Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
En un claro desafío a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la gobernadora Wanda Vázquez Garced insistió en que pondrá en vigor dos ventanas de retiro y un mecanismo para favorecer el retiro de maestros.
Estas figuran en tres leyes firmadas por ella en agosto, y que ayer el organismo federal objetó de manera contundente al sostener que para honrar los beneficios de retiro prometidos se deberán reducir salarios y despedir empleados públicos.
En el primero de dos declaraciones en la red social Twitter, Vázquez Garced sostuvo que “debe quedar claro, no aceptaremos el despido de empleados públicos. Se buscarán alternativas que no pongan en riesgo los empleos”.
En el segundo tuit, la gobernadora dejó saber que en los dos meses de vida que le quedan a su gobierno intentará convencer a la JSF sobre la viabilidad de las ventanas de retiro.
«Conocíamos de la información y la misma se da por nuestra postura firme en defensa del retiro para los empleados. Continuaremos el diálogo con la Junta para lograr la justicia que merecen los empleados con derecho al retiro. Ese es nuestro compromiso con el pueblo”.
No obstante, la intención de la Gobernadora de poner en vigor las ventanas de retiro se enfrentan a un panorama económico nada favorable, pues las proyecciones de la JSF sostienen que la economía no crecerá en los próximo cinco años y es a partir del 2032, que se anticipa un desempeño económico más favorable. Ayer, en un comunicado de prensa la JSF estimó que las tres leyes de retiro tendrán un impacto fiscal de $8,300 millones en 30 años.
El comunicado la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que si el gobierno continuará con su intención de poner en vigor las tres leyes de retiro tendrá que recortar gastos, incluidos recortes a los policías, bomberos y otros empleados públicos. “Estas leyes no deben ser implementadas hasta que se demuestre que las reducciones necesarias de personal y salarios serán alcanzadas sin afectar los servicios esenciales”, sostuvo Jaresko en el comunicado de prensa.
Pero también advirtió que los recortes presupuestarios que son necesarios para compensar el costo incremental de los beneficios de retiro que prometen las tres leyes, “podrían perjudicar los servicios esenciales del gobierno, aumentar los costos a largo plazo y arriesgar la habilidad de implementar las reformas críticas ordenadas en los planes fiscales”.
Las leyes aprobadas son la Ley 80, que abre una ventana de retiro para los empleados públicos de la mayoría de las agencias y la ley 81, que abre una ventana de retiro para los policías y otros empleados de las agencias de seguridad del gobierno. Las dos ventanas de retiro garantizan una pensión que oscila entre el 50 % y el 55 % del salario que reciben actualmente los empleados públicos. Además, la mayoría de ellos también recibirían una aportación de $100 para plan médico.
El tercer estatuto, es la Ley 82, que autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros.
Las contundentes expresiones de la JSF emitidas ayer, acontecen a días de la celebración de las elecciones generales, el próximo 3 de noviembre, y cuando el liderato de los tres partidos con representación en la Legislatura, que avalaron los proyectos de retiro que luego firmó la gobernadora, no se han expresado sobre la controversia.
Mientras el liderato político permanece en silencio miles de empleados públicos padecen de una gran incertidumbre porque desconocen si podrán retirarse con una pensión equivalente al 50 % de su salario o si deberán acogerse a la pensión oficial, según lo ordenó la Ley 3 del 2013, que asciende al 38% del salario.
El presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Jaime Morales, sostuvo que el comunicado de la JSF “nos permite conocer la realidad” y agregó que la legislatura engañó a los empleados públicos al aprobar los proyectos del retiro con el aval de la JSF.
“Ahora sabemos la realidad, ese comunicado nos permite conocer la realidad y fue una mala decisión de la legislatura no haber aprovechado la oportunidad de primero presentar a la JSF los proyectos de retiro antes de hacerlos ley. La legislatura lo que hizo fue engañar a muchos servidores públicos que pensaban que al convertir en ley los proyectos de retiro, ya podían retirarse con algo mejor que el 38% del salario que ofrece la Ley 3 del 2013”, dijo Morales.
Ni el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ni el senador Carlos Rodríguez Mateo y la senadora Migdalia Padilla se han expresado sobre las determinación de la JSF. Los tres senadores del Partido Nuevo Progresista propusieron el proyecto 1616 que luego se convirtió en la Ley 80.
El único senador novoprogresista que se ha mantenido una conducta de negación sobre el peso que puede tener la JSF en las decisiones del gobierno es el senador Gregorio Matías, quien figura como autor del Proyecto 1623, que luego se convirtió en la Ley 81.
Matías ha insistido en que las leyes se implementarán a pesar de la oposición de la JSF, que ya logró detener la puesta en vigor de la Ley 29 del 2019, que exima a los alcaldes de pagar determinadas obligaciones y transfería esa obligación al Fondo General.
Morales indicó que le tocará al próximo gobierno buscar las alternativas para garantizar las pensiones que ofrecen las 80 y 81 y advirtió que esas alternativas no pueden representar el despido de empleados públicos.
“La alternativa de despedir empleados públicos nunca nos lo vamos a permitir. ¿Cómo es eso que para arreglar una cosa hay que dañar otra? Eso nunca lo vamos a permitir. Al gobierno le toca la responsabilidad de buscar las alternativas. Ya la JSF se expresó. Ahora tendremos que esperar hasta el próximo cuatrienio y la preocupación es que en los próximos años habrá más gente lista para retirarse”, indicó Morales, en alusión a que el aumento de candidatos al retiro eleva los reclamos económicos en la búsqueda de alternativas para financiar las pensiones prometidas.
