Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (23 de noviembre de 2021) – Las esperanzas de miles de policías y empleados públicos de retirarse con una pensión equivalente el 50 % de su salario quedaron finalmente enterradas ayer, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impugnó en el Tribunal Federal de San Juan las leyes de retiro 80, 81 y 82, porque, según alega el organismo federal, son inconsistentes con la Plan de Ajuste de la Deuda (PDA).
La información se desprende de un breve comunicado de prensa emitido ayer en la noche por la JSF, en el que explicó que la impugnación responde a que las leyes agregarían nuevos beneficios que elevarían el costo de los pagos de pensiones para los empleados públicos que se jubilen “sin una solución sobre cómo pagarlos”.
En el comunicado se informa que la JSF solicitó al Tribunal Federal que inhabilite las leyes 80, 81 y 82 por 10 años, lo que implica que el gobierno no podrá ponerlas en vigor por ese periodo de tiempo.
La JSF sostuvo en su petición que es evidente que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Legislatura y el gobierno tienen la intención de expandir los beneficios de pensión de los empleados públicos jubilados, por medio de poner en vigor las leyes, “independientemente del costo y sin un plan para pagarlos”.
Además, la JSF sostuvo que su solicitud al Tribunal Federal incluye una exención a la prohibición de implementar las leyes 80, 81 y 82 por 10 años, si se cumplen determinadas condiciones. Esas condiciones, que no fueron divulgadas en el comunicado, pretenden “lograr la responsabilidad fiscal y asegurar que las pensiones están realmente financiadas”.
La petición fue presentada a la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende los argumentos finales a favor y en contra de la confirmación del PAD.
La Ley 80 y 81, conocidas como leyes para “el retiro digno”, abren una ventana de retiro para los empleados públicos de la mayoría de las agencias y para todos los municipios, garantizando una pensión equivalente al 50 % del salario. La ley 81 cobija a los policías, bomberos y otros empleados de agencias de seguridad del gobierno.
La Ley 82 autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
“Las tres leyes agregarían ciertos beneficios nuevos a los participantes en los Empleados Sistema de Retiro y el Sistema de Retiro de Maestros que se encontraban insolventes cuando PROMESA fue promulgada, porque las administraciones anteriores no financiaron adecuadamente las promesas del gobierno a los jubilados”, indica el comunicado.
En el verano del 2020 la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó tres medidas aprobadas por la legislatura que se convirtieron en las leyes 80,81 y 82. De inmediato la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, se opuso a los estatutos debido a que no establecen una fuente de repago y a largo plazo el erario público será incapaz de pagar su costo económico.
El comunicado señala que el pasado año el gobierno y la JSF habían acordado no implementar las leyes hasta que se logre establecer una fuente de repago. Además, el organismo federal estaba dispuesto a contemporizar diferencias con el gobierno a fin de lograr la puesta en vigor de la ley 80 de manera parcial.
Específicamente, según estuvo reportando este medio, la JSF había accedido a que se implementara la ley 80 si solo aplicaba a los empleados públicos no esenciales y que tanto los municipios como las agencias no podrían llenar las plazas vacantes dejadas por los empleados que accedieran al retiro. La JSF también rechazó que los jubilados recibieran una ayuda de $100 mensuales para gastos médicos.
Estas peticiones requerían agregar enmiendas a la ley 80. La JSF propuso que tales condiciones figuraran en un acuerdo que no fue aceptado por la AAFFA.
El comunicado sostiene que el pasado mes de junio la JSF estuvo dispuesta a continuar explorando opciones para implementar la Ley 80 de manera parcial, pero el gobierno nunca respondió.
También señala que el pasado 11 de noviembre, la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta 171 del Senado, que exige la implementación de la Ley 80 en 60 días, “a pesar de los millones de dólares en aumento de costos y la ausencia de un plan para pagar estos costos adicionales”. La JSF indicó que el Senado aprobó la Resolución Conjunta 171, a pesar de que el gobierno acordó no implementar las leyes hasta que el organismo federal “esté de acuerdo”.
“Los contribuyentes merecen claridad sobre los gastos futuros del gobierno y los jubilados del gobierno merecen financiación para los beneficios de pensión que se les prometen. La Junta de Supervisión continuará trabajando para lograr ambas metas y poner fin al proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA”, concluye el comunicado.
