Por Sandra D. Rodríguez Cotto
Especial para EyBoricua
El alcalde interino de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, rechazó confirmar si se postulará para alcalde de este bastión del Partido Popular Democrático, atormentado por la suspensión del alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez, acusado de por malversación de fondos y negligencia por inversiones que hipotecaron propiedades municipales.
“Yo estoy de manera interino. Todos sabemos que el alcalde (Rodríguez) fue suspendido y estamos dándole continuidad a muchos proyectos que estaban en pleno desarrollo. Tenemos varios en planificación, pero desconozco qué va a pasar con el alcalde. Nos enteramos de lo que pase con él por los medios”, sostuvo.
Ramos Ruiz, quien era el vicealcalde, fue designado por el propio Rodríguez cuando éste fue suspendido el año pasado por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), por supuesta conducta criminal impropia tras el traspaso de activos del ayuntamiento a la empresa municipal con fines de lucro Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI). En ese caso dos asesores del Municipio fueron arrestados por autoridades federales con relación a un esquema de fraude electrónico y lavado de dinero, relacionado a unos $9 millones de dólares que eran para reparar el Hospital de Trauma del municipio y fueron traspasados cubrir inversiones.
De hecho, hoy la Oficina del FEI anunció que mañana, 1ro de junio, será la presentación de cargos contra Rodríguez y contra la directora de finanzas y presupuesto del municipio, Yahaira Valentín Andrades. Esto será en el Tribunal de Primera Instancia, sala de investigaciones en San Juan.
“Como he mencionado me enfoco en el trabajo que se tiene que realizar. Soy ingeniero de profesión y este no es el momento para hablar de si buscaré o no un puesto”, agregó Ramos Ruiz.
Sus expresiones fueron hechas ayer, al concluir una concurrida presentación de vecinos de la comunidades Las Mesas y Pura Brisas en este municipio, donde la Autoridad de Tierras ha comenzado a mercadear e intenta vender terrenos protegidos que forman parte de un bosque. La comunidad se opone a dichos desarrollos porque es una zona protegida, y porque cualquier acción en la cima de la montaña afecta a comunidades que quedan en las zonas bajas. Los movimientos de terrenos hechos provocaron inundaciones tras el paso de la tormenta Isaías en el año 2020.
Mayagüez siempre ha sido un bastión del Partido Popular Democrático, pero está en un proceso de reorganización política tras una significativa baja electoral en el 2020 y la suspensión de Rodríguez. Se especula del interés de varias personas por buscar la alcaldía, incluyendo al vicepresidente del PPD en Mayagüez, el exrepresentante Charlie Hernández. Este mantenía una relación antagónica con Rodríguez.
En marzo el veterano Rodríguez fue suspendido por presuntas irregularidades administrativas y fiscales en su Ayuntamiento hechas por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) adscrita a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei).
La resolución también despojó al alcalde del uso de vehículos oficiales, celular, tarjetas de crédito, computadora y otros bienes pertenecientes al municipio de Mayagüez. También se le impidió acceso a la Casa Alcaldía o a otras instalaciones municipales. Al momento de la suspensión, Rodríguez llevaba 27 años como alcalde en Mayagüez.
La suspensión de Rodríguez surgió tras la recomendación que hizo el Departamento de Justicia en septiembre de 2021 a la Opfei cuando pidió la designación de un FEI contra Rodríguez, y la gerente de Finanzas municipal, Yahaira Valentín por las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development (MEDI).
De acuerdo con la investigación, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de 9,8 millones de dólares de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez.
Sin embargo, Rodríguez y Valentín autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.
La investigación de Justicia determinó que el excalcalde y Valentín transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, provocó gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores.
De acuerdo a la ley, el uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.
En marzo del 2021 el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó al La investigación del DJ respondió a un referido que hizo el representante novoprogresista José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, tras el arresto por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de varios asesores del alcalde, incluyendo al director de las empresas municipales.
Precisamente en marzo del año pasado, el FBI arrestó al asesor financiero del municipio Eugenio García, al asesor legal Arnaldo Irizarry Irizarry, al asesor Roberto Mejill Tellado y al exdirector ejecutivo de MEDI Alejandro Riera Fernández. Entre el grupo de arrestados también estuvo los hermanos Stephen y Joseph Kirkland, así como a Steve Minger.
Al grupo se le acusó de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Según el pliego acusatorio, García Jiménez representó al municipio que colocaría $9 millones en inversiones de alto rendimiento. Sin embargo, no lo hizo y de inmediato, con la supuesta ayuda de los hermanos Kirkland y de Minger, transfirió ese dinero a otras cuentas a través de una red de entidades corporativas.
Originalmente el alcalde Rodríguez buscaba hipotecar 58 propiedades (incluyendo la Casa Alcaldía y varias plazas) por $400 millones, a través de la MEDI. La idea era gestionar una línea de crédito de $400 millones, según documentos que trascendieron públicamente.
