Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (2 de marzo de 2022) – El juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó una demanda presentada por la planta procesadora Indulac en contra dos alzas de tres centavos en el precio de la leche UHT decretados por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), debido a que los aumentos responden a un acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal entre el gobierno local y las plantas procesadoras Suiza Dairy y Tres Monjitas.
Además, el juez Cuevas sostuvo que la desestimación de la demanda también obedece a que el tribunal carece de jurisdicción para dirimir la controversia, porque Indulac radicó su pleito fuera de la fecha reglamentaria y tampoco presentó excusas para justificar su incumplimiento.
La determinación del juez surge de la reanudación de una petición de interdicto contra la ORIL presentada por Indulac en el 2017 y que tenía como objetivo detener un aumento de tres centavos que esa oficina decretó en el precio de la leche UHT. En ese año la ORIL solicitó el traslado del caso al tribunal federal y en el verano pasado el Primer Circuito de Boston devolvió el caso a los tribunales locales.
Luego de la devolución, Indulac impugnó un nuevo aumento de tres centavos en el precio de la leche UHT decretado por la ORIL el 28 de octubre de 2021, el cual se consolidó con la impugnación sobre el alza de tres centavos avalada por la agencia en 2017. Entre ambos aumentos el precio de la leche UHT ascendió de $1.92 por litro a $1.98 por litro.
Para explicar la desestimación el juez planteó que artículo 15 de la Ley 34 de 1957, o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, establece que los procedimientos de revisión judicial de las determinaciones de la ORIL se deben presentar diez días después de notificada la orden.
“En este caso, Indulac presentó su demanda 20 días luego de la notificación de la orden administrativa para establecer el precio de la leche fresca y UHT, la cual se notificó el 28 de octubre de 2021 y 16 días luego de la notificación de la orden administrativa para establecer el precio de la leche fresca y UTH en los municipios de Vieques y Culebra, la cual se notificó el 1 de noviembre de 2021”, indicó el juez en su sentencia.
Agregó que Indulac faltó a su derecho de presentar una justificación por la tardanza, la cual el Tribunal debía considerar y respaldar si los argumentos eran de peso.
“En el presente caso, no se presentó ni se justificó la presentación tardía de la solicitud de revisión. Por tal razón, procede que desestimemos el recurso de revisión incoado por falta de jurisdicción sobre la materia”, dijo el juez.
Alzas responde al acuerdo federal
La ORIL ha sostenido que el alza de tres centavos decretada en 2017 y la emitida el pasado 28 de octubre, pretenden cumplir con el cargo conocido como el “devengado regulatorio”, el cual busca recaudar la compensación económica acordada en 2013 en el Tribunal Federal para las plantas procesadoras.
En la demanda ante el Tribunal Federal, presentada en 2004, estas empresas reclamaron que sufrieron pérdidas multimillonarias por la renuencia de la ORIL a aumentar la porción del precio de la leche que les corresponde. Las empresas sostuvieron que los aumentos eran necesarios para compensar las pérdidas enfrentadas por los altos costos de producción.
Según la ORIL, el “devengado regulatorio” se puso en vigor en el 2008 por disposición del juez federal Daniel Domínguez y no fue impugnado. En el acuerdo del 2013 se dispuso suspender el “devengado regulatorio” y activarlo nuevamente en 2017.
Sobre el rango predominante del acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal entre el gobierno local y las plantas procesadoras, el juez Cuevas indicó que “es claro en cuanto a que el gobierno estatal no puede actuar en contra de una determinación o un “consent decree” emitido por el Tribunal Federal. Esto sería una clara violación a la cláusula de supremacía de los Estados Unidos. Esto aún si se entendiera que la actuación de ORIL violenta una ley local. En casos como este, la agencia está obligada a actuar de esa forma, aunque las órdenes hubiesen sido erróneas. Por lo tanto, entendemos que no se cometieron los errores señalados por Indulac y procede que desestimemos el recurso de revisión”.
Acuerdo no tiene peso mandatorio
Indulac sostuvo que el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las plantas procesadoras en el Tribunal Federal carece del peso mandatorio de una sentencia judicial, por lo que, tras el acuerdo, la ORIL debió ordenar un estudio económico, celebrar vistas públicas, publicar edictos en la prensa y escuchar a las partes afectadas.
Alegadamente, estos requisitos son impostergables al efectuar una revisión del precio de la leche, según lo ordena la Ley 34 y la Ley 38 de 2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno.
“Aunque la Ley 34 es clara en cuanto a los requisitos requeridos por ley para el alza o disminución del precio de la leche, este Tribunal no puede, de manera colateral, obligar al Estado a incumplir con la sentencia por transacción (acuerdo) en la cual se acordó el alza del precio de la leche”, señaló el juez, quien además advirtió que “en tal acuerdo se determinó que, para poder cumplir con lo acordado, es necesario que se haga un alza de precio a la leche”.
Sin resolver reclamo de $2.7 millones
Con la desestimación de este caso no finalizan las controversias en Indulac, pues aún existe un reclamo de parte de Suiza Dairy para que le pague $2.7 millones recaudados por el alza de tres centavos a cada litro de leche UHT que entró en vigor desde 2017.
En una vista celebrada ante el juez Cuevas el pasado año, el licenciado Rafael Escalera, representante legal de Suiza Dairy, sostuvo que esa empresa podría regresar al Tribunal Federal a solicitar que Indulac pague el dinero adeudado.
En esa ocasión Escalera dijo que Indulac no ha querido pagar a Suiza Dairy porque históricamente ha mantenido una rivalidad contra esa planta procesadora. Sostuvo que Indulac ya pagó la parte del alza que le corresponde a la empresa Tres Monjitas, lo que revela claramente en que Indulac ha mantenido una relación de cooperación con esa planta procesadora.
El abogado había sostenido que los aumentos decretados por la ORIL surgen del acuerdo judicial en el Tribunal Federal, los cuales están protegidos por la cláusula de supremacía de la constitución federal que declara que, en caso de un conflicto por disposiciones entre dos entidades gubernamentales, las leyes federales tienen autoridad sobre las leyes estatales.
