San Juan, 29 de septiembre de 2021 (EFE) – La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Yauco. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.
El Informe revela que se efectuaron órdenes de compras sin obtener al menos tres cotizaciones, se adjudicaron unos trabajos con una cotización a nombre de una persona que no la preparó y se obtuvieron cotizaciones sin identificar al funcionario que las solicitó, ni a quiénes la adjudicaron.
Además, en el 2018, se adjudicó la compra de un vehículo a un licitador que excedió por $5,470 al postor más económico, y la requisición incluyó el nombre de la marca y modelo específico del vehículo que se quería adquirir.
Estas situaciones contrarias a la ley y reglamentación vigente desvirtúan el propósito de obtener la mejor oferta mediante la competencia libre de los proveedores, y propicia el favoritismo en la adjudicación.
La auditoría, de dos hallazgos, señala que el Municipio no obligó los créditos presupuestarios suficientes para el pago de cinco contratos y una enmienda por $161,977 para obras de construcción.
Las obligaciones se registraron un mes después de la adjudicación y los fondos se obligaron un mes después de comenzar a recibir los servicios.
El Municipio celebró una subasta en el 2015, de un inmueble en el barrio Almácigo Bajo en un terreno de 500 metros, en cuyo expediente no se habían archivado las actas de las reuniones de subasta, las especificaciones, la tasación, ni las escrituras de compraventa.
Además, el entonces alcalde, no solicitó autorización a la Legislatura para otorgar el usufructo, ni otorgó contrato escrito para formalizar la concesión del usufructo a los compradores.
Los auditores de la Contraloría detectaron errores en los cómputos de las licencias a pagar lo cual ocasionó pagos en exceso a un exfuncionario y a cuatro exempleados por $2,889 dólares.
Además, del 2014 al 2017, los errores de base en los cómputos ocasionaron pagos en exceso y pagos que se realizaron hasta 17 meses después de la jubilación.
El Informe devela múltiples deficiencias con los comprobantes de desembolso que no incluyeron la certificación del funcionario de haber recibido los materiales conforme a lo solicitado, ni la certificación de los proveedores sobre la ausencia de intereses por parte de los empleados en las ganancias de los bienes adquiridos.
Estas situaciones se atribuyen a que los directores de Finanzas no supervisaron adecuadamente estos procesos.
El examen del registro de la propiedad mueble de Yauco reveló que 4,177 unidades no tenían el costo estimado a la fecha de su adquisición, ni 4,172 unidades tenían el nombre y dirección del proveedor.
Además, la compra de tres sierras y un blower no se incluyó en el registro de propiedad, y no se encontró evidencia de su pérdida.
De hecho, del 2016 al 2018 ocurrieron 23 accidentes con 23 vehículos municipales que no se informaron a la Oficina del Contralor de Puerto Rico como dispone la ley y la reglamentación vigente.
El Municipio remitió hasta 16 meses tarde, a la Contraloría de Puerto Rico, el 65% de los Informes Mensuales de Nóminas y Puestos que por ley se deben enviar no más tarde de 30 días consecutivos después de finalizado cada mes.
Además, al 30 de junio de 2019, no había promulgado la reglamentación para establecer la fórmula en el cómputo de la acumulación de licencia por vacaciones y enfermedad a los empleados con jornada laboral reducida.
Este segundo y último informe de Yauco cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.