La Fiscalía federal informó que la compañía acordó pagar el monto para resolver las alegaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas de que aplicó un programa de incentivos con tarjetas regalo que infringía la ley
San Juan, Puerto Rico (EFE) – La fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG, en inglés) anunciaron este lunes que MMM Holdings pagará alrededor de $15.2 millones por violaciones a la ley federal.
«La investigación del fraude en la atención sanitaria sigue siendo una gran prioridad en el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos perseguirá enérgicamente a quienes que infrinjan las leyes sanitarias de Estados Unidos», remarcó en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal para el Distrito de Puerto Rico.
El documento detalló que la compañía acordó pagar $15,228,340 para resolver las alegaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas de que aplicó un programa de incentivos con tarjetas regalo que infringía la ley.
Según el acuerdo de conciliación, MMM presentó reclamaciones de pago al Programa Medicare en relación con un programa de incentivos con tarjetas regalo implementado por MMM durante el período de enero de 2018 a diciembre de 2022.
En este contexto, Estados Unidos alegó que la empresa violaba el Estatuto Antisoborno y que resultó en violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Como resultado del esquema de incentivos, MMM distribuyó tarjetas de regalo para inducir a remitir, recomendar o acordar la afiliación de miles de pacientes a Medicare.
Estos nuevos beneficiarios de Medicare inscritos dieron paso a pagos de primas por valor de $6,091,000.
El acuerdo negociado con MMM tuvo en cuenta los esfuerzos de cooperación de la empresa y la implantación de controles internos.
Además, MMM firmó un Acuerdo de Integridad Corporativa (CIA, en inglés) de cinco años con la HHS-OIG que exige, entre otras condiciones, que MMM garantice que los acuerdos de comercialización no infrinjan el estatuto Antisoborno.
Asimismo, MMM debe contratar a una Organización de Revisión Independiente que revise los sistemas que ha puesto en marcha para realizar un seguimiento de dichos acuerdos y una muestra de los mismos.
«En este caso, agradecemos la cooperación de MMM durante la investigación y la voluntad para negociar rápidamente una resolución en este asunto», añadió Muldrow.
Este asunto fue procesado por el fiscal federal adjunto Rafael J. López-Rivera, coordinador civil de Fraude de Cuidado Médico de la Oficina del Fiscal Federal, en coordinación con la HHS-OIG y la colaboración de la Oficina Federal de Investigaciones.
