Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
El fideicomiso para el retiro de los policías que se nutriría con una parte de los cerca de $140 millones que genería la legalización de más de 25,000 máquinas de entretenimiento para adultos que se aprobó en el 2019, se encuentra en el limbo debido a la irresponsable implementación de la ley por parte del gobierno, denunció el presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Jaime Morales Rodríguez.
Aseguró además que no se ha establecido el reglamento para poner en vigor la Ley 81 de 2019, conocida como de la ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, que ordena legalizar estas máquinas y establecer un mecanismo electrónico para que sean supervisadas por el gobierno para obtener lo recaudos que ordena la ley.
El presidente de COPS dijo que tampoco se ha revelado todo lo relacionado con el fideicomiso, que se debía establecer según lo dispuso la Ley 40 del 2020 o Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía.
El fideicomiso se nutriría con una parte de los recaudos de la máquinas de entretenimiento para adultos, que de manera preliminar se dijo que podrían recaudar entre $80 millones y $140 millones anuales.
“No sabemos qué ha pasado con la ley, no sabemos qué pasó con el reglamento y nada se ha hecho para que esas máquinas estén conectadas con el gobierno y mucho menos se ha hecho para que el fideicomiso comience a recibir los fondos que generen esas máquinas. No sabemos nada sobre si el fideicomiso fue creado o no”.
La Ley 81 del 2019 ordena crear la Comisión de Juegos de Azar, que sería una nueva agencia del gobierno en la que se consolidaría la regulación relacionada con la industria del Deporte Hípico y los juegos de azar que atiende la oficina de juegos de azar de la Compañía de Turismo.
La nueva Comisión también tendría cargo regular las apuestas deportivas por internet, las apuestas de los juegos electrónicos, conocidos como eSports, y los llamados “concursos de fantasia”, que son juegos electrónicos en los que participan dos o más concursantes.
La Comisón también deberá regular las máquinas de juegos de los casinos y las más de 25,000 máquinas de entretenimiento para adultos, que, alegadamente, ofrecen premios en efectivo a los jugadores de forma ilegal. De hecho, el mecanismo electrónico de las máquinas debería estar conectado con la Comisión.
La ley, aprobada en junio del 2019, le concedió 120 días al Departamento de Hacienda para licenciar correctamente las máquinas de entretenimiento que operaban sin licencia.
No obstante, según ha trascendido, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, estuvo en desacuerdo con la redacción del reglamento que se presentó en el 2019, tras lo cual se han atrasado los trabajos para establecer la Comisión.
Morales Rodríguez indicó que la Ley 40 del 2020, que puso en vigor el fideicomiso para la Policía, no garantiza que la totalidad de los dineros se usen para pagar el retiro de los policías, porque dispone que parte de los fondos se utilizarán para pagar licencias por enfermedad, horas extras y liquidaciones al momento del retiro.
“Entonces, qué quedará para el retiro de los policías. Esta ley se debe enmendar porque todo debe ir al retiro, que es lo que realmente le preocupa al policía porque ahora mismo no temenos retiro porque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ya dijo que las ventanas de retiro creadas por las leyes 80 y 81 no tienen los fondos”, indicó el líder policíaco.
Ambas leyes, que prometen entre el 50% y el 55% del salario que los empleados públicos reciben actualmente, fueron firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced antes de las primarias en agosto pasado. La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, ha sostenido que las dos ventanas de retiro que no se podrán implementar porque costarán entre $1,500 millones o $2,000 millones al año y el gobierno no ha identificado la fuente de ingresos para financiar las pensiones.
La Ley 81 surgió del proyecto del Senado 1623, conocido como proyecto para el retiro digno y favorece a policías, bomberos y empleados de emergencias médicas; la segunda es la Ley 80, que surgió del proyecto del Senado 1616, ofrece una ventana del retiro a los empleados públicos de otras agencias del gobierno.
Morales Rodríguez dijo que hasta el día hoy la administración de Vazquez Garced no le ha respondido los reclamos que realizó COPS para que se aclare si las ventanas de retiro se pondrán vigor.
“No sabemos que hará la gobernadora. Después que habló la señora Jaresko la bola están en la cancha de la Fortaleza. Al menos queremos saber si los 943 policías que ya se tienen que retirar y no podrán recibir el seguro social, se tendrán que retirar con el 38% del salario o con el 50% que prometió la Ley 81. No es justo que policías que dieron su vida por este país se tengan que retirar con esa pensión tan baja”, dijo Morales Rodríguez.
Tras las manifestaciones de Jaresko los empleados públicos que deseaban acogerse a las ventas de retiro de las leyes 80 y 81 han enfrentado una gran incertidumbre porque la administración de Vázquez Garced se ha mantenido silencio. En la página de Facebook de los empleados públicos que favorecen las ventanas de retiro se han vertido mensajes que indican que próximamente el gobierno anunciará la apertura formal de las ventanas de retiro.
En comunicaciones escritas Jaresko ha dicho que la JSF está evaluando el efecto de la leyes en las finanzas públicas, según la información provista por el gobierno. También ha advertido que la JSF acudirá al Tribunal Federal a solicitar la derogación de las leyes si el gobierno insiste en ponerlas en vigor antes de que el organismo federal informe el resultado de su evaluación. Incluso, Jaresko ha dicho que la JSF concedió varias prórrogas al gobierno para que entregara la información sobre la fuente de ingresos para financiar las ventanas de retiro.
