Contratista alega cancelación de contrato por no abandonar el PNP y reclama $1 millón
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
A dos semanas de las elecciones, un contratista del municipio de San Sebastián demandó al alcalde y candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, alegando que le cancelaron un contrato por negarse a abandonar el Partido Nuevo Progresista (PNP).
El contratista, Jesús Mojica Quiñones, representante de la compañía On Line Communications Corporation, obtuvo en 2023 un contrato mediante subasta para remodelar el Museo de Historia de Doña Bisa en San Sebastián.
Mojica Quiñones reclama el pago de más de $1 millón, alegando que fue víctima de discrimen político por parte de Jiménez y del vicealcalde Camilo Ortiz Maldonado, candidato a la alcaldía por Proyecto Dignidad.
Según la demanda, el contratista se negó a abandonar el PNP y unirse a Proyecto Dignidad, lo que provocó una supuesta persecución por parte de Jiménez y Ortiz Maldonado, quienes además se negaron a pagarle por servicios ya prestados.
La demanda alega discrimen político, incumplimiento de contrato y violación de derechos constitucionales, además de otros daños. El documento fue radicado hoy en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan. Jiménez no estuvo disponible para comentar, pues participaba en una entrevista periodística.
“Los demandados trataron de que el Sr. Jesús Mojica Quiñones, presidente de On Line Communications Corp., cambiara su afiliación política del PNP a Proyecto Dignidad. Al negarse, comenzó la persecución política en su contra y en contra de la corporación que representa”, se indica en la demanda.
Al contratista lo representa el abogado y exjuez de Aguadilla, Reinaldo Franqui Carlo.
La demanda también incluye a Daisy Galarza, esposa de Jiménez, y su sociedad de bienes gananciales. Asimismo, se demanda al vicealcalde Ortiz Maldonado, su esposa Damaris Velázquez Cancel, y su sociedad de bienes gananciales. Además, se menciona a Yaiza Arvelo Serrano, consultora en conservación de edificios históricos del Municipio de San Sebastián.
El documento señala que el municipio violó el Código Municipal, la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley 90 de 2020, la Constitución de Puerto Rico y la Ley de Procedimiento Civil. Se solicitan daños compensatorios y se exige que se permita continuar con las obras pactadas en el contrato firmado el 12 de junio de 2023.
“Los demandados, por motivaciones políticas y con pleno conocimiento del daño que causaban, decidieron cancelar una parte del contrato para la restauración del museo. Los demandantes ya habían completado aproximadamente la mitad de esa etapa. Sin embargo, los demandados contrataron de manera ilegal a empleados municipales para continuar la obra, violando el contrato y causando daños irreparables al demandante”, afirma la demanda.
El texto también indica que “en todo momento, los demandados sabían que violaban los derechos del demandante, protegidos por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Según la demanda, Yaiza Arvelo Serrano fue designada para supervisar el proyecto, aunque no posee licencia de arquitecta ni de ingeniera. No obstante, inspeccionaba la obra sin las debidas cualificaciones.
“La persecución política ha llegado al extremo de que el alcalde y el vicealcalde han dado órdenes para que no se pague la suma de $446,586.42, que ya fue facturada, certificada y aprobada por el municipio como trabajo realizado a entera satisfacción. El pago no se ha efectuado debido a la orden del alcalde, motivada por discrimen político”, detalla el documento.
“El comportamiento de los demandados demuestra que actuaron ilegalmente y en violación de los derechos del demandante”, añade el texto.
El contrato con On Line Communications Corp. fue adjudicado el 12 de junio de 2023 mediante la subasta SM22-23-07, para realizar la restauración de ventanas, puertas, pisos y la cúpula del Museo de Historia de Doña Bisa. El costo acordado fue de $795,000.
El contratista asegura que presentó las certificaciones de pago correspondientes, pero el municipio se ha negado a pagar por los trabajos realizados, coincidiendo con su negativa a cambiar de afiliación política del PNP al Proyecto Dignidad.
A pesar de que las inspecciones y aprobaciones ya se llevaron a cabo, los pagos periódicos a On Line Communications Corp. aún no han sido efectuados.