Marcos Pérez Ramírez
Especial para EyBoricua
(San Juan, 2 de junio)– La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Vega, advirtió mediante una comunicación escrita enviada a EyBoricua que “habrá consecuencias según los hallazgos que se determinen”, tras anunciar que el departamento “encaminó una investigación amplia sobre unas reclamadas violaciones a las leyes ambientales que protegen la zona marítimo terrestre en el área de Joyuda, en Cabo Rojo”.
La secretaria interina reaccionó hoy a la noticia publicada por EyBoricua durante la mañana en la que reportamos cómo el señor Moisés Sánchez Loperena, expresidente de la Junta de Subastas de Carreteras, instaló una casa rodante y se apropió de más de 30 pies de playa en el kilómetro 13.7, carretera PR-102, en la comunidad de Joyuda, luego que su empresa Blue Bay Village LLC obtuviera un permiso con visos de ilegalidad de concesión para el uso de la zona marítimo terrestre.
“La investigación debe aclarar si, como parece, una estructura rodante de alrededor de 30 pies está ubicada en la ZMT y, además, no permite el acceso público a la playa. Igualmente, se investigará si el DRNA otorgó una concesión a dicha estructura, y bajo qué [sic] condiciones y quiénes intervinieron para otorgarla”, advierte la secretaria interina.
Durante la mañana de hoy, la secretaria interina conversó con el periodista Julio Rivera Saniel, en el programa Pegaos en la Mañana, transmitido por Radio Isla 1320, sobre esta controversia y ya había adelantado “que se trata de una instalación realizada por Moisés Sánchez Loperena, presidente de la Junta de Subastas de Carreteras y que podría ser ilegal”.
Tanto en la entrevista radial como en las declaraciones escritas que acabamos de recibir, la secretaria interina Anaís Vega expresó que “rechazo tajantemente las insinuaciones de que funcionarios de esta agencia no han ejercido sus funciones por presiones externas. Debo reiterar que desde que asumí el cargo de secretaria interina del DRNA, no he recibido presión alguna de nadie, para evitar llevar a cabo mis funciones ministeriales”.
Sus expresiones aluden a que reportamos que había presiones de personas superiores a la secretaria interina que interferían con la labor fiscalizadora de los funcionarios de la agencia, y la suya propia, con relación a este conflicto en torno al predio de playa en Joyuda. Sin embargo, EyBoricua reafirma lo que informaron nuestras fuentes.
Asimismo, el DRNA nos entregó una copia del permiso de concesión para el uso de la zona marítimo terrestre que se le otorgó a la empresa propiedad de Sánchez Loperena, firmado por el exsecretario Licenciado Rafael Machargo el 21 de febrero de 2021.
El punto número 12 de las condiciones establece que “durante la vigencia de esta Concesión no se podrá efectuar modificaciones, ampliaciones, alteraciones o reconstrucciones, que puedan implicar una mayor área de ocupación en los terrenos de dominio público marítimo terrestre, sin que media una autorización previa por escrito del Departamento” (Subrayado del documento original)
Las fotos que publicó EyBoricua evidencian una posible violación al permiso concedido a Blue Bay Village, ya que se construyó una verja de aluminio que aísla a la playa de la carretera PR-120 y el humedal vecino, así como una terraza en madera que termina en el mar.
“La verja de ciclon fence no se puede construir. Tiene que ser una verja de madera por la que puedan discurrir especies por debajo, que migran entre la playa y el humedal que está detrás, como cangrejos, cangrejos hermitaños, aves, etc. Asimismo, están usando más de 29 pies de la zona marítimo terrestre como estipula el permiso, que no permite la construcción de ese deck. Todos los cambios, como la construcción de la verja, el deck, requieren otra autorización. Eso no parece que sucedió aquí. Otro aspecto importante es que tanto la descripción de la empresa, como lo que evidencian las fotos recientes es que no están claros que los usos que se le dan a la concesión estén relacionados al recurso agua y sí a un alquiler vacacional a corto plazo”, advirtió el Arquitecto Pedro Cardona Roig, exvicepresidente de la Junta de Planificación.
El permiso de concesión que obtuvo la empresa de Sánchez Loperena también exige que debía pagar “$907.20 anuales por los derechos aquí concedidos”. Sin embargo, la comunicación escrita oficial del DRNA no explica si se han efectuado estos pagos, como tampoco establece si Blue Bay Village tiene una póliza de responsabilidad pública de $500,000 que “aseguren al Departamento [DRNA] y al gobierno de Puerto Rico contra toda responsabilidad por daños a la propiedad, y por lesiones corporales, incluyendo lesiones corporales o muerte ocasionada de toda actividad del Concesionario en los terrenos objeto de esta concesión”.
Al momento de publicar esta noticia, ni la Autoridad de Carreteras o ni el señor Moisés Sánchez Loperena se habían comunicado con EyBoricua para reaccionar a esta información.
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