Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, advirtió que hasta que el organismo no evalúe el impacto fiscal de dos ventanas de retiro que la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley antes de la primarias, el gobierno no debe aceptar solicitudes de empleados públicos para acogerse a los beneficios de jubilación que ofrecen ambas leyes, las cuales garantizan el pago de una pensión vitalicia equivalente entre el 50 % y el 55% de su salario.
Jaresko también indicó que mientras dure la revisión de las leyes que realiza la JSF para determinar su efecto en las finanzas públicas y hasta que el organismo no haya emitido sus conclusiones, la gobernadora Vázquez Garced debe informarle a los empleados públicos que el gobierno no aceptará solicitudes para acogerse a las ventanas de retiro.
La directora ejecutiva de la JSF explicó que la medida evitaría “tanto la confusión como la confianza en las leyes de jubilación”, una expresión que claramente indica que el gobierno no debería fomentar expectativas a los empleados públicos con las ventanas de retiro.
Los planteamientos de Jaresko figuran en una carta enviada por correo electrónico a Omar Marrero, director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera, el pasado martes de 25 de agosto y de la que este medio obtuvo una copia. De la carta se desprende que Marrero, en una comunicación con fecha del 19 de agosto de 2020, le indicó a la JSF que el gobierno no promoverá que los empleados públicos presenten las solicitudes.
“Estamos de acuerdo en que el gobierno no debe aceptar solicitudes de empleados públicos”, indicó Jaresko en la carta.
Las leyes de retiro firmadas por la gobernadora son el proyecto del Senado 1623, conocido como proyecto para el retiro digno, que se convirtió en la Ley 81. La segunda medida es el proyecto del Senado 1616, conocido como proyecto para la ventana del retiro de los empleados públicos, que se convirtió en la Ley 80. Ambas leyes promueven una pensión que oscila entre el 50 % y el 55 % del salario que reciben actualmente los empleados públicos.
En la misiva también surge que Jaresko advierte que el gobierno se propone implementar las leyes a pesar de que no cuentan con la aprobación de la JSF, lo cual es motivo de preocupación para el organismo federal.
“Sin embargo, nos sigue preocupando que el gobierno parece estar trabajando para implementar estas leyes. Al revisar el memorando 003-2020, del 17 de agosto de 2020, tomamos nota de que la Oficina de Administración y Presupuesto y la Administración de Sistemas de Retiro, están solicitando información detallada sobre el personal y el empleo, la que es necesaria para implementar las leyes”, señala Jaresko en la misiva.
Luego, Jaresko le indica a Marrero que “si su posición cambia y el gobierno tiene la intención de implementar las leyes de jubilación y se propone aceptar solicitudes, es necesario que con 14 días de antelación proporcione un aviso a la JSF de que se propone hacerlo”.
La funcionaria federal sostiene que la carta enviada por Marrero contiene “varias declaraciones incorrectas, caracterizaciones erróneas y conclusiones” y le recuerda que el gobierno no cumplió con los términos de tiempo establecidos en la Ley federal Promesa para presentar las certificaciones y estimaciones oficiales relacionadas con las leyes 80 y 81.
“El incumplimiento de los requisitos de tiempo es, y fue, particularmente preocupante porque las leyes alteran sustancialmente las obligaciones de pensiones del gobierno para miles de empleados públicos, y estos empleados están reevaluando las opciones de jubilación a la luz de las leyes. En virtud de estas circunstancias, en las que el gobierno no ha cumplido con el artículo 204 de Promesa, y debido a que las leyes hicieron cambios en las obligaciones de pensiones, y los empleados públicos buscaban tomar decisiones, la JSF invocó su autoridad, según la sección 108 de Promesa, en su carta del 18 de agosto de 2020”, señala la carta de Jaresko.
La directora ejecutiva de la JSF también calificó como “un problema continuo” el incumplimiento por parte de la gobernadora con los términos de tiempo para presentar certificaciones relacionadas con leyes aprobadas. “La gobernadora no cumplió con los requisitos de tiempo con respecto a las leyes, y no se han presentado certificaciones de por lo menos veinte leyes adicionales dentro del plazo reglamentario, lo que menoscaba la autoridad de la JSF”, indicó.
A su vez, Jaresko le dijo a Marrero que su carta caracteriza erróneamente la decisión del Tribunal Federal en relación con Ley 29, que establecía que el gobierno central pagará obligaciones de los municipios, y que fue revocada por la jueza federal, Laura Taylor Swain.
“El Tribunal no encontró que la JSF argumentara incorrectamente que el gobernador tiene una política de incumplimiento de la sección 204 de PROMESA. De hecho, como usted sabe, el Tribunal encontró que la gobernadora y la AAFAF no cumplieron con los artículos 204(a), 204(c), y 108(a)(2) del PROMESA. Mientras sigue estando pendiente si la gobernadora tiene una política de incumplimiento, la JSF alienta al gobierno, una vez más, a realizar y completar su análisis de las repercusiones económicas de cada ley antes de su promulgación, para evitar que se siga aplicando la sección de violaciones del artículo 204”, sostuvo finalmente Jaresko.
