Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (12 de mayo de 2022) – En momentos cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se propone solicitar al Tribunal Federal que invalide la ley 80 o Ley de Retiro Incentivado, el gobierno espera entregar en un mes la información que no ha podido recopilar en dos años de pugna con el organismo federal por la implementación del estatuto, que desde su aprobación en agosto de 2020 presentó graves deficiencias porque no se analizó su impacto fiscal y no se identificó una fuente de ingresos para financiar las pensiones que promete.
Ayer el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que su administración tiene hasta el 12 de junio para lograr un acuerdo con la JSF y garantizar una pensión equivalente al 50% del salario de los empleados públicos, según lo propuso la ley 80.
“El término de tiempo que tenemos para seguir insistiendo ante la Junta que se haga justicia a estos servidores públicos que tienen la esperanza de un retiro digno expira el 12 de junio. No pueden darla por muerta porque ese término de tiempo se estableció en una estipulación ante el tribunal, y nosotros tenemos hasta el 12 de junio para continuar insistiendo, buscando la manera de por lo menos buscarle garantizar un 50% del salario a los servidores públicos que entraron al servicio ya fuera bajo la Ley 1 o la Ley 447”, dijo el gobernador.
El pasado 6 de mayo de 2022, el consejero general de la JSF, Jaime A. El Kouri, envió una carta al director ejecutivo adjunto de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Nelson Pérez Méndez, en la que anuncia la inminente petición al Tribunal Federal.
“Hasta la fecha, el gobierno no ha proporcionado la información y el análisis necesarios para concluir si la Ley 80 realmente podría generar ahorros. En consecuencia, la Junta de Supervisión Fiscal se propone informar al Tribunal de Título III, que han intentado llegar a un acuerdo con el gobierno sin éxito”, sostuvo El Kouri en la carta.
La ley 80 fue invalidada el pasado 28 de diciembre, cuando el Tribunal Federal emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación, en espera de que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo para ofrecer algunos de sus beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.
En un encuentro con la prensa ayer, Pierluisi se mostró indignado con el contenido de la carta, la que catalogó de “insultante”. “Es falso y es insultante, una falta de respeto, que se haya hecho esa aseveración”, dijo Pierluisi en relación con el planteamiento del consejero de la JSF sobre que su administración no ha podido ofrecer la información actuarial y financiera para concluir si la Ley 80 puede generar ahorros.
El gobernador sostuvo que el director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero, ha estado proveyendo a la JSF la información requerida, pero la realidad es que ni Aafaf ni el Sistema de Retiro han podido cumplir a cabalidad las solicitudes de información de la JSF sobre el efecto de la ley 80 en las agencias y en los municipios.
Los incumplimientos figuran detallados en un extenso intercambio epistolar entre la JSF y el gobierno que comenzó semanas después de que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la ley 80, en agosto del 2020.
El más reciente incumplimiento ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando el gobierno presentó una información que la JSF considera que no cumplió con los requisitos establecidos en la orden para intentar llegar a un acuerdo sobre un método para implementar parte de la Ley 80, según indica la carta firmada por El Kouri.
La JSF ha sostenido que la ley 80 representa una obligación multimillonaria a corto y largo plazo, para la cual el gobierno carecería de los fondos debido a que las proyecciones estiman una precaria evolución de la economía local.
No obstante, la JSF ha señalado que el retiro propuesto por la ley 80 estaría disponible para los empleados esenciales y no esenciales, pero las dependencias no podrán reclutar nuevos empleados para llenar las plazas de los empleados esenciales que se jubilen.
También ha requerido que el gobierno ofrezca una detallada descripción de los puestos esenciales a ser eliminados y los ahorros netos proyectados por esa eliminación y una relación del costo incremental del pago mensual a los empleados públicos que se acojan a la jubilación.
El gobierno indicó que tiene la intención de transferir empleados de otras agencias para ocupar los puestos designados como «esenciales», pero no los ha identificado por cada agencia. En respuesta, la JSF ha indicado que los empleados esenciales no pueden ser reemplazados por funcionarios de otras agencias, sino que es necesario traer empleados con el conocimiento y las habilidades que requiere la posición denominada como esencial.
La JSF también ha señalado que al no identificar la identidad de los empleados que serían transferidos y la agencia en la que están empleados actualmente, incluyendo su nivel salarial y los beneficios acumulados “ni el gobierno ni la JSF pueden proyectar de manera confiable los ahorros netos de los puestos eliminados propuestos.”
Originalmente el gobierno había identificado 11,000 empleados en casi 150 agencias y municipios que eligieron participar en el programa de jubilación de la Ley 80. Pero en el análisis del 28 de marzo solo considera aproximadamente 1,100 empleados de 7 agencias.
