Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (23 de marzo de 2022) – La ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), licenciada Dorally Rivera Martínez, quien refirió a la Oficina del Contralor y a la Oficina del Inspector General el escándalo del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), fue despedida de su posición a instancia del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, porque, entre otras razones, no se prestó para avalar acciones que podrían ser ilegales, como permitir que los agricultores que tienen alquiladas fincas agrícolas que pertenecen a la agencia, las pudieran subarrendar para establecer plantas de generación eléctrica con paneles solares.
Actualmente la subcontratación es una actividad prohibida por la ley matriz de la agencia, pero numerosos políticos, desarrolladores y cabilderos, algunos de ellos con fuertes vínculos con la Fortaleza, ejercen presión en la AT para que se permita que determinados agricultores que tienen fincas de la agencia alquiladas, puedan también subarrendar algunos predios para la instalación de paneles solares.
En entrevista exclusiva con EyBoricua.com, Rivera Martínez sostuvo que a pesar de que el subarrendamiento está prohibido, González Beiró respaldó esa alternativa. “Yo impedí muchas cosas. Yo no autoricé nada que estuviera fuera del marco de la ley”, dijo Rivera Martínez, quien es abogada y agrónoma, en referencia a determinadas transacciones que eran promovidas o respaldadas por González Beiró.
“Él pensó (el secretario) que yo era un sello de goma y se dio cuenta de que no”, advirtió Rivera Martínez, quien está convencida de que la poca influencia que el secretario ejerció sobre su gestión tuvo alguna relación con su despido.
Una de estas fincas donde se ubicaría paneles solares a través de un contrato de subarrendamiento, es la finca de más de 100 cuerdas conocida como Jaime Juan, ubicada en barrio Sabana Hoyos de Arecibo. La finca fue alquilada en el 2020 por el empresario Jaime Serrano Cardona, quien reside en la exclusiva urbanización Dorado Beach East, ubicada en el pueblo de Dorado, donde se celebraron actividades de recaudación de fondos para la campaña del Pedro Pierluisi.
Serrano Cardona preside la empresa Rosamar Dairy Inc. que se dedica a sembrar forraje para alimentar ganado. De acuerdo con una fuente, Rivera Martínez se opuso al subarrendamiento de la finca Jaime Juan ante la Junta de Gobierno de la AT, lo cual no fue del agrado de González Beiró.
Secretario denigra, humilla y usa lenguaje soez
La ex directora de la AT reconoció que su relación con el secretario estuvo marcada por las fricciones, debido a la inclinación del secretario a promover acciones que podrían violar la ley matriz de la agencia. Otra razón para la incidencia de fricciones es que González Beiró hace un manejo despótico de la autoridad que le confiere el cargo de secretario. Además, Riveras Martínez dijo que el secretario suele tratar a sus subalternos en el DA de manera denigrante, humillante y con abundante lenguaje soez.
“Yo dejé de ir a su oficina, me dijo malas palabras, ¡a mí y a todo el mundo!”, dijo la exfuncionaria.
Rivera Martínez indicó que el 28 de enero los funcionarios del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la AT, que manejan los fondos del FMM, detectaron un “patrón preocupante” de asignaciones sustanciales de fondos dirigidos hacia unas corporaciones sin fines de lucro por parte de determinados legisladores.
Ese día le comunicó la situación a González Beiró, quien ordenó la paralización los desembolsos a las entidades sin fines de lucro, lo que causó una mayor molestia a los legisladores, hasta el extremo que varios días después, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, exigió a la AT un informe detallado sobre el FMM, que hasta el momento no se ha entregado.
El FMM se nutre del 0.1 % de la parte del IVU que pertenece a los municipios, lo que genera entre $18 y $20 millones anuales. La ley 173 del 2020 enmendó la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas para ordenar que los fondos acumulados en el FMM serían depositados en el PIR de la AT. Ni la ley 173 ni el Código de Rentas Internas establecen controles ni requisitos específicos para el desembolso y el consumo de los fondos públicos.
