San Juan (22 de junio del 2020) – El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa denunció hoy la aprobación de un Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Puerto Rico entre la AEE y la Autoridad de Alianzas Público-Privada de Puerto Rico asegurando que no fue un proceso transparente ya que se hizo sin participación pública.
“La votación sobre este acuerdo es una de las decisiones más importantes con respecto a la AEE, desde su creación en 1941. El acuerdo, y la información relacionada, solo fueron discutidos en una ocasión por la Junta de Gobierno de la AEE, votando el siguiente día laborable. No hubo interacción entre la Junta de la AEE más allá de las reuniones privadas con algunos miembros de la Junta y la Autoridad de Alianzas Público-Privada”, manifestó Torres Placa al tiempo que indicó que votó en contra del acuerdo.
“La aprobación del contrato preliminar entre la AEE y la Autoridad de Alianzas Público-Privada, por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico, se produjo sin ninguna participación pública. Para que ocurra la transformación de la AEE, debe hacerse con los más altos estándares de transparencia, apertura y confianza. La forma en que se llevó a cabo este proceso muestra que todavía falta trabajo por hacer para lograr estos estándares”, subrayó.
Añadió que la aprobación del operador de un sistema de transmisión y distribución normalmente se realiza con una amplia participación debido a los impactos que tiene en todos los sectores que constituyen el interés público, incluyendo prioritariamente todas las clases de clientes y, en el caso de Puerto Rico, la sociedad en general, ya que la AEE es el único proveedor de electricidad en la isla.
“La pregunta es: ¿por qué sucedió esto? Sucedió porque se planeó de esa manera desde su concepción en la Ley 120 de 2018, y se decidió mantener ese camino durante todo el proceso. La Ley 120 desplazó y eliminó todos los poderes del regulador (Negociado de Energía de Puerto Rico) en este proceso, solo permitiendo que la entidad reguladora emita un Certificado de Cumplimiento de Energía para «certificar» que el acuerdo cumple con el marco regulatorio”, sentenció.
“La AEE está en bancarrota. Sus indicadores de insolvencia y déficit están más allá de parámetros normales. Basado en los estados financieros interinos de marzo de 2020, los pasivos totales de la AEE suman $17,215 millones, el ‘net position’ entre activos y pasivos refleja un déficit de $ 7,954 millones y un déficit del año fiscal corriente de $332 millones. El acuerdo de reestructuración de deuda propuesto (RSA) entre la AEE y sus bonistas no resuelve su problema de insolvencia, ya que solo atiende las obligaciones a largo plazo relacionadas con emisiones de bonos. Esto significa que si la totalidad de deuda a largo plazo de la AEE por concepto de emisiones de bonos por $8,300 millones se descarta como parte de los procesos de bancarrota (donde por el contrario el acuerdo actual solo considera un corte entre 32.5% y 22.5%). Aún así, la AEE permanecerá en parámetros de insolvencia. No existe una organización alguna que pueda operar bajo estos parámetros. Por lo tanto, hasta que se presente un plan de reestructuración que resuelva la insolvencia profunda de la AEE en virtud del Título III de PROMESA en un tribunal federal, la insolvencia de la AEE permanecerá”, dijo Torres Placa.
“Si se entiende que el acuerdo de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución pudiera traer algún tipo de beneficio a la AEE, entonces ejecutar esta alternativa en medio de la quiebra de la Autoridad no solo frustraría este esfuerzo, sino que también desincentivaría cualquier otro esfuerzo futuro”.
Torres Placa aseguró que según las tarifas actuales de la AEE, y teniendo en cuenta su déficit actual, este costo adicional generará una presión hacia el alza en las tarifas de electricidad.
“En términos más simples, si el operador no puede generar ahorros que neutralicen el costo adicional que representa este acuerdo, el operador tendrá derecho a presentar ante el regulador una petición para aumentar las tarifas”, señaló.
«En fin, en el día de hoy queremos denunciar públicamente la falta de participación pública, falta de transparencia y un proceso basado en parámetros legales cuestionables. Ejecutar este acuerdo en medio de la bancarrota de la AEE, con indicadores de insolvencia y déficit más allá de los parámetros normales; y la incertidumbre en términos del impacto que tendrá este acuerdo en las tarifas, considerando los efectos económicos de los huracanes de 2017 Irma y María, los terremotos de enero de 2020 y la actual pandemia, son razones suficientes para repensar este acuerdo”, concluyó.
