Las dificultades incluyen falta de seguimiento a denuncias, ineficacia en ejecutar órdenes de arresto y la revictimización en el proceso legal
Por Riamny Méndez Féliz, Suleika Polanco, Alicia Méndez Medina y Génesis Dávila Santiago
Todas y Centro de Periodismo Investigativo
Juana tuvo que pedir asilo por violencia de género. Así, dejó atrás su vida en la República Dominicana para escapar de su expareja, que además de golpearla y maltratar a los hijos en común, intentó violarla y la acosó sexualmente durante al menos dos años.
«Para mí, el sistema falló en todo, porque cuando le dieron más seguimiento a mi caso, ya yo le había puesto cinco denuncias en la fiscalía», dice Juana, cuyo nombre se cambió por razones de seguridad.
«Quería obligarme a que yo tuviera relaciones con él. Venía, hablaba con los niños, como eran pequeños… él tenía orden de alejamiento y los niños le abrían la puerta por la parte de atrás. Entraba por el patio, con la punta de los pies para que yo no me diera cuenta y se iba encima de mí en la cama, yo durmiendo», cuenta. Y agrega: «Yo tenía hasta cuatro órdenes de alejamiento. Él nunca respetó eso».
Juana sobrevivió a su agresor, que sigue libre, y a las fallas del sistema, gracias a una red solidaria de amigas, abogadas y organizaciones feministas que, ante la imposibilidad de que las autoridades la libraran del acoso, y tras idas y venidas a casas de acogida, hicieron gestiones y presión para que pudiera emigrar legalmente, recibir apoyo en el país receptor y acoger a sus hijos en su nuevo domicilio. Ha empezado otra vez, lejos de su familia de origen, con otra lengua y otro oficio.
Guarda, como prueba de sus luchas contra el sistema, una orden de arresto que no se ejecutó y otra de alejamiento. Emigrar nunca estuvo en sus planes hasta que entendió que solo así podría criar a sus dos hijos.
«Tuve que irme, porque ya cuando me pusieron en casa de acogida, como él tenía sus influencias, a él lo arrestaron y lo soltaron, entonces ya mi vida corría peligro. Había gente acechando mi casa, ya él no estaba preso, por eso tuve que dejar el país», narra resignada, con la tranquilidad de quien se sabe lejos de su pesadilla.
Para salvar a Juana, hizo falta que una de sus abogadas, y su amiga, cuidara a sus hijos por un tiempo. Esta amiga también se convirtió en víctima del acoso de este hombre.
«Me quedé un tiempo con los hijos, de los que ella tenía la custodia, entonces ese hombre empezó a llamarme de noche para intimidarme», cuenta la amiga y abogada de Juana.
Al mismo tiempo, Juana enfrentaba un proceso en el que se sintió estigmatizada porque, según cuenta, en una audiencia virtual en el tribunal solo dejaban hablar a su agresor.
Mujeres en una situación similar a la de Juana han llegado al Centro de la Mujer Dominicana (CMD) en Puerto Rico. De acuerdo con una de las trabajadoras sociales del CMD, Noelia Delgado Rodríguez, muchas de las personas que visitan la organización han sufrido abuso sexual varias veces en su vida. «Las mujeres que llegan a nuestra organización, muchas de ellas, han sufrido abuso sexual en la niñez y, muchas, han sufrido abuso o agresión sexual durante la travesía [de República Dominicana a Puerto Rico]», detalló.
El elemento de poder de los agresores es un hilo conductor en los relatos de violencia sexual de mujeres que han acudido al CMD: una pareja, un amigo o un empleador son quienes cometen los crímenes. A estas situaciones se añade la violencia estructural y machista que coloca a las mujeres migrantes en mayor riesgo de ser víctimas de crimen organizado, agresión sexual, secuestro y trata humana, según se recoge en el libro Narrativas de Lucha: Mujeres inmigrantes y violencias de género en Puerto Rico. Son más las mujeres dominicanas que migran, en comparación con hombres, y cuando se encuentran en situaciones de pobreza, aumenta la amenaza de sufrir alguna de estas violencias.
La publicación subraya que muchas mujeres dijeron haber sido víctimas de violencia sexual en otros ámbitos, pero no ofrecieron más detalles. Una de ellas, cuya historia se narra en el libro, atribuyó el no dar más información sobre su agresión sexual a la vergüenza. «Yo no me atrevería a decir eso jamás, o sea, no en público, me da cosa… Aunque uno sea la víctima, pero pues… me da vergüenza», dijo la víctima al relatar las dificultades para comunicar la vivencia, aunque no tenía la culpa.
