SAN JUAN, Puerto Rico — El Departamento de Justicia de Puerto Rico se prepara para presentar una apelación tras la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de no hallar causa para arresto en contra de los empresarios Antonio Cruz Batista y su esposa Evelyn Torres García. Ambos son reconocidos en la industria de la construcción como dueños de Modern Home’s Gallery Inc. y JLGA Construction LLC.
A pesar de la determinación judicial, el secretario de Justicia expresó su discrepancia pero aseguró respetar el fallo del juez Glenn Velázquez. Afirmó que la Fiscalía cuenta con evidencia suficiente para probar los cargos más allá de la duda razonable. En consecuencia, se ha solicitado una vista en alzada, pautada para el 27 de noviembre, con el objetivo de reintroducir los cargos.
Previamente, una conferencia de prensa conjunta entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda expuso los resultados de una investigación sobre fraude y evasión contributiva. Esta iniciativa es parte de una colaboración entre ambas entidades para combatir delitos fiscales que impactan la economía y el bienestar de la ciudadanía puertorriqueña.
Los cargos presentados originalmente por la División de Delitos Económicos incluyen violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Según la acusación de la fiscal Ileana Martínez, Cruz y Torres habrían omitido intencionalmente más de $1.4 millones en ingresos en sus declaraciones de impuestos del año 2020, resultando en una deuda aproximada de $1 millón con el fisco, sumando multas y penalidades.
El documento de la Fiscalía también señala que la pareja no presentó sus declaraciones del año 2021, en un aparente intento de evadir el pago de contribuciones al Departamento de Hacienda, constituyendo un fraude al Gobierno de Puerto Rico. Este acto podría resultar en condenas de hasta ocho años de prisión.
Cruz ya enfrenta acusaciones previas por fraude en proyectos de construcción y apropiación ilegal. El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recalca la gravedad de defraudar al Departamento de Hacienda, enfatizando que tales actos perjudican a todos los habitantes de la isla y entorpecen el progreso económico del país.
La investigación fue iniciada por la Área de Inteligencia de Fraude Contributivo de Hacienda en diciembre de 2022, tras un referido del Departamento de Justicia, y ha incluido el análisis de depósitos bancarios y otros documentos financieros.
