San Juan, 16 de diciembre de 2021 (EFE) – La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) aseguró este miércoles que la orden de la jueza Laura Taylor Swain de modificar el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) no representa un riesgo para la confirmación del proyecto.
Swain, responsable de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, ha pedido cambiar el PAD o demostrar su validez, al señalar que varios aspectos «problemáticos de los materiales del plan propuesto por los deudores» deberán ser revisados y modificados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
«Es imperativo que Puerto Rico culmine el proceso de reestructuración de deuda. Esta orden, en la que se señalan enmiendas que la JSF tiene que implementar en el PAD, no resultan en el rechazo del PAD por parte de la jueza Swain», indicó el director ejecutivo de la AAFAF, Omar Marrero, en un comunicado de prensa.
Según Marrero, la orden afirma la posición de que la AAFAF y el Gobierno de Puerto Rico «forman parte indispensable del proceso del PAD».
El PAD fue firmado por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 26 de octubre tras ser aprobado por ambas cámaras legislativas, pero sufrió algunas enmiendas a su redacción original en los temas más controvertidos.
Por ello, Swain argumenta que la JSF debe presentar evidencia y documentación que sustente que las Leyes 80-2020, 81-2020 y 82-2020 del PAD son inconsistentes con el proyecto.
La 80-2020 crea un programa de retiro incentivado para algunos empleados del Gobierno; la 81-2020 mejora las condiciones de retiro de policías, bomberos y trabajadores de emergencias; y la 82-2020 da ciertas ventajas en la jubilación a los maestros del sistema público.
«Cabe destacar que la JSF solicitó anular estas leyes en el PAD sin encomendarse a los procesos establecidos en la Ley Promesa», afirmó Marrero.
«Esta orden reivindica la posición del Gobierno de Puerto Rico y nos permite seguir luchando para el beneficio de nuestros servidores públicos», añadió.
Marrero se expresó confiado en que la JSF atenderá las modificaciones solicitadas por la jueza Swain y no impedirá la participación del Gobierno de Puerto Rico en la redacción de las enmiendas al PAD.
«Es importante que el PAD se apruebe, pero es menester proteger los derechos y los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico durante este proceso», dijo Marrero.
El PAD propone, entre sus medidas, recortar la deuda pública del Gobierno de más $70 mil millones a $34 mil millones y, según argumentó en su momento el gobernador, es «esencial para terminar con el proceso de quiebra y regresar al progreso».
Sin embargo, sus críticos alegan que la norma da preferencia a los tenedores de bonos de deuda del Estado Libre Asociado y no garantiza el pago de pensiones de empleados públicos ni permite que se destinen suficientes fondos para gastos sociales.
