Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Menos de 48 horas duró en la presidencia de la Junta de Residentes del controvertible edificio Sol y Playa de Rincón el abogado y empleado de la Administración de Vivienda Pública, José M. Urrutia-Vélez.
Varios residentes y allegados a los titulares de Sol y Playa así lo confirmaron anoche a este medio, diciendo que Urrutia-Vélez había dimitido. Esta sería la tercera renuncia de presidentes en menos de tres meses, y coincide en momentos en que se discute la contratación de quien removerá la verja y la construcción ilegal que hicieron los vecinos cuando intentaron robar playa en la zona marítimo terrestre. Hace más de un año pesa una orden del Tribunal de Aguadilla para que demuelan la construcción y agencias como el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación se han allanado.
La salida de Urrutia-Vélez de la junta de condómines coincidió con una serie de denuncias que hizo anoche el ambientalista Eliezer Molina. En un vídeo en vivo en las redes sociales de Facebook e Instagram, Molina dijo que las polémicas en Sol y Playa se deben a alegados actos de corrupción en la Administración de Vivienda Pública que vinculan a la familia del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, que se ha enriquecido mediante contratos.
No fue posible conseguir una reacción de Urrutia-Vélez, ni preguntar si tiene parentesco con el gobernador, ya que tiene el mismo apellido Urrutia, como mencionan los vecinos de Sol y Playa. Cabe recordar que el primo del gobernador Walter Pierluisi-Insern, hoy convicto federal por robar $3.5 millones en dinero federal de Vivienda Pública, es titular en Sol y Playa.
Cuando trascendió esta información de la salida de Urrutia-Vélez, cerca de las 11:00 de la noche, tampoco se obtuvo respuesta del reconocido ingeniero Emilio Colón Zavala, quien se alega fue contratado por el condominio Sol y Playa para gerenciar el proyecto de demolición de la construcción ilegal. Colón Zavala fue presidente de la Asociación de Constructores y miembro de su Junta de Directores, así como un columnista asiduo del diario El Nuevo Día y portavoz del sector de construcción en varios medios corporativos.
Tercer presidente
Urrutia-Vélez sería el tercer presidente de los condómines en menos de dos meses. En el verano fungía como presidente quien era el vicepresidente de la junta, Kenny Gutiérrez, un empresario dueño de un junker en la zona oeste.
El pasado 15 de junio el juez administrador del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, Abid Quiñones Portalatín, dijo que consideraba encontrar incurso en desacato a Gutiérrez porque le mintió en sala al decir que habían contratado a las compañías para demoler la construcción ilegal y restaurar la zona como ordenó el tribunal el 14 de febrero del 2022. El pasado 14 de agosto en el programa de radio En Blanco y Negro con Sandra presentamos dos audios que evidencian cómo Gutiérrez mintió al juez.
Gutiérrez entonces renunció y asumió la presidencia de los condómines la exjueza María Isabel Negrón-García, quien posteriormente volvió a incumplir con lo prometido en corte, fue hallada incursa en desacato y arrestada. El juez Quiñonez Portalatín ordenó su ingreso a prisión, pero horas más tarde fue puesta en libertad a través de la radicación de un recurso de habeas corpus en la sala del juez Manuel Trabal.
Entonces aparecía como presidente Urrutia-Vélez, quien renunció.
Reacciona Molina
“Ya sabemos lo que pasa en Vivienda Pública. ¡Justicia para los residenciales y los que buscan vivienda pública! Pasa en Luis Llorens Torres, en Manuel A. Pérez, en Puerta de Tierra, y otros residenciales que la gente busca vivienda y hay unidades disponibles, pero no las dan porque han controlado todo”, dijo Molina en un vídeo Live.
El excandidato independiente a la gobernación dijo que los vínculos de los Pierluisi con Vivienda Pública datan de la gobernación de Carlos Romero Barceló cuando el padre del actual gobernador, don Jorge Pierluisi-Díaz, era secretario del Departamento de la Vivienda. Luego de eso, dijo que el primo Pierluisi-Insern hizo fortuna a través de contratos con Vivienda Pública. Alegó que a través de ganar esos dineros fue que se financió parte de la campaña a la gobernación de Pierluisi-Urrutia.
Molina dijo que otras familias también se han enriquecido con este esquema de contratos y mencionó a la de Ramón Rosario, el abogado y miembro del chat misógino y corrupto de los “Brothers” que tenía el exgobernador Ricky Rosselló con sus amigos en Telegram. Además, mencionó al abogado y exlegislador popular Eduardo Ferrer, hermano del fenecido legislador Héctor Ferrer, como uno de los vinculados en un caso donde un camión se accidentó en una reserva natural en Culebra.
Molina reclamó a las autoridades federales a que actúen y arresten a los funcionarios corruptos en Vivienda Pública que han permitido el pillaje al no detener órdenes de cambio (change orders) en proyectos de construcción como hacía Pirelusi Insern y por lo que fue convicto. Mencionó a una administradora de Vivienda que tiene propiedad en Culebra cerca de Ferrer y a empleados en el área de Finanzas.
Dijo que todo esto se relaciona con lo ocurrido en Sol y Playa que ha permitido que perdure la destrucción en esa zona costera, atentando contra el hábitat de especies en peligro de extinción y con el robo de la playa que le pertenece al pueblo.
