San Juan, Puerto Rico (EFE) – Representantes de diversos sectores de la sociedad anunciaron este martes que enviaron una carta abierta a la Junta de Control Fiscal, mostrando su oposición a nuevos aumentos a la luz y reclamaron la reducción del pago a los bonistas contenido en el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).
«Todos los firmantes de esta declaración hemos llegado a la misma conclusión: Puerto Rico no puede costear las tarifas de luz propuestas en el plan actual para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE)», explicó en un comunicado Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.
En este sentido, Blondet hizo hincapié en que «el plan debe retirarse o enmendarse para recortar sustancialmente el pago propuesto a la deuda, el cual es insostenible para el pueblo de Puerto Rico».
«Hace cinco años, la Junta de Supervisión Fiscal propuso como meta alcanzar una tarifa por debajo de 20 centavos por kilovatio-hora en el 2023 para mejorar la débil economía de la isla. Sin embargo, la tarifa promedio en el último año ha sido por encima de 28 centavos, más del doble del promedio en los EE. UU.», denuncio Ramón Barquín, presidente-electo del Centro Unido de Detallistas.
Del mismo modo, Barquín detalló que el plan para reestructurar la deuda de AEE propone imponer tres nuevos cargos en la tarifa por los próximos 35 años o más.
«El plan, según propuesto, empeoraría un servicio y sistema que ya son defectuosos, además de provocar – como ya ha expresado el CUD – el cierre de más de 12.000 pequeñas empresas, despidos, y migración, arriesgando aún más la recuperación económica de la isla», precisó el directivo de Centro Unido de Detallistas.
La declaración fue endosada por una veintena de organizaciones como la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Asociación de Titulares de Condominios, Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Liga de Cooperativas, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social y el Sierra Club de Puerto Rico.
También firman la misiva la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, el Síndicato Puertorriqueño de Trabajadores entre otros, una decena de individuos como los economistas José Caraballo, director de Análisis Financiero, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Tom Sanzillo, y Ramón Cao, economista y testigo en el tribunal federal por parte del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad económica (ICSE).
Los endosos incluyen también representantes del sector religioso como Roberto González, OFM, y el arzobispo de San Juan, Rvda. Hilda E. Robles.
Por su parte, la obispa Lizzette Gabriel insistió que el plan presentado se sitúa en uno de los peores momentos históricos de Puerto Rico.
«En estos momentos el sistema eléctrico no tiene los recursos suficientes para alcanzar estándares básicos de confiabilidad. El plan de pensiones de la AEE, que representa el ingreso mensual de más de 10.000 empleados jubilados y sus familias, se quedará sin fondos en julio», advirtió la religiosa.
«La propia Junta proyecta, en el más reciente plan fiscal, que la economía de Puerto Rico entrará nuevamente en un periodo prolongado de contracción empezando en 2027 o 2028. Imponer un cargo impagable como el propuesto afectaría severamente nuestra economía y conduciría a una futura quiebra del sistema eléctrico», agregó.
Los firmantes de la expresión pública enviada al presidente de la Junta propusieron que cualquier plan futuro para reestructurar la deuda de la AEE debe, como mínimo, priorizar y garantizar los recursos capitales y operacionales para que Puerto Rico logre un sistema eléctrico estable, confiable y resiliente que cumpla con la Ley 17-2019.
Además, reclaman que incluya la transición rápida fuera de los combustibles fósiles y la participación ciudadana en dicha transformación, el uso eficiente de los fondos federales disponibles, y una reducción en el nivel de deuda suficiente para alcanzar tarifas asequibles y competitivas por debajo de 20 centavos por kWh, algo que el Plan Fiscal actual impide.
Del mismo modo, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Manuel Quilichini exhortó a la ciudadanía y comerciantes a expresar a la Jueza Swain cómo estos aumentos los pueden afectar negativamente, radicando objeciones al Plan de Ajuste de la Deuda de AEE en el tribunal federal antes de la fecha límite del próximo lunes 12 de junio.
Por otro lado, Verónica Santiago, gerente de desarrollo institucional del ICSE, recordó que «gracias a esfuerzos multisectoriales como este que vemos hoy, el ICSE y otros aliados derrotaron el primer acuerdo que se propuso para reestructurar la deuda de la AEE en 2015».
«Ese logro nos debe motivar a continuar el crecimiento del apoyo multisectorial para abogar tanto en la corte, como en el gobierno federal y local, a favor del mejor interés público y de un sistema eléctrico verdaderamente sostenible», sentenció Santiago.
