Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan– En lo que representa un nuevo revés para la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), el Tribunal Federal de San Juan confirmó una decisión del Tribunal de Quiebras que avaló una petición de sentencia sumaria contra la agencia reguladora, porque autorizó vender en subasta pública la cuota de leche de un ganadero que se había declarado en quiebra.
La pretendida venta de la cuota violó la llamada suspensión automática federal, que prohíbe a los acreedores de un ciudadano o de una empresa que se ha declarado en quiebra, actuar contra sus activos con el fin de cobrar deudas.
La determinación de Tribunal federal, que fue emitida el pasado 20 de septiembre por el juez Francisco Besosa, allana el camino para la celebración de una vista en el Tribunal de Quiebras para compensar al ganadero Luis Manuel Ruiz Ruiz con fondos públicos del gobierno de Puerto Rico, por los daños causados por la ORIL.
Ruiz Ruiz solicitó al Tribunal de Quiebras una sentencia sumaria alegando que ya es un hecho constatado que la ORIL violó la suspensión automática al intentar vender su cuota de leche en subasta pública mientras se dilucidaba su quiebra en el tribunal. El mecanismo sumario pretende resolver el caso de manera rápida cuando se han dirimido los principales asuntos de una controversia.
El pasado cuatrienio la ORIL decidió vender en subasta pública la cuota de leche de Ruiz Ruiz, mientras sus bienes estaban protegidos por la suspensión automática.
La decisión fue tomada por el actual subsecretario de Agricultura, Jorge Campos, quien el pasado cuatrienio ocupó la posición de administrador de la ORIL. Actualmente la ORIL es administrada por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien pasó a ocupar la posición varias semanas atrás, tras la inesperada renuncia del licenciado Javier Lugo Rullán.
González Beiró deberá lidiar con la presente determinación del Tribunal Federal y decidir si la ORIL acudirá a solicitar una revisión de la decisión al Primer Circuito de Apelaciones, ubicado en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts.
De hecho, en ese tribunal se encuentra otra disputa del ganadero Ruiz Ruiz con la ORIL, relativa los daños económicos que enfrentó como resultado de la objeción de la agencia reguladora a que el ganadero alquilara su cuota de leche.
Ruiz Ruiz se había acogido en 2015 al capítulo 12 de la ley federal de quiebras, que permite a un agricultor reestructurar sus deudas.
ORIL revoca licencia a ganadero
La ORIL revocó la licencia de la vaquería de Ruiz Ruiz el 22 de octubre de 2018 por violar las normas de seguridad y porque, alegadamente, incurrió en el tráfico de leche, que es un tipo de fraude sancionado por la ORIL y que se realiza cuando un ganadero reclama leche que su granja no produjo.
El 3 de diciembre de 2020 Campos emitió un aviso para vender la cuota de Ruiz Ruiz en subasta pública, la cual fue detenida por una orden del Tribunal Federal, luego de que la representación legal del ganadero denunciara que la subasta representaba una violación a la suspensión automática.
El 23 de diciembre del 2021 la jueza federal del Tribunal de Quiebras, Mildred Cabán Flores, concluyó que decisión de Campos violó la suspensión automática y ordenó celebrar una vista para presentar evidencia con el fin de estimar los daños causados por el ex administrador de la ORIL contra Ruiz Ruiz. El ganadero alegó que sufrió daños y hostigamiento, porque tuvo que incurrir en honorarios legales para defender su cuota de leche del intento de subasta ordenado por Campos.
Luego, Ruiz Ruiz solicitó que se emita una sentencia sumaria y el Tribunal de Quiebras aceptó la petición del ganadero.
Apela la ORIL
La ORIL apeló la decisión invocando la excepción que permite interrumpir la suspensión automática ante el poder regulatorio del estado en tres instancias principales: impedir que un deudor logre frustrar las obligaciones regulatorias del gobierno al buscar la protección del tribunal de quiebras; la excepción se puede conceder si se prueba que el estado u otra entidad no obtendrán beneficio económico y por último, la excepción busca garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
El juez Besosa sostuvo al acogerse al capítulo 12 de quiebras Ruiz Ruiz no intentó evadir la revocación de la licencia de leche, sino que pretendía conservar sus propiedades.
El juez también advirtió que con la venta de la cuota de leche de Ruiz Ruiz en subasta pública la ORIL no protegía la seguridad de la comunidad porque el ganadero no estaba manejando la producción de leche desde que fue revocada su licencia. Incluso, la ORIL estaba enterada de que el ganadero había presentado varias mociones en el tribunal de quiebras para vender su cuota de leche por $10 el litro.
“En consecuencia, el reclamo de seguridad pública (de la ORIL) no puede suspender la suspensión automática”, sostuvo Besosa.
Juez rechaza argumentos
El juez también señaló que la acción de la ORIL tampoco satisface el requisito pecuniario, que exige probar que ni el estado ni otra entidad obtendrá beneficio económico al permitir la excepción.
El juez sostuvo que antes de la subasta la ORIL se comunicó con la empresa Cayman Asset Company, un acreedor que había emitido notificaciones de embargo contra la cuota de leche del ganadero. Con esta acción la ORIL estableció “un esquema de distribución paralelo de la propiedad del deudor, fuera del proceso de quiebra”, sostuvo el juez.
En una decisión anterior, la jueza Cabán Flores había sostenido que, aunque la ORIL no pretendía obtener beneficio económico a través de la subasta de la cuota de leche, si establece que el organismo promovió los intereses pecuniarios de la empresa Cayman Asset Company, al poner en marcha “un mecanismo que satisfaga rápidamente la deuda de este acreedor fuera de del tribunal de quiebras”. Estos planteamientos también fueron avalados por el juez Besosa.
Finalmente, el juez federal sostuvo que “otros tribunales han aplicado la excepción del poder regulatorio de estado por razones políticas de peso que no se dan en este caso. Dado que la disposición del tribunal de quiebras relativa a la excepción del poder regulatorio del estado es jurídicamente sólida y se sustenta en los hechos de este caso, se confirma la decisión de la sentencia sumaria”.
