Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (4 de febrero de 2022) – La planta Indulac, destinada a procesar los excedentes de leche, opera como una planta comercial luego que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), le asignó un flujo constante de leche todo el año, lo que contradice la reglamentación de la agencia y amenaza con destruir «la inversión privada en el procesamiento de leche», según sostuvo la empresa Suiza Dairy, en una impugnación radicada en el Tribunal de Apelaciones de San Juan.
En la impugnación Suiza Dairy sostiene que, a pesar de que la reglamentación de la ORIL considera a Indulac como una planta de balance, cuyo fin es procesar los excedentes de leche y convertirlos en leche UHT y otros productos lácteos, esta oficina emitió en 2020 la orden 34, que le asignó 27.3 millones de cuartillos de leche anuales producidos por ocho vaquerías.
Según la impugnación, un recurso de revisión contra la orden 34, la determinación de la ORIL representa un claro cambio en la política pública con respecto a Indulac, sin que dicha decisión emerja de una ley aprobada, sino que obedece a una determinación unilateral e ilegal, tomada por la agencia.
La empresa sostiene que para operar como planta de balance, Indulac debe estar lista para recibir los excedentes de leche que no pueden procesar las plantas Suiza Dairy y Tres Monjitas. Pero que al recibir un flujo constante de leche, Indulac no puede operar como planta balance y se convierte en un competidor de las plantas procesadoras.
En la impugnación contra la orden 34, Suiza Dairy sostiene que los ganaderos organizados parte de la Cooperativa de Productores de Leche, mejor conocida como (COPPLE), quienes en 2019 adquirieron la planta Indulac con el aval del gobierno, tienen como objetivo controlar el mercado de leche “desde las granjas hasta el supermercado”, lo cual contraviene el papel destinado para Indulac en el ordenamiento regulatorio para la industria lechera, avalado por la ley 34 de 1957.
“Nunca fue el propósito del legislador que Indulac compitiera y mucho menos amenazara con destruir la inversión privada en procesamiento de leche. Suiza es, por demás, la planta que más ha invertido en procesamiento de leche puertorriqueña. Su recientemente inaugurada y modernísima planta de Aguadilla a un costo que sobrepasa los $40 millones así lo atestigua. El intento de un puñado de ganaderos de convertirse en procesadores y controlar el producto de la granja al supermercado, no es beneficioso para la industria, para el consumidor, ni es el diseño legislativo ni reglamentario”, sostiene el documento presentado en el bufete Reichard & Escalera, que representa a Suiza Dairy en el Apelativo.
La empresa entiende que con la orden 34, la ORIL violó la ley 38 del 2017 o Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), porque no fueron celebradas vistas públicas para obtener la opinión de los sectores afectados. Según la empresa, la orden 34 es una regla legislativa por que impone obligaciones y penalidades, lo que implica que la ORIL debió convocar a la comunidad para que se expresen en vistas públicas, según lo exige la ley 38.
Alegan Tribunal Apelativo no tiene jurisdicción
Por su parte, el licenciado Edward Hill, representante legal de la ORIL, le solicitó que el recurso de revisión radicado por Suiza Dairy sea desestimado porque, alegadamente, “el Tribunal de Apelaciones no tiene jurisdicción en este caso”.
Según la ORIL, la orden 34 pretende proteger a las tres plantas procesadoras en momentos cuando se ha proyectado el encuentro de dos tendencias en el mercado de leche local: una merma en la producción de leche por el sector ganadero y una reducción en el consumo de parte de los consumidores.
El licenciado Hill alega que la reglamentación vigente capacita a la ORIL para tomar determinaciones para proteger la industria y el interés público. Además, sostiene que la industria lechera es un campo especializado del absoluto dominio de la ORIL, por lo que merece deferencia de parte de los tribunales.
“La ley 34 faculta al administrador (de la ORIL) a tomar todas las medidas necesarias para proteger el interés general y la política pública en circunstancias cambiantes de la industria. Esta facultad ha sido reconocida en los reglamentos de ORIL, y en el Acuerdo Transaccional (en el Tribunal Federal) . Por lo que el Administrador, ante una contracción de producción significativa como la que ha proyectado, tiene el deber de actuar para proteger a todos dentro de la industria, asegurando como mínimo que las plantas operen dentro de sus niveles normales, y a la misma vez proveyendo un mecanismo de variación previa solicitud y justificación. Deferencia merece la actuación del administrador dentro de éste su campo de especialidad”, sostiene el documento de la ORIL.
La controversia, que aún no ha sido resuelta por el Tribunal Apelativo, acontece en momentos cuando la ORIL no ha autorizado un alza en el precio de la leche para compensar el alza en los costos de producción que experimenta el sector ganadero. Además, los ganaderos se quejan de un aumento en los decomisos de leche ordenados por la ORIL y por las exportaciones del producto a la República Dominicana que realiza Indulac, lo que al final de cuentas reduce el pago que reciben por la leche producida.
Inflación mata al ganadero
El ganadero Iván Rivera sostuvo que diversos análisis sobre el efecto de la inflación en el mercado local de leche demuestran que la tarifa actual de aproximadamente 86 centavos que se le paga al ganadero por cada litro de leche cruda, y que tras las deducciones se reduce 82 centavos, no es suficiente para cubrir los costos de producción. Según Rivera, los análisis del efecto de la inflación indican que el pago correcto para que el ganadero logre enfrentar los costos de producción, requieren una tarifa de entre 95 centavos y $1.07 por cada litro de leche cruda.
“Estos análisis demuestran el déficit que tiene el ganadero. Es una situación muy difícil que requiere una solución”, dijo Rivera.
El descontento entre el sector ganadero, según ha podido constatar EyBoricua.com, continúa en crecimiento debido a que los incentivos salariales que distribuye el Departamento de Agricultura han experimentado reducciones.
Vaquería robótica y placas solares como solución
Por su parte, el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dijo que tras dejar la agencia en el 2020, hubo varias iniciativas encaminadas que ayudan al sector ganadero a enfrentar el alza en costos de producción y que requieren un mayor compromiso del DA para que más vaquerías se beneficien.
Indicó que la primera fue garantizar la vacunación del ganado contra las garrapatas; la segunda establecer las vaquerías robóticas, que son capaces de ordeñar las vacas de manera automática sin la necesidad de empleados. “De esta iniciativa se lograron establecer dos vaquerías robóticas que están operando y que los ganaderos están muy agradecidos”, dijo Flores Ortega.
La tercera iniciativa consistió en establecer placas solares en ganaderías, las cuales representan un ahorro en el consumo de energía eléctrica. Flores Ortega dijo que las vaquerías que recibieron las placas solares están operando de manera satisfactoria. Pero señaló que hasta el momento la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no ha establecido el mecanismo para que las vaquerías reciban un crédito por aquella energía que generan las placas solares y que no consumen. Esa energía es utilizada por la AEE para distribuirla entre sus clientes.
La cuarta iniciativa es el Centro de Reproducción Genética, ubicado en la estación experimental de Gurabo, la cual maneja material genético de una variedad de la vaca Holstein, que se adapta de manera favorable al Caribe y es excelente productora de leche, porque tiene menos pelaje en su piel.
Flores Ortega dijo que había dejado la iniciativa de los llamados “préstamos verdes”, que concedía el Fondo para Incentivar el Desarrollo Agrícola, con una tasa de interés de 3%, para renovar ganado o para adquirir placas solares y otros equipos. “Esa iniciativa fue eliminada por el secretario Ramón González”, dijo Flores Ortega.