El libro, escrito por la doctora Elithet Silva-Martínez, también señala que los espacios de apoyo y acompañamiento colectivo suelen ser claves para construir una vida plena luego de enfrentar tales violencias.
De enero a abril de este año, en la República Dominicana se registraron 2,398 denuncias de delitos sexuales, según datos de la Procuraduría General de ese país. Las estadísticas de esa institución también reflejan que, en promedio, en la República Dominicana se denunciaron 20 delitos sexuales cada día de 2023.
Esta incidencia ocurre en un país en el que grupos conservadores rechazan la enseñanza de la educación sexual integral en las escuelas, que aborda, entre sus temas fundamentales, la prevención del abuso y el consentimiento en las relaciones. Tras recibir críticas de influencers conservadores, el Ministerio de Salud Pública suspendió un programa de prevención de la violencia, que se ejecutaba en algunas escuelas en conjunto con el Ministerio de Educación y que contemplaba elementos de formación sexoafectiva.
De acuerdo con un documento de la UNESCO, actualizado en marzo de 2023, la educación sexual integral no es obligatoria en los centros educativos dominicanos. «No existe un programa obligatorio de educación integral en sexualidad (EIS). El Programa de Educación Afectivo Sexual (PEAS) y los Lineamientos del Sistema Educativo para la Educación Afectivo Sexual en los centros educativos (2011) son referentes oficiales para la incorporación de la educación sexual integral en el ámbito escolar y son de uso opcional para los centros educativos», se indica en el texto.
El año pasado, en la Procuraduría se registraron 7,483 casos de violación, agresión, acoso, seducción de menores (niñas, niños o adolescentes abusados por adultos que las manipulan sin usar la fuerza física), incesto (abuso sexual de adultos a menores con quienes tienen vínculos familiares) y exhibicionismo.
Impunidad en República Dominicana y Puerto Rico
La Procuraduría registró 1,454 denuncias de violación sexual (que implica penetración, según la definición legal) en 2023. Pero, de acuerdo con información del Poder Judicial, ese año solo se emitieron 92 sentencias relacionadas con violación sexual, de acuerdo con datos preliminares del Poder Judicial. «Constituye una violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza, que sea cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa», dice el artículo 331 del Código Penal.
No todas las sentencias corresponden a casos del 2023, pero el hecho de que representen un 6% del total de denuncias realizadas en un año es un indicador de la lentitud del sistema y de las dificultades de las víctimas para llegar a la Justicia.
La impunidad ante casos de violencia sexual no solo se observa en República Dominicana. De acuerdo con el más reciente anuario del Sistema Judicial de Puerto Rico, al 1 de julio de 2021, había 177 casos de agresión sexual —105 presentados ese año fiscal y 72 pendientes de años anteriores— ante el Tribunal de Primera Instancia. De esos, solo se resolvieron 16, es decir, el 9% de los casos. Cuatro de los casos resueltos acabaron en absoluciones, dos fueron archivados y 10 terminaron en convicciones.
De igual forma, el informe más reciente de la Policía de Puerto Rico de 2022 revela que hubo 1,467 incidentes de violencia sexual reportados ese año. De esos, solo 100 (7%) produjeron un arresto y solo 14 (0.10%) terminaron en convicciones.
Además, las estadísticas oficiales tienen sus fallas. En 2018, organizaciones de apoyo a víctimas de violencia en Puerto Rico denunciaron que las estadísticas gubernamentales no son confiables porque no coinciden entre sí debido a que tienen sistemas distintos de recolección de datos.
Todavía, en 2024, permea la desconfianza en estas estadísticas, según Vilma González Castro, directora de la coalición puertorriqueña y de ayuda a víctimas de violencia de género, Coordinadora Paz para la Mujer.
«Aunque se han hecho algunos cambios, todavía no confiamos en que las estadísticas que se están reportando son un reflejo real o fidedigno de lo que son los casos de violencia sexual en Puerto Rico», afirmó González Castro.
Esta desconfianza se debe a que los delitos sexuales son escasamente reportados, en ocasiones, para evitar la revictimización que puede enfrentar la persona durante los procesos. Otras prefieren vías distintas a la policía o al sistema de justicia para recibir ayuda. «[Las estadísticas] no nos permiten tener una visión clara de lo que es la violencia sexual en Puerto Rico. Nos dan una idea de lo que es el problema, pero no tenemos un número fidedigno», añadió.
De igual forma, comentó que entre las agencias gubernamentales todavía existe una falta de comunicación que dificulta la confianza en las estadísticas.
