Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (24 de Junio de 2022) – Las profundas diferencias que dividen a los integrantes de la industria lechera surgieron ayer en una vista pública en la Cámara de Representantes que quedó marcada por la indiferencia del Departamento de Agricultura y por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), quienes no asistieron al evento a pesar de que se les responsabiliza de incumplir sus responsabilidades legales y por no garantizar un margen adecuado de ganancia a los miembros del sector.
Al inicio de la vista el representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, indicó que temprano en la mañana la Comisión recibió una llamada en que se informó que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, y el administrador de la ORIL, Javier Lugo Rullán, no asistirían.
Rivera Segarra dijo que ya estaba acostumbrado a tales ausencias, en alusión a que el secretario resistió asistir una vista pública sobre seguridad alimentaria y solo asistió luego que se anunciara que la Cámara se proponía acudir al tribunal para exigir su comparecencia. El legislador dijo que estudiará los pasos a seguir para garantizar la futura comparecencia de los funcionarios.
En la vista pública emergió un contradictorio escenario que revela una reducción en el consumo de leche, mientras la ORIL patrocina una producción excesiva que eleva el monto de los excedentes, los cuales son exportados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos, mientras simultáneamente se registra la importación de leche desde los Estados Unidos por una de las plantas procesadoras.
Los graves retos económicos que enfrentan los integrantes de la industria lechera, que amenaza la existencia tanto de vaquerías como de las plantas procesadoras, quedó claramente planteada en una vista pública a la que asistieron pocos legisladores, a pesar de que la industria lechera es uno de los pocos sectores de la economía local en la que la gran mayoría de sus integrantes son empresas netamente puertorriqueñas.
De hecho, los interrogatorios de los pocos legisladores que asistieron a la vista demostraban a simple vista que no entendían la problemática y que sus preguntas fueron preparadas por otras personas.
En el caso de la representante del Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, la situación fue patética, pues solicitó información sobre la plantilla y los salarios de los empleados de la empresa Suiza Dairy, pero no indagó sobre la denuncia realizada por los directivos de la empresa, el gerente general, Egberto Torres Cava, y la licenciada Janice Ramírez, directora legal, sobre que enfrentan pérdidas desde 2013 que continúan operando en el país por el respaldo financiero de su corporación matriz.
Suiza Dairy procesa el 60 % de la producción de leche de los ganaderos del país y apenas varios años atrás invirtió $40 millones en una nueva planta procesadora en Aguadilla.
Incumplimiento de la ORIL
En la vista la licenciada Ramírez sostuvo que el principal escollo que le impide Suiza Dairy enfrentar sus graves retos económicos es el incumplimiento de la ORIL a su propia reglamentación, que exige garantizar un margen adecuado de ganancias a los integrantes de la industria lechera.
En la vista el ganadero Carlos Benítez denunció un patrón de incumplimientos de parte de la ORIL que incluye la toma de decisiones de manera unilateral y en violación a los reglamentos, y la imposición de cambios en la forma de pago sin una evaluación científica, lo que atenta contra la estabilidad financiera del ganadero.
Indicó que el último cambio aconteció varias semanas atrás, cuando la ORIL anunció que se le pagará entre 90 y 92 centavos por cada litro de leche producida, pero Benítez sostuvo que el pago real es de entre 77 y 78 centavos. El cambio también incluyó descartar la cuota de leche como factor para estimar el pago por litro al ganadero, lo que según Benítez y su abogado, el licenciado Homel Mercado Justiniano, ha causado una depreciación de la cuota como instrumento financiero.
El licenciado Mercado Justiniano dijo que por una decisión “improvisada” por parte de la ORIL, la cuota de leche ya no servirá como colateral para los préstamos de los ganaderos y que las instituciones financieras exigirán la inclusión de otras propiedades para garantizar las deudas o aumentarán los intereses de los financiamientos.
Benítez, quien ha dicho públicamente que se propone impugnar en el Tribunal Federal las acciones de la ORIL, dijo que la agencia reguladora persigue a los ganaderos que cuestionan sus decisiones ordenando decomisos de leche injustificados.
Sobre este aspecto, el representante Rivera Segarra dijo que conocía de las decisiones abusivas contra los ganaderos ordenadas por la ORIL. El ganadero exhortó a la Comisión a investigar las acciones de la ORIL y referir al Departamento de Justicia aquellas que resulten claramente ilegales y abusivas.
En la vista también participó a través de videoconferencia el economista José Alameda, quien abogó por equilibrar la producción de leche según el consumo y respaldó apoyar el adiestramiento de los ganaderos para aumentar la eficiencia de las vaquerías, en vez de favorecer el cierre de las ineficientes.
Economista cuestiona tardanza
Alameda cuestionó la tardanza de la ORIL en realizar los estudios económicos para decretar, si es necesario, un alza en el precio de la leche y compensar el aumento en los costos de producción. Indicó que cuando la ORIL toma una determinación ya ha cambiado el escenario económico, lo que convierte esa decisión en inefectiva.
También dijo que el Estudio Exhaustivo que debe realizar cada cuatro años la ORIL, utiliza criterios muy bajos para estimar la ganancia razonable de los ganaderos. El economista, quien fue contratado por un grupo de ganaderos liderado por Benítez, dijo que entre esos criterios figura el índice de precios al consumidor, que el Departamento de Trabajo usa para estimar la inflación y cuya tasa es muy baja. Otro criterio es una tasa de rendimiento sobre activos que fue diseñada para las pequeñas empresas y no para las operaciones agrícolas.