La ex funcionaria dijo también que le señaló al secretario que no “cuadraban” los informes sobre las asignaciones de los legisladores que ofrecía la oficina de finanzas de la AT.
Patrón preocupante de asignaciones
Tras esa reunión surgió otro desacuerdo entre Rivera Martínez y González Beiró. En esta ocasión fue la determinación tomada el 3 de febrero por Rivera Martínez, de referir “el patrón preocupante de asignaciones” a la Oficina del Inspector General y a la Oficina del Contralor.
El referido fue precipitado, según explicó la ex funcionaria, por dos eventos. En primer lugar, González Beiró exigió que se entregaran todos los expedientes del FMM porque ordenó una auditoría externa de FMM a un bufete de abogados y no a una entidad de auditores con experiencia en fondos públicos.
De hecho, Rivera Martínez indicó que la entrega de los expedientes al bufete de abogados causó un nuevo escollo de diferencias entre ella y el secretario. Sostuvo que de inmediato “levantó bandera” porque la AT estaba perdiendo la custodia de los expedientes y circuló un escrito entre la Junta de Gobierno de la AT y en la Oficina del Contralor, sobre que la AT no podía garantizar la integridad de la información archivada en los expedientes.
“Yo creo que esa fue una de las cosas que le causó sin sabor porque yo estaba cuestionando esto. En una auditoría tú tomas muestras, pero ellos tenían custodia de todos los expedientes”, dijo la ex funcionaria.
Simultáneamente, en esos días a Rivera Martínez se le había diagnosticado cáncer, por lo que comunicó al secretario el estado de su salud. La mujer indicó que, tras regresar de una reunión en la Legislatura, un caucus del Partido Nuevo Progresista, González Beiró la instó a tomar una licencia por enfermedad para que atendiera su condición de salud. Sostuvo que el secretario planificó “limpiar la casa en la AT” mientras la funcionaria tomaba licencia por enfermedad.
El segundo evento ocurrió el 3 de febrero, cuando el analista político de canal 11, Gary Rodríguez, insinuó que Rivera Martínez había cometido actos de corrupción y malos manejos con el FMM.
No era una opción irme
“Cuando escuché a Garry Rodríguez hablar de malos manejos de mi parte, es que yo decido quedarme. Y decido hacer los referidos y mantenerme allí firme al frente de la AT. Se lo dije al secretario, que para mí no era una opción irme. Le dije que él tampoco lo haría. Yo pude haber cometido errores, pero actos de corrupción en la AT nunca”, insistió la ex directora ejecutiva de la AT.
Otro evento administrativo que afloró en esos días es que un agrónomo de la AT denunció ante el secretario que era víctima de un presunto acoso laboral por un funcionario administrativo que era supervisado directamente por Rivera Martínez.
“Y en medio de todo esto yo tenía a un secretario de Agricultura presionándome para que yo me fuera para mi casa porque yo no estaba apta para trabajar porque tenía cáncer. Este último mes para mí ha sido horrible en muchos aspectos”, indicó la ex directora de la AT.
El 14 de febrero González Beiró envió una misiva oficial con el sello de su oficina a Rivera Martínez y tres directivos de la AT, que contenía una amonestación contra estos funcionarios por la presunta inacción ante la queja de acoso laboral, según concluyó una investigación ordenada por el secretario y realizada por la licenciada Bárbara Cruz Muñiz.
En otra misiva enviada el 16 de febrero, Rivera Martínez le indicó a González Beiró que la investigación realizada estaba incompleta porque ella y los otros directivos nunca fueron entrevistados por la licenciada Cruz Muñiz. Además, argumentó que a pesar de que la empleada nunca presentó una querella se siguió el protocolo y el empleado fue aislado para evitar las tensiones. Otro planteamiento es que González Beiró no tenía capacidad jurídica para amonestar a los empleados de la AT, pues su cuerpo rector es la Junta de Gobierno y no el secretario de Agricultura.
