Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (24 de diciembre de 2021) – El Tribunal Federal de Quiebras de San Juan determinó que el actual subsecretario de Agricultura, Jorge Campos, violó la suspensión automática federal que prohíbe cobrar deudas de un deudor que se ha declarado en quiebra, cuando autorizó vender en subasta pública la cuota de leche de un ganadero que se había declarado en quiebra.
Campos cometió la violación durante su incumbencia como administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) el pasado cuatrienio, cuando autorizó subastar públicamente la cuota de leche del ganadero Luis Manuel Ruiz Ruiz, a quien el administrador de la ORIL también le revocó su licencia de productor en 2018, por presuntos actos de adulteración de leche.
Ruiz Ruiz se había acogido en 2015 al capítulo 12 de la ley federal de quiebras, que permite a un agricultor reestructurar sus deudas.
La determinación de violación contra Campos fue efectuada ayer, 23 de diciembre, por la jueza federal del Tribunal de Quiebras, Mildred Cabán Flores, en una orden de nueve páginas.
La jueza también ordenó celebrar una vista para presentar evidencia con el fin de estimar los daños causados por el ex administrador de la ORIL contra Ruiz Ruiz. El ganadero alegó que sufrió daños y hostigamiento, porque tuvo que incurrir en honorarios legales para defender su cuota de leche del intento de subasta ordenado por Campos.
La determinación de la jueza Cabán Flores establece un precedente que podrá augurar el futuro desarrollo y desenlace de otros casos de ganaderos que se acogieron a la quiebra y quienes no pudieron alquilar sus cuotas de leche por decisión de Campos, lo que les impidió obtener ingresos para cumplir con sus acreedores. Entre estos figuran los ganaderos Miguel Ramos Cruz y José Manuel Barreto.
El 3 de diciembre de 2020 Campos emitió un aviso para vender la cuota de Ruiz Ruiz en subasta pública, la cual fue detenida por una orden del Tribunal Federal, luego de que la representación legal del ganadero denunciara que la inminente subasta de la cuota de leche representaba una violación a la suspensión automática federal, que protege a los deudores que se han declarado en quiebra contra acciones de cobro.
En su decisión la jueza Cabán Flores sostuvo que la imprudente decisión de llevar a subasta la cuota de leche aconteció a pesar de que la ORIL es una de las partes interesadas en este caso de quiebra de Ruiz Ruiz y tenía conocimiento de que el deudor está protegido por la suspensión automática, lo que también constituye una violación a las normas federales de quiebra.
La ORIL favoreció acreedor de ganadero
Otra violación cometida por Campos y señalada por la jueza Cabán Flores en su determinación, es que para conocer el monto de lo adeudado por Ruiz Ruiz, la ORIL se comunicó con la empresa Cayman Asset Company, un acreedor que había emitido notificaciones de embargo contra la cuota de leche del ganadero. “Al hacerlo, la ORIL estableció un esquema de distribución paralelo de la propiedad del deudor, fuera del proceso de quiebra”, sostiene la decisión de la jueza Cabán Flores.
Señala, además, que Campos y la ORIL violaron la suspensión automática al intentar ejercer control sobre la cuota de leche de Ruiz Ruiz. Específicamente la decisión sostiene que la convocatoria para la subasta emitida por la ORIL requirió a los participantes de una oferta mínima y para facilitar el proceso de licitación, anunció que la cuota de leche estaba libre de gravámenes. “Estas acciones constituyen un acto para ejercer control u obtener la propiedad del patrimonio por parte de un no deudor”, indicó la jueza la jueza Cabán Flores en el documento.
Aunque la jueza reconoce que la ORIL no pretendía obtener beneficio económico a través de la subasta de la cuota de leche, si establece que el organismo promovió los intereses pecuniarios de la empresa Cayman Asset Company, al poner en marcha “un mecanismo que satisfaga rápidamente la deuda de este acreedor fuera de del tribunal de quiebras”.
La jueza agregó que no encontró evidencia de que la ORIL estaba cumpliendo políticas públicas al “adjudicar” un derecho privado, en obvia referencia a la intención de presentar en subasta la cuota de leche de Ruiz Ruiz.
La jueza Cabán Flores advirtió que, los tribunales de quiebras federales pueden aprobar una excepción a la suspensión automática si es para proteger al público.
No obstante, según señala la jueza, no se encontró evidencia que probara que la ORIL pretendiera garantizar la seguridad y el bienestar público al subastar la cuota de leche. Incluso, la jueza indicó que la ORIL abordó el asunto del bienestar público cuando se revocó la licencia que le permitía a Ruiz Ruiz producir leche.
De acuerdo con la juez, una vez la licencia del demandante fue revocada, no pudo vender su leche y no hubo más riesgo para el público, aunque el ganadero continúa siendo el propietario de la cuota de leche. “No veo cómo la venta de una cuota, que es inútil en posesión del demandante sin una licencia lechera, ayudaría a proteger la salud de los ciudadanos de Puerto Rico y el medio ambiente”, concluyó la jueza Cabán Flores.
El falló incluyó una desestimación contra la petición de responsabilizar personalmente a Campos, su esposa, Vanessa Díaz Rodríguez, y su sociedad de bienes gananciales, por los daños causados por el ex administrador de la ORIL, quien, alegadamente, interfirió con los derechos de propiedad de Ruiz Ruiz.
“No vemos nada en el expediente que demuestre que el administrador de la ORIL salió de sus deberes oficiales para interferir con los derechos de propiedad del demandante”, sostuvo la jueza en su decisión. Incluso, la jueza reconoció que Campos disfruta de inmunidad calificada. Sostuvo que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha determinado que la inmunidad calificada aplica «independientemente de si el error del funcionario del gobierno es un error de ley, un error de hecho, o un error basado en cuestiones mixtas de derecho y hecho”.
Ex secretario de Agricultura intentó detener acciones de Campos
El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, indicó que intentó detener las acciones de Campos contra las cuotas de leche de los ganaderos, pero que nunca obtuvo respaldo del ex gobernador Ricardo Rosselló, ni de su círculo íntimo de asesores, entre los que estuvo su asesor legal, el licenciado Alfonso Orona, también conocido por el mote de “Falfo”.
Tras la renuncia de Rosselló al cargo de gobernador en el 2019, Flores Ortega agregó se reunió con la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, para explicarle que las acciones de Campos contra las cuotas de leche de los ganaderos “era una injusticia, que no se debía permitir”. El ex secretario dijo que Vázquez Garced no respondió a sus pedidos y permitió que Campos “actuara libremente en contra de los intereses de los ganaderos”.
“Ahora vemos que yo tenía razón. Esta decisión confirma que Campos actuó ilegalmente contra esos ganaderos. Algunos de ellos fueron a mi oficina llorando porque la acción de Campos los dejaría sin nada para atender a sus familias. Eran ganaderos pequeños cuyos casos se pudo manejar de otra forma. Las acciones de Campos y de la gente que lo defiende, solo buscan beneficiar a las ganaderías grandes, porque desean absorber las cuotas de las ganaderías pequeñas”, dijo Flores Ortega.
