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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (7 de enero de 2022) – La Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) solicitó la revisión de una reciente decisión del Tribunal Federal de Quiebras de San Juan porque la determinación podría estimular que los ganaderos que violen la reglamentación local se declaren en quiebra para evadir el castigo que conllevan sus actos.
El representante legal de la ORIL, el licenciado Edward W. Hill, sostuvo que la decisión del Tribunal Federal, que concluyó que esa entidad violó las normas federales cuando autorizó vender la cuota de leche de un ganadero que se había declarado en quiebra, también dejará sin efecto las leyes locales y disposiciones reglamentarias que regulan la cuota de producción de leche y que prohíben actos fraudulentos como la adulteración y el tráfico ilegal de leche.
El abogado también le advirtió al Tribunal de Quiebras que la decisión causará serias implicaciones en otras agencias del gobierno, que al igual que la ORIL, tienen la responsabilidad de imponer leyes y reglamentos contra el fraude y otras prácticas prohibidas.
En una moción presentada el pasado 4 de enero del 2022, Hill le solicitó al Tribunal de Quiebras una vista interlocutoria con el fin de revisar la decisión de la jueza federal, Mildred Cabán Flores, quien el pasado 23 de diciembre determinó que el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos, violó la suspensión automática federal que prohíbe cobrar deudas de un deudor que se ha declarado en quiebra.
Campos cometió la violación durante su incumbencia como administrador de la ORIL el pasado cuatrienio, cuando autorizó subastar públicamente la cuota de leche del ganadero Luis Manuel Ruiz Ruiz, a quien el administrador de la ORIL también le revocó su licencia de productor en 2018, por el presunto tráfico ilegal de leche.
La moción el licenciado Hill sostiene que las acciones de Campos surgieron en cumplimiento de las leyes y la reglamentación local. Específicamente, menciona la ley 301 de 2000, que regula las transacciones relacionadas con una cuota de leche y los reglamentos de la ORIL 8660 y 8889.
Ruiz Ruiz se había acogido en 2015 al capítulo 12 de la ley federal de quiebras, que permite a un agricultor reestructurar sus deudas.
“Según el fallo (de la jueza Cabán Flores), si un productor lechero está en quiebra y su licencia es revocada, evita las consecuencias de sus malas acciones porque su cuota no estaría sujeta a confiscación u otro control por parte de la agencia. Esto invalida la Ley 301; los artículos 5 y 7 del reglamento 8660 y el reglamento 8889. Por ejemplo, en un caso en el que un contrato de arrendamiento simulado se ha realizado en violación de la ley, el castigo incluye la confiscación de la cuota. Los agricultores infractores pueden solicitar quiebra en cualquier momento antes o durante el proceso judicial y evitar el decomiso de la propiedad utilizada en el esquema fraudulento”, indicó el licenciado Hill en la moción.
En el documento de 10 páginas, el abogado explica que, si un ganadero comete “actos ofensivos y violatorios de la salud pública, como el tráfico ilegal de leche o la adulteración de la leche, el procedimiento reglamentario exige la revocación de la cuota”. Pero Hill advierte que el ganadero “puede presentar una petición de quiebra y proteger el mismo activo que usó para violar la ley y la regulación sin miedo a perderlo jamás”.
El representante legal de la ORIL sostuvo, además, que la decisión de la jueza Cabán Flores causará “implicaciones políticas radicales para una serie de asuntos que le corresponde regular a la ORIL y para otras agencias estatales”.
La moción alega que la vista interlocutoria le permitirá al Tribunal aclarar dos asuntos vitales que surgen de la controversia y que el abogado presenta en dos interrogantes. En la primera se pregunta si “¿una agencia estatal como la ORIL, que regula la producción y las cuotas de leche, viola la suspensión automática si está haciendo cumplir una sentencia no monetaria obtenida en una acción o procediendo por dicha unidad gubernamental, o cuando hace cumplir su poder de regulación policial contra la propiedad que dicha agencia regula, a pesar de que no existe ningún riesgo adicional para el público en el uso de esa propiedad?
La segunda interrogante cuestiona de manera escueta si la ley de quiebras “permite a un productor lechero con licencia proteger su cuota de producción de las consecuencias legales y reglamentarias de sus malos actos”.
En su decisión la jueza Cabán Flores sostuvo que Campos decidió llevar a subasta la cuota de leche de Ruiz Ruiz a pesar de que la ORIL es una de las partes interesadas en este caso de quiebra del ganadero y tenía conocimiento de que está protegido por la suspensión automática.
Otra violación cometida por Campos y señalada por la jueza Cabán Flores es que para conocer el monto de lo adeudado por Ruiz Ruiz, la ORIL se comunicó con la empresa Cayman Asset Company, un acreedor que había emitido notificaciones de embargo contra la cuota de leche del ganadero.
Según el fallo de la jueza, otra violación de la suspensión automática surgió cuando Campos y la ORIL intentaron ejercer control sobre la cuota de leche de Ruiz Ruiz, al requirir a los participantes de la subasta una oferta mínima y anunciar que la cuota estaba libre de gravámenes.
La jueza Cabán Flores recordó que las normas federales permiten eximir el requisito de la suspensión automática si es para proteger al público. Pero señaló que no encontró evidencia que probara que la ORIL pretendiera garantizar la seguridad y el bienestar público al subastar la cuota de leche. Incluso, la jueza indicó que la ORIL abordó el asunto del bienestar público cuando se revocó la licencia que le permitía a Ruiz Ruiz producir leche.
De acuerdo con la juez, una vez la licencia del demandante fue revocada, no pudo vender su leche y no hubo más riesgo para el público, aunque el ganadero continúa siendo el propietario de la cuota de leche.
Sobre este aspecto del caso el licenciado Hill planteó dos decisiones del Primer Circuito que concluyeron que la suspensión automática no debe utilizarse como protección contra la aplicación y el cumplimiento de las leyes estatales y locales válidas.
La jueza ordenó celebrar una vista para presentar evidencia con el fin de estimar los daños causados por el ex administrador de la ORIL contra Ruiz Ruiz. El ganadero alegó que sufrió daños y hostigamiento, porque tuvo que incurrir en honorarios legales para defender su cuota de leche del intento de subasta ordenado por Campos. La subasta fue detenida por una orden del Tribunal de Quiebras.
