Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – El presidente de los dealers de carro Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Chryler, Autocentro Nissan, Autocentro Más y otros negocios en Puerto Rico, Donald Guerrero, seguirá en una cárcel de máxima seguridad en Santo Domingo por el robo de $320 millones en un esquema de lavado de dinero y colaboración con terroristas, entre otras acusaciones en su contra.
Guerrero fue el ministro de Hacienda en la República Dominicana bajo el gobierno de Hipólito Mejía, y enfrenta 18 meses de cárcel preventiva desde abril pasado. Ayer la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional en Santo Domingo, ratificó la prisión preventiva como medida de coerción. La jueza Padilla fijó audiencia para el 11 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
A Guerrero se le imputa ser el cabecilla en un esquema conocido como Caso Calamar, que involucró a otros funcionarios del Gobierno dominicano usando al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto. Los pagos ilegales por las expropiaciones se hacían con dineros públicos del Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, Dirección de Presupuesto y otras instituciones dominicanas. Se prevé que mucho de ese capital vino a parar a Puerto Rico.
Las acusaciones específicas contra Guerrero incluyen asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa, entre otros cargos. Se presume que el dinero que se desfalcó al pueblo dominicano se lavó en el exterior, incluyendo a Puerto Rico.
En Blanco y Negro con Sandra ha venido publicando en exclusivo todo este entramado desde que comenzó hace casi dos años, a pesar de las amenazas de los abogados y familiares de Guerrero y de ejecutivos de Autogermana, quienes han intentado que la prensa independiente no divulgue estas informaciones. Medios corporativos casi no han cubierto el tema por temor a perder auspiciadores.
A principios de abril de 2023, el gobernador Pierluisi anunció que el Gobierno de Puerto Rico ofrecería “total cooperación” a las autoridades dominicanas en este caso. El Gobernador ha estado en dos ocasiones en el vecino país, la primera durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, y durante la Semana Santa. Fuentes de este medio aseguran que las autoridades federales también han estado investigando los negocios de Guerrero.
El ministerio público en la República Dominicana, en voz del fiscal Wilson Camacho, denunció que Guerrero ha realizado lo que calificaron como “maniobras” a través de la contratación de un cabildero para presionar a la justicia dominicana.
Se trata de la controvertible firma de cabilderos DCI Group, de Washington. El DCI Group es la firma que en el 2018 lanzó una negativa campaña contra Puerto Rico en el proceso de la quiebra y uno de sus socios, Justin Peterson, era miembro de la Junta de Supervisión Fiscal.
DCI Group es la empresa que realizó una campaña abierta de descrédito contra el Gobierno de Puerto Rico en el 2018 y que impidió hacer una mejor negociación de la deuda pública. Hicieron campaña de cabildeo en Washington contra el exgobernador Alejandro García Padilla, contra el excomisionado residente y actual gobernador Pedro Pierluisi, y publicaron anuncios insultando a los puertorriqueños en medios como Wall Street Journal, Político y The New York Times.
Guerrero además enfrenta en Puerto Rico un pleito de $21.7 millones por el control del negocio de dealers de carros de lujo, Autogermana. Lo demandó el fundador de ese concesionario, el empresario dominicano Eduardo Pellerano.
En junio pasado, Pellerano radicó en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan un nuevo pleito legal por supuesta corrupción corporativa en Autogermana y pidió al tribunal que nombre a un síndico para que el dealer no sea controlado por Guerrero desde la prisión en Santo Domingo. Además de Autogermana, Guerrero es presidente en Puerto Rico de los concesionarios de autos Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chrysler, Autocentro Más y otras empresas.
Guerrero ha dicho que quien controla el negocio en Puerto Rico ahora son sus subalternas, las ejecutivas Marimer Martínez y Mariel Martínez. Pero Pellerano alega en su demanda que estas ocultan información financiera y usurpan poderes corporativos. Esto viola la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, según se explica en el documento.
A Guerrero y las empresas vinculadas a Autogermana lo representan en Puerto Rico los abogados Guillermo Ramos Luiña, Luis Manuel Rodríguez-López, Harold Vicente y el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton. A Pellerano Nadal lo representa en Puerto Rico, la exfiscal federal María Domínguez, y los abogados Javier Micheo Marcial y Julián Rodríguez Muñoz.
Los abogados de Guerrero han enviado cartas a al menos a tres medios puertorriqueños (incluyendo a En Blanco y Negro con Sandra) amenazando con demandar y exigir que no se cubran las noticias vinculadas a este escandaloso caso de corrupción gubernamental y corporativa.