Por otra parte, se sabe que tanto en República Dominicana como en Puerto Rico existe un subregistro de casos que, por diversas razones, no se denuncian.
En República Dominicana, hay violaciones que se conocen y llegan a la Justicia solo porque acabaron en muerte y fueron publicadas en diarios y noticieros de televisión, como el caso de una niña que llamaremos Carmen.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta niña de 13 años fue violada y asesinada en julio de 2023 por su padrastro Santo Lora Vargas, a quien el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, en lo que espera por el juicio de fondo por varios delitos penales, entre ellos homicidio voluntario. Según el periódico Hoy, vecinos de la familia narraron que la niña era maltratada y amenazada constantemente por el violador.
Ilustración por Kilia Llano | Todas y Centro de Periodismo Investigativo
Deudas de Justicia y Salud Pública con las víctimas
Seis víctimas y madres de niñas violadas indicaron que el proceso de denunciar y llevar los casos a juicio fue tortuoso, desgastante o caro. A veces, llevar un proceso hasta la justicia implica pagar abogados privados, los costos del transporte y acudir con frecuencia a diversas oficinas a realizar trámites administrativos o moverse de una provincia a otra para que los niños, niñas y adolescentes abusados puedan ser entrevistados en cámaras Gesell, mecanismo que sirve para evitar la revictimización.
Por medio de abogadas y abogados, la Unidad Investigativa de Género — una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo — confirmó que, de estas, dos mujeres desistieron de seguir adelante con los procesos, en un caso por temor al agresor y a las repercusiones de una denuncia en la familia; y en otro, por lo agotador de las gestiones y la sensación de revictimización que dejó la experiencia en la sobreviviente.
En Puerto Rico, la experiencia no es muy distinta. Las víctimas se enfrentan a procesos de revictimización en los tribunales y en el discurso público, especialmente cuando los procesos suponen retos que les impiden continuar, de acuerdo con la licenciada Vilmarie Vega Meléndez. Vega Meléndez dio como ejemplo el caso de Andrea Ojeda, en 2021, cuando denunció la violencia machista de su expareja, el exboxeador Juanma López. Sin embargo, no continuó con el caso por la presión que le supuso el proceso.
Ojeda dijo que se sintió tan afectada por el proceso al que la sometió el Ministerio Público que tuvo que ser tratada en un hospital psiquiátrico. Vega Meléndez asegura que la falta de protecciones constitucionales juega un papel crucial en los procesos que enfrentan las víctimas. «En Puerto Rico, distinto a jurisdicciones como México, las víctimas de delito no gozan de protecciones constitucionales. La languidez de las salvaguardas de las leyes locales, acompañadas de la definición simplista de la víctima, solo abonan a su vejación», dijo Vega Meléndez.
Una antigua violencia estructural normalizada
A Elena, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad, su tío la violó hace más de 20 años, cuando todavía era una adolescente, y ella guardó silencio. Cuando se descubrió la violación, tiempo después del hecho, porque su marido dijo darse cuenta de que ella ya había tenido relaciones sexuales con otros hombres, su familia le exigió más silencio para no dañar «el honor» de la casa. Ella volvió a callar. Y el marido la aceptó de vuelta y guardó el secreto: entendió que la muchacha «no era culpable». Entraba el nuevo milenio y en ciertas zonas rurales del sur dominicano todavía tenían validez esos viejos códigos patriarcales.
Y aún ahora, hay familias que escogen el silencio, ya sea por el «honor» o por falta de fe en la justicia, como una familia dominico-haitiana que decidió no denunciar la violación de una niña por temor a enfrentar el proceso legal y la ira del abusador, conocido en la comunidad.
Su miedo no es infundado. La abogada Joselin Melo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la provincia de Azua, que defiende a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, explica que los procesos legales son desgastantes para las víctimas. Tras la denuncia en la Fiscalía o en la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, se emite una orden de arresto en contra del violador, pero con frecuencia esta no se ejecuta.
En 2022, no fueron ejecutadas el 28.6% de las 9,198 órdenes de arresto emitidas por casos de las Unidades Integrales de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, de acuerdo con el Informe estadístico sobre casos de violencia contra mujeres a partir de variables que vinculan diferentes fuentes institucionales. El caso más extremo fue el de la provincia de Valverde, donde solo se ejecutaron el 36.7% de las órdenes de arresto. Estos datos incluyen todo tipo de violencia contra las mujeres: sexual, física, psicológica.
