San Juan (EFE) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico certificó este jueves un presupuesto de $28,000 millones para el Gobierno de la isla para el año fiscal 2022-2023, después de que la Legislatura local no lograra un acuerdo al respecto.
Aunque el Senado puertorriqueño aprobó anoche el presupuesto y la Cámara de Representantes informó hoy que ya contaba con los votos necesarios para sacar adelante la medida, la JSF certificó su propia versión por el retraso y ante el inicio de año fiscal mañana, 1 de julio.
La JSF es el ente establecido por el Congreso estadounidense para supervisar la reestructuración de la millonaria deuda pública de la isla, ya aprobada, y el buen uso de las finanzas públicas por parte del Gobierno local.
Tras el anuncio, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo en un comunicado que «es lamentable que el proceso legislativo relacionado al presupuesto del Gobierno central fue muy controversial y tomó demasiado tiempo».
«El liderato legislativo de mayoría desperdició la oportunidad de aprobar un presupuesto certificable por la Junta que incluyera las prioridades que habíamos identificado para el beneficio del pueblo», denunció.
El presupuesto está compuesto por 12.400 millones de dólares del Fondo General para las operaciones diarias del Gobierno de Puerto Rico, un Fondo de Ingresos Especiales de 4.500 millones de dólares destinado a usos particulares y 11.200 millones de financiamiento del Gobierno federal de Estados Unidos.
El presupuesto consolidado para 2023 garantiza el financiamiento de los servicios públicos, incluyendo 5.500 millones de dólares para la salud pública y 4.600 millones para educación, según el comunicado de la JSF.
También incluye 3.100 millones de dólares para las familias y niños, 2.600 millones para el pago de pensión de los empleados públicos retirados, 1.300 millones para proteger las futuras pensiones públicas de la incertidumbre económica y 1.100 millones para obligaciones relacionadas con la deuda.
«Después de años de déficit que dieron lugar a un financiamiento inadecuado para los servicios críticos, Puerto Rico ahora puede realizar inversiones significativas para mejorar la calidad de vida de los residentes y empresas», aseguró el presidente de la JSF, David Skeel.
«Este presupuesto no solo prioriza los servicios críticos, que son tan importantes para la vida de todo puertorriqueño, sino que también brinda al Gobierno las inversiones y estabilidad que impulsarán la economía», agregó.
El presupuesto incluye, además, 387 millones de dólares en aumentos salariales para empleados públicos y 322 millones en inversiones de infraestructuras, principalmente carreteras.
En el año fiscal 2023, los municipios de Puerto Rico tendrán asimismo acceso a unos 2.400 millones de financiamiento, incluidos los fondos de estímulo del Gobierno federal.
Puerto Rico ha sido escenario en los últimos meses de numerosas protestas de empleados públicos que exigen mejoras salariales y que se garanticen sus pensiones.
En opinión del gobernador Pierluisi, se ha logrado que la JSF incluyera iniciativas de política pública que son positivas para Puerto Rico, pero «faltaron otras importantes».