Por Marcos Pérez Ramírez
Especial para EyBoricua.com
(San Juan)- La vista pública del pasado viernes 22 de julio que se llevó a cabo en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra Caribbean Island Construction (CIC) para atender el recurso de cese y desista que la agencia radicó contra la empresa y su propietario Carlos Rodríguez Camacho estuvo plagada de una serie de irregularidades que podrían afectar la integridad y pureza del caso.
Un análisis exhaustivo de una copia de la grabación de la vista obtenida por EyBoricua.com y Bonita Radio reveló que el oficial examinador designado por el DRNA, licenciado Luis González Ortiz, nunca atendió en sus méritos la controversia de marras: la orden de cese y desista de la agencia contra CIC por estar operando un negocio de escala industrial con características de cantera en la zona protegida del karso, en lugar de estar haciendo labores de dragado para aumentar la capacidad del embalse Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago Vázquez (Súperacueducto), actividad para la cual hizo un contrato con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que ya venció el pasado 9 de julio.
Durante la vista pública, que duró un poco más de 1 hora y 20 minutos, el oficial examinador González Ortiz se refirió al caso en más de seis ocasiones sólo para solicitar que se continuara con el dragado, cuando la orden de cese y desista no es contra las actividades de dragado que CIC se supone que estuviera haciendo en el embalse, ya que precisamente el dragado nunca se hizo, según la evidencia en poder del DRNA y como demostró con evidencia documental, testifical y audiovisual la pesquisa periodística Cantera de Corrupción.
Asimismo, el oficial examinador pudo haber incurrido en más de 10 errores que pueden afectar la integridad y la pureza del caso. En más de 5 ocasiones añade sus opiniones a la controversia y actúa como comentarista de los alegatos que expone el licenciado Miguel Torres Torres, abogado de CIC y Carlos Rodríguez Camacho, y demuestra un desconocimiento total de la orden de cese y desista que emitió el DRNA, agencia que lo contrató como oficial examinador.
«Pero en este punto no importa lo que piense el DRNA, lo que importa es la decisión que va a tomar Acuaductos», dice casi al final de la vista el oficial examinador contratado por el DRNA.
De igual forma, el licenciado González Ortiz no manejó las argumentaciones entre las partes de manera estricta, permitiendo, por ejemplo, que el representante de la AAA que participó de la vista, Cristian Medina Maldonado, hiciera alegaciones sobre un estudio que no está en el récord de la vista. El oficial no le pidió que entregara el estudio al que se refería para que así constara en el récord de la vista.
En una de las instancias de la vista el abogado de CIC, licenciado Torres Torres alega que la empresa le hizo una consulta al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.
“La realidad es que el Cuerpo de Ingenieros emitió una comunicación en efecto a una consulta que se le hizo sobre este particular y si bien habrían unas consideraciones que se puedan presentar o desarrollar en el descubrimiento de prueba, el cual nosotros solicitamos, obviamente, para tener mejor visualización de lo que recursos (DRNA) quiere hacer. El Cuerpo de Ingenieros se le hizo una consulta y determino que eso es un embalse artificial. Y que por consiguiente no se requiere de ningún permiso federal para llevar a cabo esa actividad de dragado”, alega el licenciado Torres Torres, quien no fue requerido por el oficial examinador a presentar la supuesta consulta a la que se refería para que ese documento pasara a ser parte del récord de la vista pública.
¿QUIÉNES SON LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES?
La vista pública comenzó pasada la 1:04 PM, cuando el oficial examinador González Ortiz les pidió a las partes que se identificaran para el récord.
Representando al interés público estaban presentes la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon y el licenciado José Báez, acompañados de sus testigos y peritos que investigaron el caso, los vigilantes Juan Cruz y Edwin Rivera y el teniente Francisco Toledo, de la unidad marítima del DRNA en Arecibo, así como los biólogos Ramón Rivera, y José Sustache, de la división de ecología terrestre y Ferel Velázquez Cancel, oficial de manejo de áreas naturales protegidas. La geóloga Ruth Vélez quien también participó de la pesquisa fue excusada de la vista por motivos familiares.
De parte de CIC comparecieron la licenciada Joseline Mechado, el licenciado Miguel Torres Torres y el propio Carlos Rodríguez Camacho, así como la señora Jaqueline Otero, mientras que Cristian Medina Maldonado, de operaciones de la región metro de la AAA, asistió en representación de la corporación pública.
Una de las posibles fallas iniciales de la vista pública fue que el oficial examinador no leyó en voz alta, para el récord y su grabación correspondiente en audio, el documento del cese y desista que el DRNA emitió contra CIC y Carlos Rodríguez Camacho y se refirió al recurso incoado por la secretaria interina del DRNA, licenciada Anaís Rodríguez, como “el procedimiento en el caso”.
En lugar de presentarse, leer el documento y las alegaciones que allí constatan, el oficial se presentó de la siguiente manera “buenas tardes, habla el licenciado Luis González Ortiz, oficial examinador designado para presidir el procedimiento en el caso de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales versus Caribean Island Construction, LLC, Carlos Rodríguez Camacho, presidente, caso #22-146-A” y luego procedió a pedirle a las partes y sus acompañantes a que se identificaran para el récord.
