San Juan, 18 de enero de 2022 (Foro Noticioso) – La industria del espectáculo en Puerto Rico, la más golpeada desde que inició la pandemia, y representada por el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (CoPEP), pidió al gobernador Pedro Pierluisi que les permita trabajar a un 100% de capacidad.
En carta escrita dirigida al Primer Mandatario, el CoPEP también denunció incongruencia por parte del gobierno en la concesión de otras actividades como la asistencia a iglesias, supermercados, centros comerciales, restaurantes, chinchorros, playas, gimnasios y casinos.
«El repunte por el que estamos atravesando es uno de génesis multifactorial que requiere acción inmediata del gobierno. Empero, a nuestro juicio la industria está siendo injustificadamente designada como la responsable de todos los males», expresó el Lcdo. Roberto Sueiro, presidente del CoPEP.
«Recordemos que hace unos meses existían altos índices de vacunación y bajos niveles de contagios, hospitalizaciones y muertes. La ciudadanía estaba falsamente confiada en que ya se había pasado la tormenta del virus. En ese momento nadie sospechaba lo contagiosa que resultaría la variante Ómicron», añade la misiva.
«Al comparar nuestro índice de positividad con el de norteamérica dónde no se han prohibido los eventos multitudinarios y prácticamente la totalidad de los que asisten a estos eventos masivos no usan mascarilla, ejemplo: el juego final del Campeonato Colegial y todos los partidos de “football” americano en diferentes localidades de la nación, tenemos que cuestionar si la clausura de nuestra industria responde a datos empíricos», sostuvo el productor.
Desde septiembre de 2020 hasta noviembre de 2021, en Puerto Rico se han celebrado 482 eventos, con una asistencia de 700 mil personas aproximadamente.
«En esos eventos se establecieron y siguieron procedimientos de limpieza, protocolos de higiene y salubridad, donde fue requisito el uso compulsorio de la mascarilla y en donde siempre hubo la disciplina y la cooperación de los asistentes. Inclusive, tomando sus propias medidas de seguridad. De ninguno de estos eventos surgió un foco o brote de contagios. Durante los primeros 15 días de diciembre cuando ya se habían identificado casos de la variante Ómicron, en Puerto Rico se realizaron sobre 12 eventos de los que tampoco surge información sobre foco o brote de contagios», declaró Sueiro.
Sin embargo, «las iglesias, los supermercados, los centros comerciales, los restaurantes, chinchorros, las playas, los gimnasios, los casinos siguen autorizadas cuando menos a un 50% o 75%. Es totalmente incongruente, que se permita la asistencia masiva a cualquiera de los anteriores, donde hay remoción de la mascarilla, poca o ninguna supervisión, ni control de lo que se hace o toca, no se controla el tiempo de visita o actividad y no se requiere prueba de vacunación ni prueba negativa para entrar», denunció.
«En los eventos se les requiere a los asistentes, evidencia de vacunación o prueba negativa, se mantienen sentados o con su grupo de asistencia y se le requiere el uso de la mascarilla. De hecho en eventos donde no hay consumo durante la actividad principal, los propios asistentes se mantienen con su mascarilla. Así las cosas, como industria, que se compone de sobre 30 mil trabajadores, nos sentimos discriminados», continuó.
Entre las razones que justifican su reclamo, el CoPEP plantea que la pre producción de un evento puede tomar años y en muchos casos, el negocio se realiza en consideración a la capacidad máxima. Los cambios en la fecha de la celebración del evento representan cuantiosas pérdidas, que para cualquiera puede significar “tener que cerrar”. Los eventos de no realizarse en la fecha prevista, representan cuando menos el gran reto reponerlos: nueva fecha, nueva inversión y disponibilidad de “venues”.
«La cancelación de un evento pudiera representar para el productor la pérdida de la única oportunidad de recuperar su inversión y de recibir ingresos. Significa trabajar por meses para no recibir ingresos y perder capacidad de ingresos futuros. La reducción de la capacidad de aforo no es costo efectivo y como consecuencia limita el tipo de evento. Nuestro cierre además, impacta la capacidad de los empleos indirectos e inducidos», añadió el director ejecutivo del CoPEP, Juan Carlos Zapata.
El CoPEP agradeció al Gobernador la eliminación del requisito de la prueba negativa de hasta 48 horas en la más reciente orden ejecutiva, “lo que resultaba en la práctica un cierre total para la industria” y propuso, una vez más, como parte de su plan de mitigación de daño, la creación de una campaña educativa a través de los medios de comunicación masiva, radio y televisión, antes y durante los eventos, para insistir en la necesidad del uso de la mascarilla como medida de prevención.
Así también, la disponibilidad de buscar alternativas para la operación de los concesionarios sin descartar su cierre, según sea el caso.
