Fernando Torres Galarza colaboró con la organización responsable del asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez, el 29 de marzo pasado
San Juan (EFE) – El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó este jueves que el agente Fernando Luis Torres Galarza, vinculado con una organización criminal de la que cinco de sus miembros fueron acusados por la muerte de otro oficial, ha sido expulsado de la fuerza de seguridad.
Según explicó el comisionado en un comunicado, Torres Galarza fue despedido por partida doble, pues ya enfrentaba un proceso de expulsión por una querella previa como agente de tránsito, y ayer fue detenido y acusado de dar información confidencial a la banda criminal ‘La Familia’.
«Como policías, somos los primeros en sacar a aquellos que no cumplan con el juramento de proteger la vida de otros. Porque los que fallan son los menos, y los honrados y comprometidos no vamos a permitir que esos pocos mancillen el uniforme que llevamos todos», afirmó López Figueroa.
De acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia federal, Torres Galarza colaboró con la organización criminal, responsable del asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez, el 29 de marzo pasado, ofreciendo información privilegiada a la que tenía acceso.
Cinco personas, entre ellos el artista urbano CDobleta, fueron acusados formalmente por la muerte de Ramos Vélez frente al residencial público Sabana Abajo, en Carolina.
El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, dijo ayer en rueda de prensa que los imputados podrían enfrentar la pena capital si el fiscal federal de Estados Unidos así lo aprueba.
El pliego acusatorio detalla que CDobleta, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, confabuló junto a los otras acusados, para asesinar a tiros a Ramos Vélez.
Los demás acusados fueron identificados como Olvin O’Neill Concepción Tapia, Andyel González Sáez, Víctor Pérez Fernández y Daniel J. López Vega.
López Figueroa dijo además que ninguna expulsión de un funcionario puede darse de manera expresa.
Para ello, hay una serie de leyes que cobijan a todos los ciudadanos y obligan al Estado a asegurarles unos derechos mediante procesos que no pueden ser alterados, agregó.
«De lo contrario, la expulsión podría quedar sin efecto, por el mero hecho de que no cumplamos con esos procesos. Esto aplica para cualquier ciudadano y funcionario público, como lo es un policía», apuntó.