Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
Los certificados de deuda que se obtengan directamente en las agencias del gobierno continuarán libres del cargo de $5 que estableció una medida aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, que crea la Certificación Única de Deuda, una nueva estructura gubernamental y tecnológica que canalizará la venta de las certificaciones de deuda a través de la internet.
El senador Larry Seilhamer, autor del Proyecto 87 que crea la nueva estructura, se comprometió con revisar el lenguaje de la medida para que el cargo $5 solo aplique a los certificados de deuda que se obtengan por internet.
“Definitivamente vamos a revisar el lenguaje de la medida para que no quede duda de que no se le impondrá cargo alguno a las certificaciones de deuda que los ciudadanos obtengan directamente en la agencias. Ese no es el espíritu de lo que queríamos hacer”, indicó el Seilhamer.
El nuevo organismo público sería el encargado de administrar la Certificación Única de Deuda, un documento que se obtendría a través de la internet y que acreditaría que los ciudadanos o las empresas están en cumplimiento con el Departamento de Hacienda, del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), que tiene a cargo el Centro Médico de Río Piedras.
El Proyecto 87 dispuso que la Certificación Única de Deuda tendría un costo de $5. A su vez, la medida indica que los ciudadanos podrán obtener por internet una certificación de deuda de una agencia en particular y su costo también será de $5. Actualmente los ciudadanos pueden obtener los certificados de deuda gratuitamente en las oficinas de las cinco agencias con excepción del CRIM, que impone un cargo de $2 para determinados certificados y $2.50 para otros.
El Proyecto 87 también aclara que los ciudadanos que deseen tramitar sus certificados directamente en las agencias y no a través de internet, lo podrán hacer pero deberán pagar el cargo de $5. Los certificados tendrán una vigencia de 30 días.
“Lo que queríamos hacer con esta medida es hacerle la vida más fácil la ciudadanía ofreciendo la Certificación Única de Deuda por “on line” y así evitar la burocracia, los viajes en auto y el pago por estacionamientos. Pero si la gente desea ir a las agencias a sacar su certificado de deuda de ninguna manera se le va a imponer un cargo”, reiteró Seilhamer.
La medida se aprobó en el Senado en enero de este año y la Cámara lo avaló el 10 de octubre. El día 29 de octubre los presidentes de la Cámara y del Senado, Carlos Méndez y Tomás Rivera Schatz, lo firmaron y luego fue enviado a la Fortaleza para la firma de la Gobernadora Wanda Vázquez. Pero el 7 de noviembre el Senado solicitó la devolución de la medida, tras lo cual el día 14 la Fortaleza la devolvió.
Ese día se le hicieron dos enmiendas en el Senado que fueron respaldadas por la mayoría del PNP y por los senadores presentes de las minorías del PPD y PIP. La primera enmienda fue para indicar que el cargo de $5.00 podría cambiar “según se disponga por reglamento”.
La segunda enmienda modificó la fecha dispuesta para comenzar la vigencia de la medida que originalmente se estableció el 1 de julio del 2020, pero con la enmienda se acordó iniciar la vigencia el 1 de julio del 2021, es decir, después del periodo eleccionario que tendrá lugar el 3 de noviembre del 2020.
La enmienda al Proyecto 87 sería evaluada por la Cámara de Representantes en enero del próximo año cuando comienza la próxima sesión legislativa. Si la medida es aprobada en ese cuerpo estará lista para la firma de la Primera Ejecutiva.
Seilhamer sostuvo que por medio del Comité de Conferencia que se deberá organizar en enero para que el Senado y la Cámara logren un acuerdo sobre la medida, se establecerá un lenguaje claro para eximir del cargo a los certificados que provean las agencias en sus oficinas. El senador agregó que la enmienda que dispone que el cargo de $5 dependerá de lo se acuerde en un reglamento, obliga al Ejecutivo a celebrar vistas públicas.
“Las vistas públicas las exige la Ley de Reglamentación Uniforme y la ciudadanía se podrá expresar sobre el cargo”, indicó el senador. La medida explica que el Principal Ejecutivo de Información junto a OGP y las cinco agencias redactarán el reglamento de la ley, armarán el andamiaje técnico para establecer la Certificación Única de Deuda e identificarán el presupuesto necesario para ofrecer el servicio.
Sheilhamer dijo que en la primera versión del proyecto que redactó no contempló imponer el cargo de $5 y que la sugerencia provino de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en las vistas públicas que celebró la Comisión de Gobierno del Senado, que fue presidida por el senador Miguel Romero.
“OGP sugirió establecer un cargo para cubrir el costo de la plataforma electrónica que se tiene que crear para el servicio por internet”, dijo Seilhamer. Según OGP, para poner en vigor la nueva Certificación Única de Deuda se deberá crear una nueva plataforma computadorizada que integre los servicios cibernéticos de certificación de las cinco agencias y un sistema para pagar el cargo de $5.00 a través de internet. En una vista pública OGP indicó que el costo de la plataforma, los recursos humanos y las licencias ascendía a $1 millón. Una fuente conocedora del trámite sostuvo que en conjunto las cinco agencias podrían emitir entre 350,000 y 400,000 certificaciones mensuales, por lo que el ingreso promedio podría oscilar entre $21 y $24 millones anuales.
