San Juan, 26 de julio de 2021 (EFE) – Los trabajos descritos en las subastas para reparar las escuelas públicas dañadas por terremoto, no resolverán el problema de vulnerabilidad sísmica de los planteles y solo funcionarán como un paliativo en muchos casos, advirtió este lunes el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Juan. F. Alicea.
“Es una pérdida de oportunidad histórica invertir cantidades significativas de dinero y no obtener la máxima seguridad estructural posible. En 1987 se aprobó un código con los requisitos sísmicos adecuados de la época moderna. Por lo tanto, enfocarse en las escuelas construidas previo al 1987 nos permite optimizar el presupuesto y lograr un verdadero proyecto de fortalecimiento sísmico”, dijo.
La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura del Gobierno (AFI) lanzó una serie de subastas para reparar la condición estructural conocida como columna corta en las escuelas de Puerto Rico.
Ante esta situación, la Comisión de Terremotos del CIAPR explicó que el proceso de lograr unas mejoras efectivas «debe considerar como mínimo un entendimiento avanzado de cómo proveer cualidades de estructura nueva a un edificio sísmicamente obsoleto”, explicó, por su parte, Félix Rivera, quien preside la Comisión de Terremotos del Colegio.
La Comisión, compuesta de ingenieros practicantes y educadores con extensa experiencia práctica y teórica, sostiene que identificar la vulnerabilidad estructural de las escuelas «solamente a base de la presencia de la condición de columna corta es simplificar demasiado un problema que es mucho más complejo. Con estas subastas se induce a la ciudadanía a percibir una falsa seguridad”, añadió Rivera.
Si no se conoce a fondo la condición global de la estructura de cada escuela no se pueden determinar las acciones que hay que tomar para reforzarlas y sus costos, no se pueden establecer prioridades y el remedio puede ser peor que la enfermedad, aseguraron.
Se requieren evaluaciones escalonadas y rápidas, por peritos en la materia, para determinar las deficiencias reales y establecer así las prioridades más costo-efectivas posibles.
“Por otra parte, es un error que se sometan a subasta todas las escuelas a la misma vez ya que no tenemos la cantidad suficiente de contratistas, mano de obra y materiales en Puerto Rico para lograrlo. Esto provocaría un taponamiento de los proyectos, encarecimiento de las subastas y el no cumplimiento de los objetivos”, advirtió Alicea.
A su vez, indicó que el espectro de soluciones para la rehabilitación mediante refuerzos estructurales «debe mantener una uniformidad y costo-efectividad».
«Estas opciones serán definidas en el RFP del programa y deberán consistir en estrategias que hayan sido probadas e incluidas en guías y en estándares aceptados por la comunidad amplia de ingenieros. Para ser así consideradas, los sistemas a implementarse deberán contar con parámetros compatibles con el documento de evaluación y diseño», indicó.
El diseñador deberá junto al inspector, participar de la reparación para garantizar la ejecución de la construcción según la intención del diseñador y atajar cualquier condición oculta descubierta durante los trabajos invasivos.
El programa debe de ser dividido en al menos cuatro regiones, comenzando con aquellas localizadas en el Suroeste de Puerto Rico y atendiendo en un primer ciclo de las cuatro regiones, las escuelas construidas previo al año 1987.
Un segundo ciclo atendería las escuelas construidas después de 1987.
