San Juan, EFE – Amnistía Internacional (AI) denunció que la Policía de Puerto Rico hizo un «uso excesivo de la fuerza» y que las comunidades de ingresos bajos y racialmente mixtas son las más afectadas «de forma desproporcionada».
En el capítulo sobre Puerto Rico de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización recuerda que la ONG Kilómetro 0 publicó un documento que ponía de relieve la preocupación existente en torno a los homicidios cometidos por la Policía en la isla.
La organización alertó de que «los agentes encargados de hacer cumplir la ley habían matado al menos a 71 personas entre 2014 y 2020, una media de 10 personas al año, y que un número significativo de las víctimas no portaba armas de fuego».
El informe también concluyó que «las personas que vivían en comunidades de ingresos bajos racialmente mixtas tenían el doble de probabilidades de ser asesinadas por la Policía que quienes vivían en comunidades de ingresos bajos y población mayoritariamente blanca».
También ha habido denuncias de uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones, como la que congregó en agosto pasado a centenares de personas para denunciar los cortes de luz en la isla y el aumento de la factura eléctrica.
AI indicó asimismo que en varias ocasiones durante 2022 las autoridades desplegaron un número desproporcionado de agentes policiales en repuesta a las protestas que tuvieron lugar contra los planes de construcción en zonas de importancia ambiental.
En su informe, AI remarcó que la cifra de feminicidios de 2022 fue la más elevada de los cuatro años anteriores.
Según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, se registraron 79 homicidios de mujeres por razón de género, en comparación con los 58 reportados en 2021.
Sobre los derechos sexuales y reproductivos, el documento informó de que en Puerto Rico se permitía el aborto en cualquier etapa del embarazo si lo practicaba personal médico a fin de preservar la vida o la salud de la persona gestante.
Asimismo, el documento lamentó que en mayo pasado la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales de Puerto Rico retiró un proyecto de ley que pretendía establecer una carta de derechos de las personas LGBTI+.
La organización reprochó además que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no realizó avances para llevar ante la justicia a los responsables del asesinato en 2020 de una mujer transgénero llamada Alexa.
