Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (7 de Junio de 2022) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) propuso al gobierno evaluar la posibilidad de que los únicos beneficiados por la ley 80, que una vez se promovió como la fuente de jubilación para más de 30,000 empleados públicos, sean los llamados empleados no esenciales, pero tal beneficio tiene como condición la eliminación de esas plazas una vez sus ocupantes se hayan retirado, lo que podría afectar el servicio de las agencias y de los municipios.
Los empleados no esenciales del gobierno y los municipios podrían ascender a menos de 4,000.
En una carta emitida el pasado 3 de junio y dirigida a Omar Marrero Díaz, quien es el director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoramiento Financiero, el consejero general de la JSF, Jaime A. El Kouri, indicó que el organismo federal sigue dispuesto a continuar el diálogo para lograr un acuerdo sobre la aplicación de la ley 80 en los empleados no esenciales.
De acuerdo con fuentes de EyBoricua.com, limitar los beneficios de la ley 80 a los empleados no esenciales del gobierno, como promueve con entusiasmo la JSF, podría afectar los servicios de todos los municipios porque su nómina está repleta de ese tipo de empleados, lo que implica la pérdida de plazas sin la posibilidad de poder ocuparlas nuevamente con nuevos reclutamientos.
Además, el retiro de los empleados no esenciales obligará a los municipios a pagar indefinidamente las pensiones de los que se jubilen, lo que también se perfila como una responsabilidad económica adicional para las endebles economías de las alcaldías.
Incluso, según sostuvo la fuente, para los cerca de 40 municipios en quiebra el retiro de los empleados no esenciales representará su pena de muerte y requerirá que el gobierno central de alguna manera auxilie a estas alcaldías con subsidios o asignaciones de emergencia.
Alegadamente, el servicio de las agencias del gobierno central también podría afectarse con el retiro de los empleados no esenciales. Las agencias, según explicó la fuente, tienen una buena parte de los empleados no esenciales, quienes realizan labores clericales, laboran en servicios de limpieza, conducen los vehículos de las agencias y otro tipo de tareas de segunda y tercera importancia.
No obstante, ese tipo de tareas son indispensables para la operación diaria de las agencias y a corto y largo plazo el servicio de las agencias podría resultar afectado si esas plazas no pueden ser ocupadas con nuevos reclutamientos, una vez el empleado se haya retirado.
La ley 80, que promete una pensión equivalente de 50 % del salario de los empleados públicos, se promovió como la fuente de jubilación para más de 30,000 empleados públicos, pero tras una evaluación, la JSF se opuso a la puesta en vigor del estatuto debido a que la Legislatura no identificó una fuente de ingresos que permitiera pagar las pensiones.
La ley 80 fue invalidada el pasado 28 de diciembre, cuando el Tribunal Federal, a pedidos de la JSF, emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación, en espera de que el gobierno y el organismo federal lograran un acuerdo para ofrecer algunos de sus beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.
Acuerdo para antes del sábado
En la carta la JSF le recuerda al gobierno que el acuerdo sobre la ley 80 se debe alcanzar en o antes del próximo sábado 11 de junio de 2022 que es “la fecha límite acordada”.
Es en ese contexto que la JSF le propuso al gobierno evaluar la posibilidad de concentrar los esfuerzos en los empleados no esenciales exclusivamente. “Según los datos del gobierno, la JSF estima que, bajo las circunstancias adecuadas, algún nivel de ahorro se lograría si a los empleados no esenciales se les permitiera jubilarse anticipadamente”, señala la misiva de El Kouri.
La JSF sostuvo en la carta que está dispuesta a considerar el retiro de los empleados no esenciales en tres áreas de atención: 1) la posibilidad de designar como puestos eliminados los cargos de los empleados no esenciales que elijan la jubilación; 2) si el gobierno sería capaz de mantener servicios públicos adecuados después de la eliminación permanente de esos puestos; 3) y si el gobierno y la JSF pueden llegar a un acuerdo sobre el resto de los requisitos para los empleados no esenciales que comprende la orden del Tribunal Federal.
En la misiva la JSF sostiene que no concuerda con el ahorro estimado por el gobierno por la jubilación de los empleados no esenciales, el cual asciende a $410 millones anuales. “Según las estimaciones de la JSF, los ahorros podrían ser significativamente menos de $410 millones”, advierte la carta.
Otro argumento de la JSF para enfatizar en la jubilación de los empleados no esenciales, es que el gobierno aún no ha podido identificar los puestos de los empleados esenciales que se acogerán a la jubilación, un aspecto de gran controversia porque la JSF duda del posible ahorro que lograría esa opción.
El gobierno ha indicado que tiene la intención de transferir empleados de otras agencias para ocupar los puestos designados como «esenciales», pero no los ha identificado por cada agencia.
Por su parte, la JSF ha indicado que los empleados esenciales no pueden ser reemplazados por funcionarios de otras agencias, sino que es necesario traer empleados con el conocimiento y las habilidades que requiere la posición denominada como esencial.
La JSF también ha señalado que no puede proyectar de manera confiable los ahorros netos de los puestos esenciales que podrían ser eliminados porque el gobierno no ha identificado la identidad de los empleados que serían transferidos a esos puestos y la agencia en la que están empleados actualmente, incluyendo su nivel salarial y los beneficios acumulados.
