San Juan, Puerto Rico – En un esfuerzo conjunto que incluye a 10 entidades representativas de diversos sectores, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) ha presentado ante el Tribunal Federal una firme oposición al cuarto Plan de Ajuste propuesto por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esta oposición critica la falta de consideración hacia aspectos cruciales de política pública, el marco legal actual y los verdaderos impactos económicos que el plan tendría sobre Puerto Rico.
Entre las entidades que se han sumado a esta oposición se encuentran el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Espacios Abiertos para Puerto Rico, Inc., la Asociación de Constructores de Puerto Rico, y otras siete organizaciones significativas que abarcan desde el ámbito educativo hasta el comunitario.
Esta es la tercera ocasión en que el ICSE facilita la participación de entidades en el proceso judicial de reestructuración de la deuda de la AEE, a través de mociones de Joinder que permiten expresar sus preocupaciones individuales sin incurrir en costos adicionales.
“Nuestra intención es representar el interés público y fomentar una participación ciudadana amplia en los procesos públicos. El ICSE se posiciona como la voz de todos los consumidores de energía eléctrica en la isla, no solo de grupos de interés específicos”, afirmó la Lcda. Verónica Santiago, gerente del ICSE.
La oposición al Plan de Ajuste señala su deficiencia legal por no considerar la naturaleza del deudor, el marco legal aplicable, y la jurisdicción del Negociado de Energía de Puerto Rico, además de ignorar los impactos económicos significativos en Puerto Rico. Un punto crítico no abordado anteriormente es la falta de análisis sobre los riesgos de implementación del plan, destacando los desafíos de gobernanza y operativos del sector energético.
Desde la perspectiva económica, el ICSE argumenta que el plan no es viable, basándose en proyecciones inexactas de la demanda eléctrica y escenarios poco realistas para Puerto Rico. Advierten que el incremento en el costo de vida y la incapacidad de la AEE para generar ingresos suficientes podría llevar a la entidad a un «espiral de la muerte».
La oposición se apoya en cuatro testimonios periciales presentados por el ICSE en diciembre de 2023, buscando abogar por reformas esenciales que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar socioeconómico de Puerto Rico, enfocándose en la transformación energética dentro de los marcos regulatorios existentes.