Fallas técnicas, solicitudes ignoradas y dudas sobre la transparencia electoral llevan el caso a los tribunales
SAN JUAN, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha demandado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en busca de acceso a información clave sobre las elecciones generales de 2024.
La acción judicial, presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, surge tras el silencio de la CEE ante solicitudes relacionadas con fallas en las máquinas de escrutinio y problemas en la transmisión de resultados.
La directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, advirtió sobre la gravedad de la falta de transparencia en un proceso electoral que ya enfrentaba cuestionamientos: «Si se quiere atender la desconfianza de la gente en el proceso electoral, la CEE debe ser transparente y dar la información que se le pide de manera oportuna».
Entre las irregularidades reportadas, el CPI destacó que, a solo cinco días de las elecciones, cerca de 1,000 máquinas destinadas a reemplazos no habían pasado las pruebas necesarias. Además, el día del evento, las máquinas presentaron múltiples fallas: no encendían, no leían papeletas y las hojas se atascaban.
Damaris Suárez, periodista del CPI, solicitó detalles sobre la cantidad de máquinas disponibles, problemas técnicos registrados, planes de mantenimiento y las acciones tomadas tras las primarias de 2024. Por su parte, Vanessa Colón Almenas pidió acceso a las actas de incidencias de las 114 comisiones locales, documentación que tampoco fue entregada.
Una investigación del CPI también reveló fallas generalizadas en la transmisión de resultados, pese a la inversión de $1.3 millones en módems que, según informes, no funcionaron en la mitad de los centros de votación.
El CPI subraya que el acceso a esta información es fundamental para evaluar y corregir los errores que marcaron las elecciones de 2024. Representado por los abogados Judith Berkan y Steven P. Lausell Recurt, el CPI busca un fallo que no solo obligue a la CEE a entregar los datos solicitados, sino que también refuerce el derecho a la transparencia en Puerto Rico.
El caso promete convertirse en un punto de inflexión para la rendición de cuentas en los procesos electorales de la isla.
