San Juan (EFE) – La Contraloría de Puerto Rico informó este miércoles de que emitió una opinión cualificada, que se presenta cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados, sobre las operaciones fiscales del municipio de Cayey.
De acuerdo al comunicado difundido, al 31 de marzo de 2020, 10 demandas civiles por $9,900,686, presentadas contra el municipio de Cayey, estaban pendiente de resolución en los tribunales.
Además, tres casos sobre asuntos de personal, estaban en la Comisión Apelativa del Servicio Público.
El Informe revela que tras la subasta para la rehabilitación y remodelación de la Plaza de Recreo Ramón Frade en el 2015, el postor más bajo solicitó retirar su oferta y que no se ejecutara la fianza de la licitación.
La Junta de Subastas aceptó retirar la oferta, acción contraria a la reglamentación aplicable, a lo establecido en el aviso de subasta y al criterio del ingeniero asesor de subastas.
Esta situación tuvo el efecto de que la Junta adjudicó el proyecto al segundo postor cuyo costo ascendía a $4,114,000, unos $509,556 más caro que la primera propuesta.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que el municipio pagó $121,400 por trabajos no realizados en la rehabilitación de la Plaza de Recreo.
En el 2016, la Junta de Subastas aprobó una orden de cambio para deducir 16 partidas de la obra, a un costo menor que los precios adjudicados en la subasta.
El municipio aceptó estas deducciones a pesar de que no se había realizado ningún trabajo relacionado con estas partidas.
EL informe afirma que el municipio pagó al contratista $96,797 por instalaciones de losas de pavimento deficientes y uso de materiales de baja calidad en la Plaza de Recreo.
La misma compañía de ingeniería que certificó que estos trabajos se habían realizado de forma satisfactoria en el 2017, indicaron, en otro informe de inspección en el 2018, que la instalación era inaceptable y que los materiales eran de pobre calibración.
De hecho, el personal de Obras Públicas Municipal, quitó las losas de pavimento instaladas por el contratista.
Al respecto, la Oficina del Contralor le recomienda a los presidentes del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y de la Junta Examinadora, que evalúen y tomen las medidas que consideren pertinentes, sobre la situación de la certificación de trabajos que no cumplían con la calidad requerida.
Por otro lado, los auditores de la Contraloría no pudieron verificar si los trabajos que se llevaron a cabo para la construcción del proyecto de la Rotonda, se realizaron de forma correcta.
Además, el ingeniero empleado de la Oficina de Permisos, dejó de preparar los informes mensuales de inspección o minutas desde el 11 de mayo de 2017.
El municipio tampoco tiene la evidencia que demuestre que los trabajos se realizaron de acuerdo con los planos y especificaciones.
En este contexto, del 2017 al 2019, se desembolsaron $3,434,766 por los trabajos realizados.
El Informe comenta que la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, le presentó una querella al alcalde en el 2015, por otorgar un contrato de servicios profesionales a una exempleada del Programa «Head Start», sin obtener la dispensa de Ética Gubernamental, por no haber transcurrido los dos años requeridos por ley.
Tras varios recursos en los tribunales, el alcalde presentó el pagó de una multa de $2,000, y otro pago a nombre del municipio por $19,852.
En este sentido, la auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el municipio de Cayey cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
