San Juan (EFEUSA) – La legisladora Maricarmen Mas Rodríguez, del gobernarte Partido Nuevo Progresista, anunció hoy que radicó una medida para exigirle a la Cámara de Representantes de Puerto Rico a que evalúe el rol de varias agencias en el procesamiento de casos criminales contra personas de edad avanzada.
Algunas de estas dependencias a las que la legisladora propuso evaluar mediante la Resolución de la Cámara 1387, según explicó en un comunicado de prensa, son el Departamento de Justicia, Familia, así como de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y el Negociado de la Policía.
La legisladora enfatizó que la medida propone verificar qué labor está realizando cada una de dichas agencias, «si cada una está cumpliendo a cabalidad con las responsabilidades, si amerita alguna consolidación de funciones o distribución más equitativa de sus labores y qué cambios son necesarios para que los casos radicados no sean desestimados por simplemente haber faltas de interés».
La medida legislativa también persigue auscultar la posibilidad de reasignar tareas y consolidar servicios para unir esfuerzos que propicien llevar los casos contra los ancianos hasta las últimas consecuencias legales.
«La preocupación por la seguridad de las personas de edad avanzada ha continuado reflejándose a través de los medios noticiosos de Puerto Rico, de la información provista por la comunidad, así como en los proyectos y resoluciones radicados en la Legislatura», dijo la representante por el Distrito #19, el cual comprende los municipios de Mayagüez y San Germán.
«Lo anterior claramente establece que es un tema de alto interés en el Gobierno de Puerto Rico. A base de dicha información y de las estadísticas que constantemente surgen en los medios, es fácil inferir que existen situaciones que deben ser corregidas para poder mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada», añadió.
De acuerdo a Mas Rodríguez, el procesamiento criminal de aquellas personas que cometen cualquier acto de maltrato contra las personas de edad avanzada es un aspecto vital para disuadir futuras infracciones de ley contra este sector, el cual sobrepasa los 800,000 habitantes.
«La información que hemos recibido a través de entrevistas a profesionales y constituyentes es que los procesos de investigación de este tipo de casos, así como el proceso en los tribunales, es uno que se aleja de la rapidez y eficiencia que deberían tener», puntualizó.