Rivera Martínez, que dirigió el Comité de Transición de González Beiró tras su designación, y los tres directivos de la AT fueron removidos de las posiciones de confianza en la AT de manera fulminante el 17 de febrero por la Junta de Gobierno. La determinación implicó que los directivos serían reinstalados en sus puestos de carrera, según lo solicitó González Beiró, que es el presidente del organismo.
No obstante, aunque la decisión fue informada el 17 de febrero, ya había sido tomada el 10 de febrero por la Junta de Gobierno. El organismo solo tardó 20 minutos, según se desprende de la minuta de dicha reunión.
El despido tuvo lugar en momentos cuando las irregularidades en el FMM alcanzaron la luz pública. De hecho, Rivera Martínez dijo desconocer cuál fue la razón que justificó la decisión de la Junta de Gobierno.
No sé por qué me botaron
“En este momento yo no sé por qué me botaron, si por lo del FMM o por el presunto caso de acoso laboral. ¿Cómo esa Junta pudo botar a la directora ejecutiva de la AT en 20 minutos y sin preguntar?, cuestionó.
La mujer sostuvo que tras su salida del cargo de directora ejecutiva de la AT, se ha visto en dificultades para afrontar los gastos médicos de su tratamiento. “Imagínese, yo soy paciente de cáncer, que me quedé sin plan médico con todo esto y él (el secretario) no tuvo compasión”, indicó.
Un aspecto revelador de las irregularidades que han aflorado sobre el FMM, es que los legisladores han utilizado el mecanismo de asignar fondos en cantidades sustanciales a las corporaciones sin fines de lucro para el desarrollo de obras permanentes y la compra de otros bienes, con el objetivo de evitar los procesos de subasta que ordena la ley 73 de 2019, cuyo fin es centralizar la compra de bienes y la contratación de servicios en la Administración de Servicios Generales.
“Ellos (los legisladores) se dieron cuenta que en Servicios Generales se tarda más, porque nosotros también teníamos que presentar unas cotizaciones. Las corporaciones eran un mecanismo más ágil. Y esa es la raíz de todo para el uso de las corporaciones sin fines de lucro. No es otra cosa”, dijo Rivera Martínez.
La sección 4050.09 del Código de Rentas Internas dispone que los fondos del FMM se deben invertir en obras y mejoras permanentes. También indica que el 15% de los recursos se podrá utilizar en servicios directos a la ciudadanía y en los llamados “servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de la vida de los residentes en comunidades desventajadas”.
Es precisamente esa disposición la que ha sido interpretada por los legisladores como un aval para la compra de enseres eléctricos, muebles, puertas y alimentos congelados o preparados, juguetes y muchos otros artículos de uso diario, los cuales son distribuidos por las corporaciones sin fines de lucro, quienes figuran como intermediarios entre los legisladores y la comunidad.
«Quien puso el grito en el cielo, y esto no la ha dicho nadie, fui yo cuando vi la cantidad de asignaciones a las corporaciones sin fines de lucro», dijo la ex funcionaria, quien reconoció que la ley 173 y el Código de Rentas Internas carecen de controles para el desembolso de fondos públicos en el FMM.
Rivera Martínez reconoció que autorizó la contratación de José Huertas Torres, quien estuvo empleado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes durante el pasado cuatrienio. Alegadamente, Huertas Torres participó en la elaboración del Proyecto 2619, que luego se convirtió en la ley 173. Indicó que el ex funcionario cameral fue contratado para que ayudara en los trámites del PIR y con las asignaciones del FMM.
Pero Rivera Martínez dijo desconocer que Huertas Torres también ocupaba un cargo directivo en la corporación sin fines de lucro, Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc, que ha recibido más de $5 millones en asignaciones del FMM, según informó un noticiario del país.
Sostuvo que Huertas Torres no es el único exfuncionario de la pasada Legislatura contratado por la AT y advirtió que todas las contrataciones que ella realizó fueron avaladas por González Beiró. Incluso, explicó que contrató varios abogados para que redactaran el reglamento de la ley 173 y «el secretario los rechazó, por eso no teníamos reglamento».