El agresor puede seguir libre por años y con conocimiento de quién lo ha denunciado. En pueblos pequeños, las víctimas y sus violadores se encuentran en los espacios públicos. «La policía no sale a buscar a nadie, tiene que ser que lo ubiquen, que le digan dónde está, y que uno se arriesgue a caerle atrás, sin saber…», explica la abogada.
Aquí una muestra. El 10 de agosto de 2021 se emitió la orden de arresto número 1136-2021 en contra del presunto violador de una menor de 12 años identificado como «Wery», de acuerdo con archivos del Poder Judicial a los que la Unidad Investigativa de Género tuvo acceso. Tres años después, el hombre seguía libre, confirmaron fuentes oficiales y abogados.
Mientras se busca, o no, a los violadores en muchas provincias del país, las víctimas viven con miedo a encontrar a sus abusadores camino a la escuela o al trabajo, en el barrio o en el parque, y deben confiar en que están protegidas por una «orden de alejamiento». «Les dan una orden de alejamiento que no es más que un simple papel, que dice a tantos metros no se puede acercar a la víctima, pero eso no lo respeta nadie aquí, eso no detiene una bala, no detiene nada», enfatiza Melo.
La abogada Patricia Santana, con experiencia en el litigio de casos de violencia sexual sufrida por niñas y adultas, dice que «una denuncia del hecho es lo que pone en movimiento la acción pública». Santana explica que si un niño, niña o adolescente ha sido agredido o está en riesgo, no se necesita que alguien se querelle formalmente ante la Fiscalía para que las autoridades actúen. «Por la gravedad del hecho, la acción pública se pone en movimiento, y eso quiere decir que el Ministerio Público tiene que actuar».
Pero, el Ministerio Público no siempre actúa movido por una denuncia, especialmente cuando la violencia ocurre lejos de las ciudades.
Un grave y desatendido problema de seguridad y de salud pública
En una comunidad rural del suroeste dominicano, cerca de la frontera, una niña fue violada por tres hombres. La madre se querelló en la Fiscalía, donde le prometieron dar seguimiento al caso, pero no lo hicieron ni la refirieron para ayuda médica
Tras el incidente, la niña ha sido abusada por otros hombres, confirmaron a la Unidad Investigativa de Género varios familiares y defensores de derechos humanos. En las zonas rurales del suroeste dominicano hay quien piensa que si una niña o adolescente ha tenido relaciones sexuales o ha sido abusada, es «mujer» y puede consentir.
Dos años después, la pequeña, que ahora tiene unos 13 años, sigue sin ser atendida ni física ni mentalmente. Al menos uno de los violadores, que fue acusado de abusar de niñas en otros pueblos, está prófugo.
La madre entiende que la familia, especialmente su hija, necesita ayuda. Ha hablado con dos autoridades distintas y con defensores de derechos humanos, pero los intentos para que la niña reciba ayuda han quedado en nada. Su hija está en riesgo de sufrir una infección de transmisión sexual o un embarazo.
«Después de eso, otros hombres se han querido aprovechar de la niña. Uno, ya grande, de más de 18 años, también estuvo con ella, porque el problema se supo entre algunos vecinos», comenta la madre desesperanzada, mientras cocina en una casa que es básicamente una sola pieza separada con cortinas y escasos trastes. Vive de trabajar la tierra.
Aunque la ley las prohíbe y sanciona, las relaciones abusivas de adultos con adolescentes son toleradas, especialmente en las zonas rurales, cuando se considera que la adolescente no ha sido forzada. Según una información publicada por Diario Libre basada en el análisis de los registros de las oficialías civiles, en promedio, los hombres que embarazan adolescentes les llevan entre cinco y diez años de edad, pero hay casos en los que esa diferencia puede ser de hasta 30 años. Con frecuencia, cuando las adolescentes llegan a los centros médicos ya han pasado semanas o meses del embarazo y la atención debe centrarse en garantizar la salud de la madre y la del niño, explica Luz Fermín Brito, encargada de Adolescentes del Servicio Nacional de Salud (SNS).
Limitaciones de las estadísticas
En 2,262 de los 2,393 casos de violaciones y abusos sexuales registrados en la capital dominicana se identificó el sexo de las víctimas: 1,785 fueron mujeres, para un 78%, y 477 fueron hombres, para un 22%.
La desagregación por sexo en los casos de los delitos sexuales no funciona bien en la República Dominicana. Al solicitar los datos de todo el país desagregados, la Procuraduría respondió que no se encontraban disponibles en el sistema.
Sin estadísticas desagregadas por sexo, se dificulta el análisis y la creación de políticas públicas para enfrentar la violencia de género e intrafamiliar, que incluye también a la gran mayoría de los delitos sexuales. Esta violencia constituye un grave problema de seguridad y de salud pública en República Dominicana.
