Educación, Salud, Rehabilitación Vocacional y Familia favorecen la medida ante la Cámara
SAN JUAN, Puerto Rico – El Proyecto de la Cámara 387, presentado por el Ejecutivo, recibió hoy el respaldo de varias agencias gubernamentales durante una vista pública conjunta de las comisiones de Gobierno y de Adultos Mayores y Bienestar Social.
La medida propone crear la Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional y encargar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) el desarrollo de un sistema digital centralizado con información sobre los servicios que ofrecen diversas agencias a esta población.
La licenciada Saraí Ruiz, del Departamento de Educación (DEPR), apoyó la iniciativa y afirmó que esta busca “optimizar los procesos administrativos, eliminar la duplicidad de gestiones y garantizar que las personas con diversidad funcional accedan a los servicios esenciales de manera eficiente, ágil y sin interrupciones”. Según la agencia, 96,400 estudiantes de educación especial se beneficiarían del sistema propuesto.
Ruiz explicó que el DEPR ya utiliza una plataforma, Mi Portal-MIPE, que agrupa datos demográficos, condiciones de los estudiantes, y los servicios que reciben, como terapias, transportación y equipos especializados. Añadió que el sistema ya intercambia información con otras plataformas y podría integrarse fácilmente a la que desarrolle PRITS.
Por su parte, Daniel Soto, director de la Sección de Servicios de Adultos con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, sostuvo que la creación del expediente digital único “es esencial para mejorar el acceso a servicios”. Indicó que también permitirá “disminuir la carga administrativa que enfrentan los pacientes y sus familias”.
La administradora de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), Rosa Lugo Cabán, describió el proyecto como una “propuesta avanzada, novel, que no está en otras jurisdicciones”. Aseguró que facilitará la transición de estudiantes con impedimentos del sistema educativo hacia la vida adulta, al permitir un proceso de referimiento ágil y eliminar trámites redundantes.
Desde el Departamento de la Familia, Isabel Salgado también expresó su respaldo. Mencionó que la agencia cuenta con plataformas digitales como la de ACUDEN, por lo que anticipó que, una vez aprobado el proyecto, los procesos de elegibilidad para servicios serán casi inmediatos.
La pieza legislativa contempla una vigencia de 180 días luego de ser firmada por la Gobernadora. Sin embargo, los representantes Víctor Parés Otero y Ricardo “Chino” Ocasio Ramos solicitaron a PRITS que evalúe si ese plazo es suficiente para implementar el sistema. Al momento, el director ejecutivo de PRITS, Antonio J. Ramos Guardiola, no pudo precisar el costo del proyecto, por lo que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) fue encargada de realizar un estudio.
Los legisladores también plantearon interrogantes sobre la seguridad de los datos, ya que el expediente digital manejaría información médica, diagnósticos y evaluaciones. Todos los deponentes aseguraron que sus sistemas ya operan bajo altos estándares de protección, y PRITS no descartó utilizar encriptación para mayor seguridad.
En respuesta a preguntas de la comisión, la administradora de la ARV reconoció que existen limitaciones en los servicios para personas con discapacidad intelectual que no cualifican para los programas actuales. Señaló que esta situación representa un área donde se podría legislar, ya que muchas familias deben asumir responsabilidades adicionales ante la falta de recursos adecuados.
