Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (8 de febrero de 2021) – Una polémica auditoría de resultados imprevisibles fue iniciada por el gobierno federal para determinar si los inversionistas estadounidenses acogidos a la Ley 22 del 2012, que garantiza exenciones contributivas de 100% en intereses, dividendos y determinadas ganancias a los empresarios que se conviertan en residentes de Puerto Rico, identifican determinados ingresos como obtenidos en negocios establecidos en la Isla con el fin de evitar impuestos federales, según informó un escrito difundido por el bufete de alcance mundial Mayer Brown.
El pasado 29 de enero el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS) anunció que incluyó la Ley 22 de Puerto Rico, o Ley de Inversionistas Individuales, en las auditorías regulares que realiza la agencia para detectar incumplimientos o otras tendencias en el manejo de ingresos y ganancias sujetos a impuestos federales.
El escrito, que fue realizado por Mark H. Leeds y Juan F. López Valek, revela que la auditoría buscará identificar a los individuos que tienen decretos de la Ley 22 pero que no satisfacen los requisitos de las secciones 933 y 937 del Código de Rentas Internas, que permite excluir ingresos de impuestos federales obtenidos por individuos o empresas que son tratados como residentes de buena fe de Puerto Rico.
La auditoría también pretende determinar si las personas que reclaman beneficios a través de las leyes 20 y 22 están obteniendo ingresos “inapropiadamente”, por que no se han recibido por la operación de negocios en Puerto Rico, pero que se presentan ante el IRS como ingresos de origen puertorriqueño con el fin de evitar contribuciones federales.
Junto con la Ley 22 también se aprobó la Ley 20 o Ley de Servicios de Exportación, que ofrece incentivos para que las empresas puertorriqueñas exporten servicios como una impuesto al ingreso de 4 %, una exención de 100 % sobre ingresos por dividendos y ganancias de capital, y un 60 % exención en el pago de impuestos municipales.
Según Leeds y López Valek, el IRS realizará exámenes entre los participantes de las leyes 20 y 22 para obtener información financiera y determinar si en sus reclamos al gobierno de Puerto Rico o en sus operaciones empresariales exentas, existen violaciones a las normas contributivas federales.
Además, señala que el IRS podría considerar ofrecer una amnistía a las personas y empresas, luego de que se determine “la magnitud de los problemas de incumplimiento”.
La auditoría del IRS ocurre en el contexto de que el pasado 14 de octubre de 2020 un Gran Jurado Federal en Puerto Rico acusó a Gabriel Hernández, socio administrador de la firma de contabilidad BDO, con diez cargos de fraude electrónico por, alegadamente, idear un esquema para defraudar al IRS al presentar información falsa al gobierno de Puerto Rico para que su cliente, un agente encubierto del IRS, se acogiera a la Ley 20 con el fin de eximirse de pagar contribuciones federales.
Según la acusación federal, Hernández registró una compañía en Puerto Rico para el agente encubierto del IRS, quien se había presentado como un rico contribuyente de Arizona. En diciembre de 2019, Hernández informaría falsamente al Departamento de Hacienda que la compañía de su cliente había obtenido $500,000 dólares en ingresos en Puerto Rico, para luego deducirlos en la planilla de la compañía de su cliente en los Estados Unidos.
La decisión del IRS obedece a la solicitud realizada en el 2019 al ex secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, por cuatro congresistas que expresaron preocupación sobre la evasión y la evitación de contribuciones federales que permitían las Leyes 20 y 22 de Puerto Rico. La evasión se refiere al intento fraudulento de evadir el pago de contribuciones, mientras que la evitación es el uso de disposiciones legales para evitar el pago de contribuciones.
Específicamente, los congresistas plantearon su preocupación sobre la posibilidad de que personas y empresas ricas evadan los impuestos federales y de Puerto Rico, al acogerse a las leyes 20 y 22. En diciembre de 2019 el Congreso aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas (ley CAA) que ordenó al IRS presentar un informe que identifique el número de personas y empresas que se han trasladado desde cada estado hacia Puerto Rico a partir del 2012 y que han recibido exenciones fiscales bajo las Leyes 20 y 22.
El Congreso también ordenó al IRS que proporcionara soluciones políticas específicas para minimizar las pérdidas de ingresos por evasión y evitación fiscal.
Aunque el informe proporcionó una imagen equilibrada de la interacción de los beneficios fiscales de Estados Unidos y Puerto Rico, el IRS concluyó que los ingresos de origen puertorriqueño, como los intereses, dividendos y ganancias de capital, podrían estar total o parcialmente exentos tanto de impuestos federales y de Puerto Rico. El informe sostiene que las leyes 20 y 22, operan en conjunto con las secciones 933 y 937 del Código de Rentas Internas Federal, que determina que los residentes de buena fe en territorios y en Puerto Rico están exentos de impuestos federales.
Como residentes de Puerto Rico, los estadounidenses sólo estarán sujetos a impuestos federales sobre los ingresos obtenidos fuera de Puerto Rico. El informe sostiene que ambas leyes no son incompatibles con el reconocimiento del Congreso de la autonomía fiscal de Puerto Rico y concluyó que el IRS llegó a un acuerdo con el Departamento de Hacienda para ampliar el intercambio de información y garantizar que todos los nuevos solicitantes de beneficios de la Ley 22 sean identificados ante la agencia federal.
