ACTUALIZACIÓN:
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan dicta a favor de la portavoz de Proyecto Dignidad en disputa sobre el uso obligatorio de mascarillas
En una decisión del Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan, se ha emitido una orden de entredicho preliminar, sumario y permanente en favor de Lisie J. Burgos Muñiz, representante por acumulación y portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Esta medida judicial responde a la demanda interpuesta por Burgos Muñiz contra el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y otros funcionarios, por la violación de sus prerrogativas legislativas a raíz de la orden administrativa que impone el uso de mascarillas dentro de las instalaciones del cuerpo legislativo.
El tribunal, tras analizar los hechos, determinó que prohibir el acceso a Burgos Muñiz al Hemiciclo y otras áreas necesarias para su labor legislativa, bajo la condición de usar mascarillas, constituye una interferencia con su función constitucional de representar a sus constituyentes. De no actuar, se ocasionaría un daño irreparable a la única portavoz de Proyecto Dignidad, impidiendo su deber de deliberar y votar por las medidas propuestas.
En consecuencia, desde el 12 de febrero de 2024, se ordena a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su presidente, y a los funcionarios implicados, cesar y desistir de cualquier acción que prohíba, impida o interfiera con las prerrogativas legislativas de Burgos Muñiz, incluido el requisito del uso de mascarillas para acceder a las instalaciones de la Cámara. El tribunal advierte que el incumplimiento de esta orden podría resultar en arresto e ingreso a la cárcel por desacato criminal.
Esta sentencia marca un precedente importante en la protección de los derechos y prerrogativas legislativas frente a medidas administrativas que puedan limitar el ejercicio de las funciones constitucionales de los representantes electos. Javier Jiménez, presidente de Proyecto Dignidad, ha aplaudido la decisión, subrayando que refleja el compromiso del tribunal con la salvaguarda de los principios democráticos y las libertades civiles. Esta victoria legal no solo reafirma el derecho de Burgos Muñiz a cumplir con sus responsabilidades legislativas sin restricciones indebidas, sino que también destaca la importancia del diálogo y la transparencia en la implementación de políticas públicas relacionadas con la salud y la seguridad.
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ORIGINAL
SAN JUAN, Puerto Rico – Lisie J. Burgos Muñiz, en su rol de representante por acumulación y portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, ha recurrido a la justicia para presentar una demanda contra Rafael “Tatito” Hernández Montañez, presidente de la Cámara, junto a otros altos funcionarios de este órgano legislativo.
La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, busca impugnar la reciente orden administrativa que exige el uso obligatorio de mascarillas dentro de las instalaciones de la Cámara, alegando que esta medida infringe sus derechos legislativos.
La acción legal, que incluye una solicitud de Sentencia Declaratoria y un Entredicho Preliminar y Permanente, apunta a Hernández Montañez, al Administrador de la Cámara, Manuel Díaz Espino, al Sargento de Armas, Luis Ramos Rivera, y al Secretario, Javier Gómez Cruz.
Burgos Muñiz argumenta que la orden administrativa vulnera sus facultades legislativas de manera arbitraria, solicitando al tribunal que ordene a los demandados detener esta práctica ilegal.
Javier Jiménez, presidente de Proyecto Dignidad, destacó que Burgos Muñiz ha defendido activamente en la Cámara una política pública que se opone a la imposición de mascarillas y vacunas por órdenes administrativas y ejecutivas, abogando en cambio por una estrategia que eduque y provea información confiable a la ciudadanía para que tome decisiones informadas respecto a su salud.
Jiménez criticó la medida impuesta por el presidente de la Cámara, calificándola de injustificada, ilógica, ridícula, irresponsable y abusiva, y sostuvo que atenta contra los principios fundamentales de los derechos civiles y las libertades democráticas. Afirmó que este mandato refleja un desprecio total por el derecho de las minorías en la Cámara, forzando a Burgos Muñiz a elegir entre cumplir con sus funciones legislativas o actuar en contra de sus convicciones personales y políticas.
“Este acto constituye una violación a los derechos de las minorías y al libre ejercicio de la expresión política, en un espacio donde se debería garantizar la máxima protección de este derecho”, expresó Burgos Muñiz.
Proyecto Dignidad, partido que representa, busca generar cambios positivos en la sociedad puertorriqueña, enfrentando las prácticas gubernamentales que han contribuido a la crisis moral, social y económica de la isla. Con un enfoque en el bien común, este partido de valores conservadores propone soluciones para mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades puertorriqueñas.
