche fresca y la que nutre el mercado UHT.
“Esa distinción no existe. En la liquidación quincenal verás que al ganadero se le paga igual la leche para el mercado de leche fresca y la que se usa para UHT. En el acuerdo el “devengado regulatorio” cubre toda la “leche fluida” y no distingue entre leche fresca y leche UHT”, dijo Flores Ortega.
Pero Juan Carlos Rivera, quien en el 2017 era presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, indicó que el acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal dispone que la leche UHT no estaría cobijada por el “devengado regulatorio”.
“No estaba incluida la leche UHT. Por eso hasta los importadores de leche de UHT se quejaron también en la ORIL en el 2017. Aunque no fueron al tribunal como lo hizo Indulac, los importadores de UHT se quejaron porque no era justo que ellos fueran perjudicados por un pleito de las plantas procesadoras”, dijo Rivera.
El caso adquiere una mayor relevancia ante el hecho de que el pasado 28 de octubre el administrador de ORIL, Javier Lugo Rullán, emitió una orden administrativa que decreta un nuevo incremento en el precio de la leche UHT de tres centavos y de cuatro centavos en el precio mínimo de la leche fresca.
Los nuevos precios entrarán en vigor el próximo jueves 11 de noviembre.
El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, ha reconocido públicamente que el aumento pretende cumplir con el acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal entre el gobierno y las plantas procesadoras.
No obstante, si el juez Cuevas anulará el aumento decretado en el 2017 porque la ORIL incumplió la LPAU y su propia reglamentación, es probable que por las mismas razones se pueda impugnar el alza que entra en vigor el próximo jueves. Tanto oponentes como adeptos de González Beiró señalan que la ORIL revisó el precio de la leche la pasada semana sin celebrar vistas públicas, publicar edictos en la prensa y escuchar a las partes afectadas.
