Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricia.com
San Juan (4 de junio de 2021) – A tan solo horas que para que la Comisión de Nombramientos del Senado considere el informe sobre el designado a secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, EyBoricua.com supo que la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado contempla con cautela la nominación, en la medida que una investigación efectuada por esta publicación ha sido conocida por los senadores.
Este medio informó que un incentivo económico agrícola de $3.2 millones que el convicto ex secretario de Agricultura, Fernando Toledo, le aprobó a Cidre en junio de 2002 – aunque el dinero nunca fue desembolsado – y fue referido a Justicia en 2003 a petición de la fiscal Yamila Andújar López.
Hoy viernes 4 de junio, la Comisión de Nombramientos celebrará una vista ejecutiva donde serán considerados varios nombramientos, incluyendo el de Cidre para Secretario del DDEC.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien también preside la Comisión de Nombramientos, dejó saber por medio de su portavoz de prensa, Angel Raúl, que “no tenía comentarios sobre el nombramiento (de Cidre)”.
Mientras unas fuentes indican que Cidre recibirá un informe positivo de parte de la Comisión de Nombramientos, lo que implica que la decisión final la tomará el pleno del Senado la semana próxima, otras aseguran que la minoría del Partido Nuevo Progresista aún no está del todo convencida en respaldar al nominado.
La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, quien es miembro de la Comisión de Nombramientos, sostuvo que votará en contra de Cidre.
“Tomé la decisión antes de leer el artículo (de EyBoricua.com), que en todo caso añade a las preocupaciones que genera el nombramiento. Cidre piensa que la reforma laboral no fue lo bastante profunda; es decir, que se debieron haber recortado derechos adicionales a las trabajadoras y trabajadores. Además, a preguntas mías, se sostuvo en que era perfectamente aceptable que una empresa privada pagara el salario de la Secretaría de Educación- o sea, la privatización con esteroides. El día que se celebró la vista de su nombramiento, ya él conocía el destino de Hewlett Packard, y ni siquiera lo mencionó”, indicó De Lourdes Santiago.
En espera de una explicación de Justicia
Mientras, el Departamento de Justicia no ha ofrecido una explicación detallada sobre si investigó o no el incentivo que se le concedió a una corporación, Hojaldre Inc., que no figura registrada en el Departamento de Estado y sin que Cidre, quien para entonces era un empresario dedicado al negocio de panadería, figurara registrado como agricultor bona fide, un requisito impostergable para acceder a incentivos en el Departamento de Agricultura (DA).
El incentivo fue cancelado el 16 de julio de 2002 porque no existía en Agricultura la documentación requerida para justificar la aprobación de la ayuda, según reveló el ex subsecretario de Agricultura, Francisco Aponte Rivera.
Justicia, cuya razón de ser es hacer cumplir la ley, tampoco se ha movido a investigar el asunto en el contexto de que Cidre es hoy el secretario designado para dirigir el DDEC, a pesar de que el lunes 29 de marzo EyBoricua.com presentó los hallazgos de la investigación que este medio realizó sobre el incentivo aprobado a Cidre.
Los documentos fueron entregados a las fiscales Yesica Carlo y Wanda Casiano durante un breve encuentro realizado en la sede central del Departamento de Justicia en San Juan.
Hasta el día de hoy Justicia no ha expresado si Cidre violó alguna ley o reglamentación al solicitar el incentivo con una corporación que no aparece registrada y sin cumplir con el requisito de ser agricultor bonafide. Tampoco ha dicho sin han prescrito los posibles delitos que podrían implicar estas actuaciones.
En entrevista con este medio, Cidre reconoció que no era agricultor bonafide y aseguró que Hojaldre Inc. fue registrada en el Departamento de Estado, aunque señaló que no tenía documentos para respaldar su afirmación. El pasado 24 de marzo de 2021, EyBoricua.com obtuvo una certificación del Departamento de Estado sobre que el citado nombre corporativo “Hojaldre Inc.”, no aparece en el archivo de la agencia.
