San Juan (EFE) – El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, ha presentado este domingo una demanda para anular la juramentación que hizo el pasado viernes Pedro Pierluisi como nuevo gobernador de la isla.
En la demanda señala que actualmente Puerto Rico «vive una situación sin precedentes» después de la renuncia de Ricardo Rosselló, quien dimitió del cargo de gobernador tras su participación en un chat privado que había provocado una ola de manifestaciones, y apunta que la elección de Pierluisi se ha producido «parcialmente» ya que quedaba aún el trámite del Senado.
Por su parte, Pierluisi dio hoy un nuevo giro a la situación al afirmar que «no procede» que el Senado vote este lunes sobre su incumbencia como secretario de Estado, ya que al haber jurado el viernes como mandatario dejó ese puesto.
«Realmente es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada», dijo Pierluisi en declaraciones a medios locales.
Tras sus palabras, y en un comunicado posterior, insistió en que ya juró el «cargo de gobernador y en este momento no existe secretario del Departamento de Estado que esté sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico; sin embargo, igual que dije el pasado viernes, este cuerpo legislativo tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia y, como he expresado, respeto ese proceso».
Además dejó la puerta abierta a que sean los tribunales quienes decidan sobre su legalidad como gobernador.
«Uno asume la gobernación y luego los tribunales deciden si la juramentación es válida o no», agregó.
El mismo viernes la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció que iba a recurrir ante los tribunales la jura de Pierluisi como gobernador.
El secretario de Estado puertorriqueño es el primero en la línea de sucesión en caso de no haber gobernador. El siguiente es el secretario de Justicia.
Para mañana lunes estaba prevista una vista y sesión extraordinaria en el Senado para la confirmación de Pierluisi como secretario de Estado, aunque el presidente de la Cámara Alta anunció hoy que la vista ha sido suspendida.
El embrollo sobre la legalidad o no de que Pierluisi fuera el gobernador estos días partía de las dudas que ha despertado entre abogados, medios y políticos, entre otros, la interpretación de la Constitución y la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, sobre la sucesión del gobernador.
La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, mientras que la Ley 7, en la que se escudó Rosselló para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado.
Pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador.
En la demanda, Thomas Rivera indica que Pierluisi asumió el poder este viernes «en una interpretación incorrecta de la Ley 7».
«El Senado no ha finalizado su responsabilidad constitucional de consejo y consentimiento para dicho nombramiento (…) no puede seguir ostentando el cargo de gobernador al que juramentó y, cualquier decisión que haya tomado en tales funciones desde dicha juramentación es igualmente nula», indica en la demanda.
Rosselló anunció que dimitiría el 24 de julio, lo que se formalizó el pasado viernes, al desvelarse el contenido de un chat en el que junto a varios asesores insultaba a colectivos como mujeres, LGTB, artistas y políticos.
