Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (27 de abril de 2022) – El representante popular, Luis ‘Narmito’ Ortiz, asignó en diciembre del 2021 $100,000 para la celebración de un festival en el sector los Cayos de la Bahía de Jobos en Salinas, a pesar del daño ambiental causado a la reserva estaruina en la Bahía de Jobos por la celebración de otro festival denominado Festival del Cayo, el cual fue organizado por el legislador y efectuado en septiembre del 2015.
La asignación de fondos fue efectuada por el representante Ortiz el pasado 2 de diciembre a través del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que administra la Autoridad de Tierras (AT). El contrato de asignación de los fondos fue firmado por la ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, lo cual es un procedimiento estándar en ese tipo de asignaciones.
No obstante, el contrato dispone en su cuarta cláusula que la transferencia de fondos irá dirigida a beneficiar a los residentes del distrito representativo número 30, que es el distrito que eligió al representante Ortiz. Una fuente relacionada con la AT confirmó que la asignación la efectuó el representante Ortiz.
Los fondos, según el contrato, provienen de las partidas para mejoras permanentes y de servicios directos a la ciudadanía del FMM, que le tocan al representante.
El legislador asignó los $100,000 a la entidad corporativa sin fines de lucro Festival de los Cayos Bahía de Jobos Inc., y a su director operacional, Carlos González, quien es vecino del pueblo de Arroyo, según indica el contrato.
La corporación había sido revocada
No obstante, González no figura en los documentos de registración de la corporación ante el Departamento de Estado. Aunque la corporación está activa, del registro digital se desprende que el 31 de diciembre de 2019 el ex secretario de Estado, Elmer Román González, emitió un certificado de revocación contra la corporación. “Certifico que Festival de los Cayos Bahía de Jobos Inc., registro número 337676, ha sido cancelada según lo establece la Ley General de Corporaciones”, indica el documento.
Pero el 8 de febrero de 2021, el agente residente de la corporación, Ismael Ortiz De Jesús, notificó que la entidad “estará en un proceso de reestructuración y reorganización”. También informa Ortiz de Jesús que “me he dado a la tarea de la reactivación de la misma. Una vez reactivada se procederá a buscar nuevos miembros y seleccionar una nueva Junta de Gobierno”.
El 22 de febrero de 2021, Ortiz De Jesús, emitió otro documento en el que declara que la información contenida en el certificado de registración “es incorrecta y entiendo que estoy obligado a presentar las enmiendas correspondientes tan pronto como sea posible para corregir la información en el registro”.
En el registro digital se indica que Ismael Soto Ortiz es el presidente; Héctor Vázquez Suren, el vicepresidente, y Javier Texidor García, el tesorero.
González Beiró despide a Rivera Martínez
No está claro si los $100,000 fueron desembolsados por la AT a la citada corporación.
El pasado 17 de febrero el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, despidió a Rivera Martínez, de su posición como directora ejecutiva de la AT. La exfuncionaria había denunciado numerosas irregularidades en el FMM.
El despido aconteció en medio de una pugna entre Rivera Martínez y González Beiró, quien deseaba intervenir en la AT para acelerar el pago de las asignaciones del FMM, una tarea que se realiza en conjunto entre el Programa de Infraestructura Rural y la división de finanzas de la AT.
Los desembolsos de las asignaciones del FMM emitidas por los legisladores fueron detenidas luego de que se detectó una cuantiosa asignación de fondos a tres corporaciones sin fines de lucro y porque la división de finanzas no estaba corroborando si los desembolsos cumplían con las normas establecidas por el Código de Rentas Internas.
González Beiró ordenó una “auditoría externa” de los desembolsos del FMM. La auditoría fue encomendada a un bufete de abogados y no a una entidad de auditores con experiencia en fondos públicos.
Rivera Martínez objetó que los archivos de FMM fueran extraídos de la AT con el presunto objetivo de facilitar el inicio de la auditoría. Ante la sospecha de que tales acciones se prestarán para nuevas irregularidades, Rivera refirió el asunto para investigación a la Oficina del Inspector General y a la Oficina del Contralor.
DRNA detecta daño ambiental
El daño ambiental generado en Cayo Barco en Salinas durante el evento organizado por el representante Ortiz en 2015, quedó plasmado en un informe del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En la actividad participaron la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, y el ex representante Manuel Natal, cuando militaba en el Partido Popular Democrático.
El permiso emitido por el DRNA para la actividad prohibía el uso de barbacoas, tarimas y requería el recogido de la basura allí generada. Funcionarios de la agencia constataron que todas las condiciones impuestas no se cumplieron. El informe, que fue preparado por el sargento Ángel Colón y el biólogo Milton Muñoz, detalla los daños ambientales provocados por el festival.
El DRNA concedió el permiso a pesar de la oposición de la directora de la reserva estaruina en la Bahía de Jobos, Aixa Pabón, debido a la posibilidad de que el impacto ambiental de la actividad afectará la reserva, la cual está poblada por manatíes.