San Juan, Puerto Rico (EFE) – La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este lunes que el distribuidor farmacéutico puertorriqueño Droguería Betances fue condenado a pagar $12 millones en relación con un presunto incumplimiento de la obligación de notificar más de 655 pedidos sospechosos de medicamentos y otras violaciones de sustancias controladas.
De acuerdo a las autoridades, Droguería Betances, LLC (Betances), es uno de los mayores distribuidores de productos farmacéuticos de Puerto Rico y además de pagar la cantidad impuesta, deberá introducir importantes mejoras en su programa de cumplimiento.
El decreto de consentimiento resuelve una demanda presentada por Estados Unidos el 3 de noviembre, alegando que desde 2016 hasta al menos junio de 2019, Betances no informó a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de cientos de «pedidos sospechosos» de opioides y otras sustancias controladas distribuidas a sus clientes
Según la denuncia, esto incluía al menos 655 pedidos sospechosos de fentanilo y al menos 113 pedidos sospechosos de oxicodona, ambos productos de uso indebido frecuente que han contribuido a la actual epidemia de abuso de opioides.
Además, la denuncia alegó que desde mayo de 2017 hasta julio de 2018, Betances no realizó los informes requeridos de sus transacciones de distribución a la DEA.
Según el comunicado de la Fiscalía, Betances distribuyó durante ese periodo más de 7.8 millones de dosis y cometió cientos de infracciones en el mantenimiento de registros, como rellenar pedidos de sustancias controladas con formularios de pedido defectuosos y presentar a la DEA información de envío o entrega inexacta.
«Las empresas que distribuyen sustancias controladas a farmacias y otros puntos de venta tienen que ayudar a detener la distribución ilegal de sustancias controladas informando de los pedidos sospechosos a la DEA», dijo en un comunicado el fiscal general adjunto Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia.
De acuerdo con el decreto de consentimiento, el Departamento de Justicia llevó a cabo un análisis de la situación financiera de Betances y determinó que pague $12 millones en cinco años en pagos anuales.
Asimismo, detalló que $10.2 millones corresponden a sanciones civiles y $1.8 millones a decomisos civiles.
El decreto de consentimiento también obliga a Betances a introducir importantes mejoras en su programa de cumplimiento: implantar procedimientos y sistemas mejorados del programa de supervisión de sustancias controladas y detectar e informar de pedidos sospechosos a la DEA.
Además, el distribuidor farmacéutico debe mejorar sus procedimientos y sistemas para llevar a cabo revisiones de diligencia debida de sus clientes.
El decreto de consentimiento exige que Betances presente informes anuales sobre su programa de cumplimiento y sus clientes a la DEA.
Del mismo modo, Betances debe mejorar su sistema de información ARCOS para garantizar una información adecuada y precisa de todas las adquisiciones y distribuciones de sustancias controladas de la Lista II.
«El Departamento continuará trabajando con sus socios en la aplicación de la ley para responsabilizar a aquellos que no cumplan con su obligación de informar. La obligación de informar sobre pedidos sospechosos y otros requisitos de información impuestos a los distribuidores farmacéuticos mayoristas por la Ley de Sustancias Controladas es fundamental para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos de posibles daños», concluyó W. Stephen Muldrow, fiscal federal para Puerto Rico.
