San Juan, 13 dic (EFEUSA) – A ocho días de la entrada en vigor de la ley federal por la que se prohíbe, entre otros territorios, las peleas de gallos, las autoridades en Puerto Rico buscan aún la manera y forma de implantar la medida.
Solo la posibilidad de una moratoria podría sacar a sus autoridades del lío de buscar cómo implantar la medida que rompe con una tradición de siglos que trajeron los españoles a la isla.
El fin de las peleas de gallos en Puerto Rico y otros territorios como Guam, entrará en vigor el próximo día 21 de diciembre, tal y como establece la Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill) de Estados Unidos, y supondrá un revés para la economía de la isla.
Las peleas de gallos en la isla son legales desde 1933.
Una ley que se considera ajena por el sector por haber sido aprobada en el Congreso estadounidense, en Washington, capital del país al que Puerto Rico está ligado como un Estado Libre Asociado y donde la isla no tiene un representante con derecho a voto.
Tal y como indicaba recientemente a EFE el vicepresidente de la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea, Juan Rivera, unas 27,000 familias se verán afectadas por la prohibición, lo que significa otro revés para una economía en declive desde hace más de una década a la que las peleas de gallos contribuyen anualmente con cerca de $80 millones.
La fiscalía federal de San Juan y la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Agricultura de EE.UU. serán los encargados, con la ayuda policial, de hacer cumplir la ley que afecta a otros territorios como Guam.
Esta semana el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico, Elmer Román, reconoció que no sabe cuál será el plan de la policía para intervenir en este tipo de práctica, aunque, si reafirmó que las autoridades locales harán cumplir el estatuto.
«Vamos a seguir la política pública del gobierno», remarcó sobre un cuerpo del estado que no ha destinado recursos para llevar a cabo el cumplimiento de la ley.
«Todavía a mí no se me ha comunicado el plan (de cómo ejecutar la prohibición). Estoy seguro que la policía está trabajando cuestión de cómo ellos van a intervenir», indicó Román.
A su vez, manifestó que «si es una ley establecida el policía tiene que hacer cumplir la ley».
Por su parte, la Fiscalía Federal de San Juan ha revelado este jueves que cuando la prohibición entre en vigor «tomaremos las medidas apropiadas, de conformidad con las políticas públicas del Departamento de Justicia».
Por el momento, tampoco la oficina de Puerto Rico de Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura de EE.UU. no tiene concedida «ningún tipo de misión» para ayudar en el tema.
El Senado de Puerto Rico urgió el pasado día 14 a la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, y a la representante de la isla ante el Congreso en Washington, Jenniffer González, a que realizaran todas las gestiones pertinentes para que el Congreso en Washington legisle y provea un periodo de transición de 5 años como moratoria en la aplicación a Puerto Rico de las disposiciones de la Ley Agrícola de 2018 que prohíbe las peleas de gallos.
La Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill), una normativa que tiene como objetivo ayudar a los agricultores de Estados Unidos, incluyó en el último momento antes de su aprobación un anexo para Puerto Rico que establece la prohibición de las peleas de gallos en la isla, algo que antes sólo afectaba a Estados Unidos.
Guam, una isla en el Pacífico y parte de los catorce territorios no incorporados de EE.UU., otro de los territorios afectado por la ley, ya ha anunciado que ignorará la prohibición de las peleas de gallos y, de acuerdo, a la gobernadora, Lou León Guerrero, no se hará cumplir la prohibición.
Los integrantes del sector del gallo ya han advertido que aunque se prohíba la medida con esta ley, sí se harán clandestinamente.