El economista recomendó una tasa de inflación diseñada por la Junta de Planificación y una tasa de rendimiento sobre activos que considere los riesgos que enfrentan las operaciones agrícolas. Alameda respaldó evaluar varios esquemas para el pago al ganadero y seleccionar el mejor, lo que fue aplaudido por los ganaderos presentes en el salón de audiencias.
A la vista compareció Manuel Enrique Arbona, quien preside la Junta de Directores de la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (Coopple), la Junta de Directores de Indulac y es el vicepresidente de la Junta de Directores del Fondo Fomento de la Industria Lechera.
Arbona presentó un panorama diametralmente opuesto al discutido por los deponentes anteriores en el que las acciones de la ORIL no afectan la industria lechera. Indicó que la legislatura debía investigar el acuerdo entre las plantas procesadoras y el gobierno, como parte del caso ventilado en el Tribunal Federal. Solicitó investigar las dificultades que ha enfrentado el Molino de Asociaciones Pecuarias y la operación de la nueva planta de Suiza en Aguadilla. Además, solicitó investigar la venta de préstamos agrícolas por parte del Banco de Desarrollo Económico.
En la vista Arbona respaldó la decisión de la ORIL en el 2020 de destinar la producción de leche de ocho vaquerías a Indulac, lo cual fue impugnado por Suiza Dairy en el Tribunal Apelativo. Recientemente ese tribunal determinó que la decisión de la ORIL es nula porque modificó de manera arbitraria la naturaleza de Indulac como planta de balance y porque no cumplió con su propia reglamentación y con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
Cuestionan falta de transparencia
Benítez planteó que la ORIL no ha sido transparente con la exportación de la leche a la República Dominicana, una operación que realiza la planta Indulac y que ha representado la exportación más de 1 millón de cuatrillos cada 15 días durante los pasados meses. Benítez dijo que el pago al ganadero por esa leche es de 25 centavos por litro, lo cual no alcanza para cubrir el costo de producción por litro, estimado en 70 centavos.
“República Dominicana es la planta de balance de Puerto Rico”, sostuvo Benítez, en alusión a que, alegadamente, Indulac ya no opera como planta balance luego de que fue adquirida por Coopple, en una controvertible transacción el pasado cuatrienio que no fue respaldada por el entonces secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.
En la reglamentación de la ORIL, Indulac figura como una planta de balance cuyo fin es procesar los excedentes de leche y producir subproductos lácteos como queso, mantequilla y mantecado.
La reglamentación de la ORIL también dispone que el único accionista de Indulac es el Fondo de Fomento de la Industria Lechera, una entidad creada por ley y revestida de interés público.
Más adelante en la vista, el presidente ejecutivo de Indulac, Francisco Orama Irizarry, justificó la falta de información sobre las ventas de leche a República Dominicana con el argumento de que Indulac es una empresa privada. Orama también aludió a que “Indulac es una empresa privada” para rechazar que la empresa sea sometida a una auditoría forense, como ha exigido el ex secretario Flores Ortega.
Incluso, Orama dijo que durante la vista pública se comunicó con la empresa dominicana Rica para que se le permitiera divulgar el precio por litro que le cobra Indulac.
A 34 centavos la leche a República Dominicana
El ejecutivo dijo que Indulac vende cada litro de leche cruda a Rica en 34 centavos. Además, antes de enviar la leche a la República Dominicana, la planta Tres Monjitas efectúa un “pre-pasteurizado” que tiene un costo de 7 centavos. Orama dijo que Indulac invierte cerca de 13 centavos por litro en el manejo del producto antes de su exportación y que la empresa pierde 2 centavos por litro.
“Esto es un servicio al ganadero”, sostuvo Orama, en alusión a que la exportación de leche es medida empleada para evitar el decomiso del producto.
El ejecutivo también dijo que a partir del 1 de julio la empresa Rica pagará 40 centavos por cada litro.
Indicó que desde 2018 Indulac ha exportado 14.3 millones de litros anuales a República Dominicana, lo que implica que hasta el 2021 Indulac exportó 57.4 millones de litros. Orama dijo que en esos años la exportación representó $18 millones de ingreso para los ganaderos.
Orama reveló que Indulac también exporta productos lácteos terminados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos. El pasado año esa exportación implicó el uso de 30 millones de cuartillos.
Ninguno de los legisladores realizó preguntas sobre la presunta pérdida de 2 centavos por litro en la exportación de leche cruda a la Rica, que suman $1.1 millón entre 2018 y 2021. Tampoco cuestionaron el esquema de costo revelado por Orama para la leche cruda exportada.
Tampoco se cuestionó porqué el precio por litro que le cobra Indulac a Rica era un asunto tan confidencial que requirió que Orama llamara a la empresa dominicana para que se le permitiera divuglarlo en la vista pública. Por lo general la confidencialidad de los acuerdos entre empresas ocurre en mercados sumamente competidos. La exportación de productos terminados, que implicó el uso de 30 millones de cuartillos el pasado año, tampoco generó interrogantes entre los legisladores.