Los hechos relacionados con la aprobación del incentivo no están del todo esclarecidos y siembran serias interrogantes sobre si Cidre cumple con el perfil para ocupar la silla de secretario del DDEC. Una de ellas si la decisión de avalar la ayuda fue tomada de manera unilateral y sin consulta previa por el ex secretario, o si por el contrario, Cidre y Toledo actuaron de forma concertada para que el empresario recibiera el incentivo multimillonario de fondos públicos, aún cuando no estuviera calificado para recibirlo.
De hecho, en una deposición realizada el 23 de enero de 2003, relacionada con una demanda contra Agricultura, vinculada al incentivo aprobado a la empresa Cuniproc, dedicada a la crianza de conejos, surge que antes de abandonar su cargo como secretario de Agricultura el 14 de junio de 2002, Toledo firmó varias cartas para aprobar incentivos cuando la costumbre administrativa era que tales documentos los firmaba el entonces subsecretario de Agricultura, Eduardo Siberio Talavera.
Según la deposición tomada a Ledy Acevedo Rosario, secretaria de Siberio Talavera, entre el 13 y 14 de junio Toledo no se encontraba en la agencia, pero su hijo, Gregorio Toledo Quintana, fue a su oficina a buscar varias cartas de aprobación de incentivos que ella transcribió y que serían firmadas por el ex secretario. De los testimonios de la deposición no surge dónde se encontraba el ex secretario firmando las cartas que le llevaba su hijo.
Acevedo Rosario dijo que las cartas para la firma de Toledo tenían una fecha retroactiva e iban dirigidas a los hermanos Juan Santiago y Héctor Santiago, cuya aprobación de fondos favoreció el proyecto de crianza de conejos.
Incluso, de la deposición surge que se aprobó otro incentivo para el hijo de Toledo y la carta fue firmada por el subsecretario Siberio Talavera. El incentivo de $3.2 millones concedido a Cidre fue firmado por Toledo el 10 de junio del 2002, lo que levanta dudas si también fue parte de aquel proceso irregular efectuado por el ex secretario de estampar su firma en las cartas de aprobación de incentivos que tenía una fecha retroactiva.
Días después de la cita de EyBoricua.com con las fiscales Carlo y Casiano, la portavoz de prensa de la agencia informó que Justicia había realizado dos referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente, relacionados con los inventivos aprobados por Toledo. Uno de los referidos se efectuó el 27 de octubre de 2003 y el otro el 29 de enero de 2004.
Tras indagar en el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) y esperar por más de un mes, este medio recibió dos informes sobre los incentivos aprobados a la empresa Cuniproc y otro a un proyecto de plantas ornamentales, en el que los nombres personales fueron censurados. En ambos referidos no figura alusión alguna al incentivo aprobado a Cidre. El FEI acudió a los tribunales contra Toledo por numerosas violaciones de ley, pero los casos no progresaron.
En relación con estos casos Toledo sostuvo que “fui referido al FEI por 10 asuntos por la secretaria, Anabelle Rodríguez, de las cuales el FEI me acuso en las 10 y no progreso en Regla 6 al no tener una cintila de evidencia. Fueron en alzada en uno de los casos y tampoco progresó”.
El 25 de abril de 2003, Toledo fue acusado por un gran jurado federal por defraudar al Departamento de Agricultura Federal en la solicitud de un préstamo agrícola tras el impacto del huracán Hortensia en 1996. El ex secretario fue sentenciado en 2005 a seis meses de prisión y a pagar una multa de $3 millones, se declaró culpable tras llegar a un acuerdo de cooperación con la fiscalía federal.
EyBoricua.com se comunicó nuevamente con Justicia con el objetivo de conocer finalmente la determinación, si alguna, que tomó Justicia en relación al incentivo aprobado a Cidre y referido por Aponte Rivera.
El pasado lunes 17 de mayo, un día antes de que Cidre acudiera ante la Comisión de Nombramientos en el Senado, Justicia le envió a este medio un formulario para la solicitud de información pública en custodia de la agencia.
Tras cumplimentar el formulario y enviarlo por internet, Justicia respondió en una comunicación oficial que para el 3 de junio (ayer) debería tener una respuesta a nuestra petición, pero agregó que podría prorrogar la entrega de la información por 10 días laborales, si la agencia considera que necesitara tiempo adicional para responder.