En 2023, la violencia de género e intrafamiliar, incluyendo los delitos sexuales, representó el 45% de las denuncias ante el Ministerio Público. De 165,461 delitos registrados por la Procuraduría General de la República, 74,465 fueron sobre violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. En tanto que los delitos sexuales representan cerca del 10% de las denuncias de violencia de género o intrafamiliar, y el 4% del total de denuncias.
A pesar de la gravedad de la violencia intrafamiliar, de género y sexual, ni la Procuraduría ni, en general, el sistema de atención, protección y sanción cuentan con un presupuesto protegido para enfrentar el problema, como han demandado tanto organizaciones de mujeres como fiscales especializadas.
«Necesitamos recursos protegidos porque no se puede dar respuesta con falta de recursos. La violencia es cara, siempre he dicho que el machismo es muy caro. Y la respuesta al machismo y la prevención del fenómeno se enfrenta con estrategias para lograr impacto, para su prevención, para su atención, pero es también con presupuesto», explica la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, encargada de la Dirección contra la Violencia de Género.
¿Y cuándo el violador queda libre?
Cerca de Santo Domingo, en una comunidad rural, una madre tiene miedo por su seguridad y la de su hija. Hace unos siete años, la niña, hoy adolescente, fue violada por un pariente, a quien sometieron a la justicia y fue condenado a solo cinco años de prisión. Pronto saldrá en libertad y la mujer teme que empiece nuevamente su calvario.
«Yo, de verdad, temo por mi vida y por la de la niña. Porque él, aun en la Justicia, me decía, y a una amiga mía que iba conmigo: ‘no te apures, desgraciá, que yo la voy a joder’. Él me amenazaba, aún preso, aún con las esposas, en audiencias, él siempre me amenazaba».
El proceso legal contra el violador inició cuando la madre puso la denuncia en una de las dependencias de la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, después de que se diera cuenta de que su hija presentaba lesiones. Los pediatras la atendieron y le dijeron que fuera a una Fiscalía. En la Fiscalía, la guiaron para recibir atenciones médicas más especializadas y se inició un proceso legal que incluyó la evaluación de psicólogos.
Sin embargo, no hubo un tratamiento psicológico posterior para ayudar a la niña y a su familia a procesar el trauma, dice la madre. La única intervención en ese sentido fue con la psicóloga de su escuela, a quien le explicaron la situación para que ayudara a detener el acoso de algunos compañeros que se enteraron del hecho y le gritaban a la niña que fue violada.
La mayoría de las violaciones sexuales contra niñas y niños son cometidas por personas cercanas, explica World Vision, organización dedicada a la protección de la infancia.
Para esta investigación se omitió el nombre real de las víctimas, excepto de aquellas que decidieron hacer sus casos públicos en medios de comunicación. También se ha reservado el nombre de la mayoría de las defensoras de derechos humanos consultadas para garantizar su seguridad y privacidad, en aquellos casos en los que se consideró que estas últimas también podían estar en peligro o cuando así lo solicitaron.
Las entrevistadas para verificar el funcionamiento de los protocolos fueron violadas o acompañaron a quienes sufrieron violaciones en los últimos tres años. Otras mujeres han sufrido la violación en silencio y sin buscar apoyo por décadas.
¿Dónde buscar ayuda en República Dominicana?
Las denuncias se pueden hacer en la Línea Vida, llamando al 809-200-1202. En la medida de lo posible, se recomienda acudir a las unidades especializadas en violencia de género; si no hay en su provincia o municipio, puede acudir a cualquier Fiscalía.
El Ministerio de la Mujer tiene servicios de asistencia psicológica y legal, además de una línea telefónica de atención a víctimas *212.
Hay ONGs que ofrecen apoyo gratuito o a bajo costo a víctimas de violencia machista, incluyendo la violación sexual, entre estas el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas en el teléfono (809) 533-1813 o por WhatsApp (849) 340-1813.
¿Dónde buscar ayuda en Puerto Rico?
Entre las opciones para buscar orientación o apoyo tras un abuso o violación sexual en Puerto Rico, se encuentran: Tu paz cuenta, de Taller Salud (787-697-1120); la línea del Municipio de San Juan 939-CONTIGO (939-266-8446); Línea de Ayuda de Proyecto Matria: 787-489-0022; línea de orientación y ayuda del Centro de Salud Justicia (787-337-3737). Todas operan las 24 horas, los siete días de la semana.