¿QUIÉN ES EL LICENCIADO LUIS GONZÁLEZ ORTÍZ?
El DRNA contrató al licenciado González Ortíz por la cantidad de $69,120 el pasado martes 19 de julio, para actuar como oficial examinador del caso del arenero ilegal que estableció CIC en Arecibo. La copia del contrato, que aún no ha sido publicada en el portal digital de la Oficina del Contralor y que fue solicitada por EyBoricua.com y Bonita Radio la semana pasada, vence el 30 de julio del 2023.
El licenciado González Ortíz es socio del bufete de abogados González-Ortíz Law Offices, P.S.C, con oficina en la zona bancaria de Hato Rey. La firma González-Ortíz tiene más de 20 contratos registrados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico desde septiembre del 2009 al 19 de julio del 2022.
La remuneración de los contratos -la mayoría de ellos con el DRNA y la Junta de Calidad Ambiental (JCA), así como contratos con la Universidad de Puerto Rico, la Administración de Rehabilitación Vocacional y la Autoridad para el Centro de Convenciones- registrados a nombre de la firma González Ortíz totalizan $1,593,844.
Asimismo, la firma del licenciado González-Ortiz tiene 16 contratos con el DRNA, JCA y la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) -dos agencias que pasaron bajo la tutela del DRNA- que totalizan $793,844.
El licenciado González Ortíz también ha sido designado oficial examinador en otros casos de interés público, como en la controversia en torno a la construcción en zona marítimo terrestre del condominio Sol y Playa, en Rincón. Así como del caso de Energy Answers, la planta incineradora de desperdicios para generar energía, que se propuso en Arecibo hace una década.
SUBSECRETARIO DE AUXILIAR DE PERMISOS DRNA ESTUVO EN VISTA
En la vista también estuvo presente el ingeniero Luis Sierra, subsecretario auxiliar de permisos, utilizando una laptop, según pudo documentar EyBoricua.com.
Durante la vista, el abogado de CIC, licenciado Miguel Torres Torres, hace alusión a una consulta que Rodríguez Camacho le hizo directamente al secretario auxiliar de permisos del DRNA, Luis Sierra, sin que Sierra hubiera sido presentado para el récord.
Según reveló la pesquisa periodística entre EyBoricua.com y Bonita Radio, el ingeniero Luis Sierra, le respondió directamente al contratista Rodríguez Camacho, presidente de CIC, en respuesta a una misiva que éste le envió el 6 de abril. Cuando Sierra y Rodríguez Camacho se estaban comunicando mediante cartas, la pesquisa del DRNA llevaba más de un mes en curso.
Rodríguez Camacho escribió a Sierra para consultarle sobre la operación de extracción y remoción de material de la corteza terrestre que lleva a cabo CIC en el área en el contexto del “Reglamento Conjunto 2020” y en cuanto a si la utilización de una ‘zaranda’ para cernir el material extraído debe ser “considerado como procesamiento de material de la corteza terrestre”.
Rodríguez Camacho alega en su carta que la operación que lleva a cabo su empresa solamente usa una zaranda para cernir el material crudo y quitar algunos desechos que pueden inmiscuirse, como botellas o basura.
Al contestar en favor del contratista, Sierra utiliza como base una preconsulta que realizó la empresa Areneras de Yabucoa a OGPE – totalmente ajeno al proyecto del dragado -, basándose en el Reglamento Conjunto 2020.
Ese Reglamento Conjunto fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo no atendió un caso incoado por los dueños del Condominio Sol y Playa en sus méritos, por lo que prevalece la decisión de nulidad del foro intermedio.
AAA SABIA QUE CIC NO TUVO NUNCA TODOS LOS PERMISOS PARA DRAGAR
De otra parte, Bonita Radio también reportó que el abogado del contratista informó en la vista que la obra está paralizada por la AAA, porque requirió que Caribbean Island Corp. (CIC) obtuviera el Permiso General de Obras (PGO), que obtuvo el pasado viernes 22 de julio en horas de la mañana.
Mientras el DRNA asegura que tiene prueba para establecer que en las fincas donde ubican las charcas en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez en el Superacueducto del Norte, se viabilizó una actividad de cantera comercial, es la propia parte querellada la que admitió que no fue hasta el 22 de julio que obtuvo el PGO para la obra que alega que comenzó en enero del pasado año.
Evidencia en poder de Bonita Radio sitúa el inicio de la operación en noviembre del 2021.
La información ventilada el viernes en la vista administrativa en el DRNA, confirma uno de los extremos revelados por la investigación periodística de Bonita Radio y Ey Boricua, al examinar documentos que establecieron que cuando se iniciaron los trabajos de ‘dragado’ que resultó ser una operación de extracción y procesamiento de material de corteza terrestre, CIC no tenía todos los para ejecutar el contrato, según la inspección que hicieron funcionaros del DRNA.
