San Juan, Puerto Rico (EFE) – El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, catalogó como «un gran avance» una ley recién firmada por el gobernador Pedro Pierluisi de tipificar como delito el estrangulamiento no fatal, pues apoyará a la prevención de feminicidios en la isla.
La ley, proveniente del Proyecto de la Cámara 1583, fue firmada hace varios días por Pierluisi, y estipula que el victimario sea clasificado como un ofensor sexual y reconoce como una modalidad de maltrato agravado y sin consentimiento de la otra parte, el estrangulamiento no fatal, la asfixia posicional y la sofocación.
«Esta ley permitirá procesar y penalizar esta conducta con la severidad que amerita, toda vez que estudios demuestran que quien comete estrangulamiento no fatal es un potencial feminicida y que su víctima tiene un riesgo de 700 % de morir a manos de este», dijo Emanuelli en un comunicado.
La medida, a su vez, «nos permite identificar a tiempo a potenciales feminicidas a tiempo y procesarlos al amparo de una disposición clara y específica», agregó.
El titular de Justicia destacó que otro de los beneficios de la ley es que apoya el desarrollo de planes de prevención de feminicidios íntimos al obtener y desarrollar datos estadísticos sobre la incidencia de estos delitos la isla.
«La recopilación y análisis de los datos contribuye al desarrollo de política pública para la prevención de feminicidios, al tiempo que crea conciencia, tanto en la víctima como en la sociedad, sobre la peligrosidad de esta modalidad de violencia doméstica y los riesgos asociados al estrangulamiento no fatal», enfatizó Emanuelli.
La ley, igualmente, elimina la posibilidad de que el agresor se beneficie de un programa de desvío cuando comete estrangulamiento en la modalidad de maltrato bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
Según se explicó, el estatuto surgió de las iniciativas de prevención desarrolladas por el Departamento de Justicia enfocadas en educar y capacitar a todos los componentes del sistema de justicia sobre los efectos del estrangulamiento no fatal en las víctimas de violencia doméstica y el riesgo tan alto que enfrentan.
Por su parte, la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Justicia, Laura Hernández, explicó que «la legislación ayudará en la comprensión de la prueba en los casos de estrangulamiento, tanto a los jueces como a los jurados».
«Esta conducta dejará de pasar desapercibida, porque el 50 % de las víctimas estranguladas no presentan marcas visibles. Los daños ocasionados son internos y solamente pueden ser identificados por estudios médicos como MRI o autopsia en casos fatales», lamentó.
Para todo ello, Justicia, con el apoyo del Training Institute on Strangulation Prevention de San Diego, adiestró y certificó a sobre 400 fiscales, agentes investigadores, jueces, funcionarios y personal de organizaciones sin fines de lucro sobre la forma de identificar potenciales feminicidas y los mecanismos para prevenir el estrangulamiento.
