San Juan (EFEUSA) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha informado al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que el presupuesto sugerido por el ejecutivo para el año fiscal 2020 y presentado el pasado 28 de marzo, no cumple con el plan fiscal revisado aprobado la semana pasada.
En una carta, difundida este lunes por la JSF pero con fecha del 11 de mayo, la JSF lleva a cabo una serie de sugerencias y objetivos de gasto y ahorros que «deben» ser utilizados en un presupuesto a ser revisado y que ha de ser entregado de nuevo, recuerda la junta, antes del 17 de mayo.
Además indica que el ejecutivo presidido por Rosselló deberá llevar a cabo «revisiones sustanciales» y le pide «información adicional» antes de poder aprobar ese presupuesto para 2020 y que el gobierno pueda entregarlo a la legislatura para su aprobación.
Entre los principales temas que subraya que no son acordes con el Plan Fiscal revisado aprobado en la reunión pública que mantuvo la JSF en San Juan la semana pasada, se encuentran el pago y la inclusión del bono de navidad a los funcionarios por valor de $41.2 millones.
Apunta también que la presentación del gobierno del Fondo General del Gobierno, superó al de la junta por aproximadamente $1,500 millones.
A su vez, indica que el ejecutivo incluye reservas en la Oficina de Gerencia del Presupuesto más allá de los $130 millones de reserva de emergencia permitidos por el Plan Fiscal revisado.
Además señala y apunta que el gobierno ofreció información de apoyo (a varias cifras y presupuesto) en relación a varias agencias «fuera de plazo y de forma intermitente incluso después de que la JSF aprobara prolongar la fecha límite de entrega de la misma».
Tras recordar al ejecutivo el aumento en un 15% del salario de los policías, $500 dólares de incremento para maestros y directores de plantel e una inversión de $4.6 millones en el Instituto de Ciencias Forenses, la JSF señala que hay «obligaciones del ‘PayGo’ para varias agencias que ya no existen y entendemos que que estas cantidades están en la apropiación de ‘PayGo’ de Hacienda».
La JSF también solicita en su misiva dirigida a Rosselló, que cambie el lenguaje utilizado en varias extractos de las resoluciones de su presupuesto.
El pasado día 9 de mayo, la JSF certificó el Plan Fiscal y anunció, en su decimosexta reunión pública, que designaba los 78 municipios de la isla como entidades cubiertas bajo la Ley Promesa con el objetivo de asegurar su viabilidad fiscal a largo plazo.
También indicó que requerirá un plan fiscal de cinco años de parte del Centro de Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM), que ya era una entidad cubierta bajo la citada ley (para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico).
Inicialmente, la Junta de Supervisión trabajará un proyecto piloto con 10 municipios cercanos geográficamente para que desarrollen sus planes fiscales y presupuestos a ser certificados por la Junta, según el itinerario establecido que termina a fines año fiscal corriente.
Los municipios seleccionados son: Orocovis, Aibonito, Barranquitas, Cidra, Comerío, y Villalba, en la zona central; mientras, Camuy, Isabela, Quebradillas y San Sebastián, componen el grupo en la zona norte de la isla.
Cada uno tendrá que diseñar planes fiscales que incluyan reducciones de gastos y medidas de eficiencia, tales como acuerdos intermunicipales de servicios compartidos, programas para mejorar y optimizar el uso de fondos federales y aumentar la recaudación de ingresos, así como estrategias de desarrollo económico.
La Junta de Supervisión le ofrecerá asistencia técnica durante el proceso.
