San Juan, 2 de noviembre de 2021 – La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (PR-OIG) publicó el informe OIG-QI-22-03 sobre una investigación en el Departamento de Estado (DE) relacionada a la otorgación en 2020 de un contrato de servicios tecnológicos a una compañía privada por la cuantía de $11,128,320.
De la investigación se desprende que el 14 de enero de 2021 el DE solicitó a la OIG una evaluación del expediente y la otorgación del referido contrato para determinar si el mismo cumplía con los parámetros correspondientes para su otorgación.
Una vez evaluada la información inicial y tomando en cuenta que se trataba de hechos consumados, la OIG determinó y notificó al DE que, ante las posibles irregularidades, ameritaba el inicio de un proceso investigativo. Se solicitaron requerimientos de información y colaboración a las agencias pertinentes. Además, se emitió una Orden de Mostrar Causa, Producir Documentos y Certificar Información.
Surge de la información recopilada que la compañía fue contratada el 31 de diciembre de 2020 para establecer la creación de los Centros de Servicios Integrados-Virtual e integrar agencias de gobierno para ofrecer a la ciudadanía un solo punto de servicios en línea.
El contrato se otorgó por la cuantía de $11,128,320 con vigencia del 31 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021. El mismo sería sufragado con los fondos que provee la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), firmada por el entonces presidente Donald J. Trump. El DE notificó que no ha realizado desembolso de fondos relacionados a la contratación.
La investigación detalla cinco hallazgos principales y reflejó que el contrato no cumple con los principios generales establecidos sobre contratación gubernamental. El mismo carece de varias cláusulas mandatorias, establecidas mediante la Ley Núm. 237 del 31 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA.
Además, existen discrepancias entra las cláusulas del contrato y el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico; y su expediente no contaba con todos los documentos requeridos para la contratación.
La Investigación fue realizada en conformidad a las facultades conferidas en la Ley Núm. 15-2017, según enmendada conocida como la Ley del Inspector General de Puerto Rico. El informe es público y se encuentra disponible en oig.pr.gov/Documents/querelllas/OIG-QI-22-003.pdf.
